Roger González Herrera (*)
En un tema que ha generado polémica, la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey) emitió un comunicado en el que califica de “represión” la acción del gobierno estatal durante la manifestación en Mérida del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer.
La queja es porque frente a un Palacio de Gobierno blindado en determinado momento las autoridades utilizaron gas y agua para repeler a las participantes que estaban junto a la valla colocada en el edificio.
Ya se ha vuelto costumbre que en esa fecha alrededor del mundo y en ciudades específicas se tornen violentas las protestas, sobre todo por grupos anarquistas y radicales que se infiltran.
Las manifestantes buscan, a través de la destrucción de símbolos que ellas consideran que representan la opresión, la injusticia y la violencia, hacer visibles las demandas de las mujeres.
¿Cuál debe ser la respuesta de los gobiernos ante este tipo de manifestaciones que incluso dañan establecimientos privados? ¿Hasta dónde llega el derecho a expresarse de ese modo?
¿Deben los gobiernos ser permisivos y observar impasibles y de brazos cruzados dichas marchas y solo observar cómo violentan la ciudad y dañan lo que encuentran en su paso? ¿Se justifica dicha violencia y destrozos en estos tiempos modernos?
¿Es justo que la sociedad entera pague por la reparación de dichos desastres y desmanes con los impuestos que los ciudadanos cumplidos y obligados aportan para el funcionamiento de los gobiernos?
Recientemente, se registró un hecho violento en Yucatán que conmocionó a todos y que fue el linchamiento en Tekit. Grupos llamados de la sociedad civil exigieron a los gobiernos tomar cartas en el asunto y actuar para evitar que crezca la violencia y que el pueblo se haga justicia por propia mano. Incluso, la misma Codhey se manifestó en ese sentido y pidió una investigación.
En contraste, hoy justifica los actos aparentemente violentos de personas radicales en el marco de la manifestación del Día Internacional de la Mujer y pide garantías al gobierno estatal para ellas y ellos, en una clara muestra de contradicción y doble rasero.
Sin duda, es un tema complicado y sensible, porque, efectivamente debe respetarse el derecho a la libre manifestación, aunque jamás debe justificarse el uso de la violencia.
Ni por parte de los gobiernos, ni de los ciudadanos, nada debe justificar dañar, romper o destruir la ciudad. Debemos avanzar en la tarea de acabar con el salvajismo, tanto en aquella que daña a las mujeres y les restringe sus derechos a una vida plena y feliz, como en la irracionalidad de querer llamar la atención con violencia, la cual solo genera más violencia, así la llamemos iconoclasia.
Dejar hacer, justificar a los y las violentas, nos acerca más al salvajismo que a la civilización.
Así también, los gobiernos y las autoridades judiciales tienen que ponerse las pilas para proteger a las mujeres, crear espacios seguros para todas y castigar a quienes cometan violencia contra ellas.
A la vez, se debe brindar mejores oportunidades de educación, trabajo y equidad salarial para las mujeres.
Pero esta es solo una opinión personal en este caso, la que cuenta es la de usted, estimado lector.
Lo dejo de tarea.— Mérida, Yucatán.
rogergonzalezherrera@yahoo.com.mx
Profesor