En los últimos años ha crecido notablemente el interés académico por estudiar la exclusión social, las desigualdades económicas y la pérdida de cohesión comunitaria.
Como economista, he observado cómo estos temas han pasado de ocupar un lugar marginal a instalarse en el centro del debate público y de las agendas de investigación. ¿Por qué? Porque tras más de cuatro décadas de políticas neoliberales —centradas en la liberalización de los mercados, la desregulación financiera y la reducción del papel del Estado— los resultados son evidentes: un mundo más desigual, más concentrado y menos justo.
Este tipo de políticas parte de la idea de que, si se deja actuar libremente al mercado, los recursos se asignarán de forma eficiente y todos se beneficiarán. Pero en la práctica, los mercados tienden a favorecer a quienes ya poseen capital, propiedades o acceso a redes económicas.
En ausencia de mecanismos de corrección, quienes tienen mayor capacidad de acumular valor tienden a ampliar su ventaja, mientras que quienes carecen de activos o ingresos estables enfrentan mayores barreras para mejorar su situación. Así, las brechas se ensanchan, no necesariamente por fallas individuales, sino por el propio diseño de un sistema que amplifica las diferencias iniciales.
En el contexto del capitalismo neoliberal, el espacio no se desarrolla de forma equilibrada: hay territorios funcionales para el capital y otros que son subordinados o descartables. El capital globaliza, pero solo integra aquellos espacios que le resultan rentables.
Así, los territorios no se valoran por su población, cultura o historia, sino por su capacidad de facilitar la extracción de valor. Esta lógica genera dinámicas de absorción y despojo que reconfiguran el espacio desde los intereses del capital, lo que David Harvey ha descrito como procesos de acumulación por desposesión.
Yucatán ha sido parte de esta lógica. En la década de los noventa, el territorio fue funcional al capital global como plataforma de ensamblaje para la industria de la confección, integrándose a las cadenas productivas de exportación hacia Estados Unidos mediante el régimen de maquila. Se trataba de atraer inversión aprovechando los bajos costos laborales, los incentivos fiscales y una localización periférica favorable.
Sin embargo, con los años, el capital ha reconfigurado sus intereses: hoy ya no llega buscando mano de obra barata, sino tierra. El capital financiero busca ahora extraer valor mediante la revalorización inmobiliaria, no a través de la producción. Basta con apropiarse de suelo, urbanizar, dividir, vender y capitalizar su apreciación para obtener ganancias. La tierra se convierte en un activo especulativo: se le compra no para habitarla, sino para obtener plusvalía.
Este nuevo funcionamiento del capital no genera desarrollo, sino exclusión. Produce un tipo de crecimiento urbano que expulsa, segrega y fragmenta. Sus efectos ya son visibles en Yucatán.
En municipios y comisarías cercanas a Mérida muchas familias que han vivido por generaciones en esos territorios comienzan a sentir que ya no pertenecen. A medida que avanza la mancha urbana y se imponen fraccionamientos cerrados y desarrollos de alto valor, las formas tradicionales de vida rural y comunitaria son desplazadas por un modelo urbano excluyente. La ciudad se expande, pero no necesariamente integra: crece hacia ellos, pero no con ellos.
Uno de los impactos más dolorosos de este modelo es la creciente dificultad de las nuevas generaciones para acceder a una vivienda digna. Para muchos jóvenes, incluso adquirir una casa en Mérida se ha vuelto casi imposible, no por falta de trabajo o esfuerzo, sino porque los precios del suelo y la vivienda responden a una lógica de valorización inmobiliaria, no al derecho al hábitat.
El sueño de independizarse y formar un patrimonio familiar choca con una realidad donde el mercado determina quién puede vivir en la ciudad y quién queda desplazado o condenado al endeudamiento. La vivienda deja de ser un bien social y se transforma en vehículo de acumulación para unos pocos.
Frente a este escenario, es urgente recuperar el sentido social del territorio. Las ciudades no pueden seguir organizándose exclusivamente bajo la lógica de la rentabilidad. Se requieren políticas públicas de inclusión urbana y territorial que reconozcan el derecho a la ciudad, al suelo, a la vivienda y a la permanencia.
Políticas que integren a las comunidades, que respeten sus trayectorias de vida, y que piensen el desarrollo más allá del precio por metro cuadrado. Solo así será posible reconstruir la cohesión social que las dinámicas de apropiación y expulsión han venido deteriorando.
Porque una ciudad que excluye no solo rompe el tejido social: renuncia a sí misma. Una ciudad justa es aquella que no crece contra su gente, sino con ella.— Mérida, Yucatán
*Doctor en Economía y profesor de la Facultad de Economía de la Uady.