La narrativa que durante los últimos sexenios se ha instalado en el imaginario colectivo de creadores y gestores que integran el ecosistema cultural del estado de Yucatán es muy peligrosa. A punta de escasez se nos ha convencido de que los artistas debemos ser empresarios solventes, administrar nuestros propios recursos y no “colgarnos” del gobierno.
Si bien hay verdad en esta idea, el Estado no debería eludir del todo su responsabilidad para con el sector creativo.
Se sabe que, durante el sexenio de Mauricio Vila y lo que va de éste, el presupuesto estatal destinado a la divulgación del arte y a la creación artística, así como a las estrategias y medidas para la preservación del patrimonio, ha sufrido preocupantes recortes.
La consolidación de políticas públicas sin dinero es prácticamente imposible, y las personas que dirigen las instancias que debieran dedicarse a su diseño e impulso se han visto forzadas a encontrar maneras “creativas” (por no decir “escuálidas”) de administrar la escasez.
Dirigir la cultura en nuestro estado es, hoy en día, vivir en la dicotomía: por un lado, recibir la noble encomienda de trabajar por algo bello y valioso; y por otro, tener que inventar discursos sobre sostenibilidad y llenar vacíos con espejitos. Todo con el fin de suplir, en muchas ocasiones y con infortunadas ocurrencias, las acciones que sería más adecuado basar en una planeación con el debido respaldo financiero.
Ni siquiera la necesidad del sector cultural de hacer rentable su propio trabajo es posible sin ayuda del Estado, pues se precisa de su gestión para iniciar el cambio en las reglas del juego.
Convencer a la iniciativa privada de su responsabilidad en el impulso del arte y las manifestaciones culturales implica una gestión gubernamental que integre una visión real de cultura para el desarrollo. Es decir, es tarea del gobierno plantear, junto con las empresas, estrategias de incentivación fiscal y campañas que evidencien los beneficios de trabajar en conjunto por los pueblos y sus habitantes.
También es responsabilidad del Estado capacitar a las y los creadores sobre finanzas y viabilidad de los proyectos. De esto ha habido poco, apenas tímidos y desdibujados esfuerzos que devienen en engorrosos trámites y la mayoría de las veces son complicados, infructuosos y redundan en un desgaste adicional para quienes deberían enfocarse en crear.
Si en algún momento se dieron dos pasos, no es exagerado afirmar que se han retrocedido cinco. A mi parecer, vivimos el momento más crítico en cuanto al desarrollo cultural de Yucatán.
Durante los últimos tres meses y en repetidas ocasiones, he escuchado a amigas y amigos, gestores culturales con interesantes e ingeniosos proyectos, decir “mejor lo hago sola” o “no se les necesita”. Frases como estas son frecuentes ante las ausencias institucionales o el fracaso de sus intentos por querer vincular sus proyectos con el gobierno de una manera sana, colaborativa, coherente con lo que alguna vez se prometió.
El más reciente ejemplo de lo anterior fue la escandalosa ausencia de la Sedeculta en la Filey, la cual dejó en evidencia que, en efecto, escritores, promotores de lectura, editores y libreros locales pueden abrirse paso con base en sus propios esfuerzos o con el apoyo de otras instancias, sin embargo —y es aquí donde radica el peligro— dicha capacidad no exime al Estado de la responsabilidad de otorgar y poner a buen servicio un presupuesto para estas labores. Liberarlos de este compromiso proclamando autosuficiencia me parece un error, una salida fácil y un juego de simulación.
El gobierno está obligado a otorgar al arte y la cultura un presupuesto que debe ser ejercido a través de la secretaría creada para este fin y cuya principal encomienda debiera ser administrarlo juiciosa, transparente y equitativamente: en otras palabras, poner al servicio de todas y todos las herramientas para la creación artística y la preservación de la cultura.
Sin convocatorias que repartan los recursos de una forma justa, talleres formativos y participación de artistas en foros nacionales e internacionales, aunado a las condiciones deplorables de la infraestructura cultural, es difícil imaginar un desarrollo integral de nuestro estado.
En el sexenio pasado, el gobierno federal propinó tremendos descalabros a los fondos culturales, y el estatal navegó con una ruta hacia su concepto de progreso que relegó al arte y la cultura a un papel de accesorio decorativo, en el mejor de los casos.
A casi siete meses de iniciado el nuevo sexenio, hago votos para que el gobierno encabezado por Joaquín Díaz Mena entienda que el presupuesto destinado para la cultura debe estar entre sus prioridades si pretende rescatar algo de lo mucho que se ha perdido.
El acceso universal a la cultura va más allá de conciertos en plazas públicas y requiere acciones profundas. Las buenas intenciones no bastan, y la cultura no puede ser un simple ornamento o un apostolado de esfuerzos aislados.— Mérida Yucatán
erica.millet@gmail.com
Licenciada en periodismo y maestra en relaciones públicas; exfuncionaria del Ayuntamiento de Mérida y del gobierno del estado