México es el país número uno en abuso sexual infantil. Hay una cifra de 10.5 niños abusados cada 5 minutos, señala la Asociación Infancia Libre de Abuso Sexual (ILAS).
Ante este alarmante panorama es necesario que todas las instituciones en favor de las infancias realicen un trabajo frontal para acabar con este flagelo. Desde políticas públicas hasta las reformas legales y penales pertinentes.
La ILAS recalca que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños han sufrido abuso sexual en México; más del 90% de los casos de abuso sexual infantil quedan impunes, y que un 20% son cometidos por figuras paternas. Un 70% de las víctimas padece ansiedad y depresión adulta, y un 15% intenta suicidarse antes de los 18 años.
Empero, esta calamidad no es solamente un problema de México, sino según cifras del Unicef la violencia sexual contra la infancia a escala mundial tiene un rango de 650 millones de personas afectadas, sobre todo en la adolescencia.
Ante este pavoroso panorama, en materia legislativa, se deben actualizar siempre las leyes que persigan y castiguen a quienes abusan de los menores, deben aplicarse penas más severas a quienes cometan delitos contra los niños y adolescentes, más aún cuando se utilice la violencia física y psicológica.
Esta revisión y actualización debe hacerse de manera urgente pues las consecuencias físicas y emocionales de las víctimas, su atención integral y recuperación oportuna, son detonantes para que al ser adultos las víctimas puedan seguir con su vida. Por ello, los cambios a las leyes no pueden esperar.
Lo que más llama la atención es que generalmente estos delitos se llevan al cabo en lugares donde los niños y adolescentes se supone deben tener la garantía de seguridad.
Es un tema muy delicado en el que los padres de familia y los educadores, principalmente, deben estar muy atentos, pues muchos menores no saben cómo hacerlo saber a un adulto.
En ese sentido, el Código Penal de Yucatán tiene que ser actualizado reiteradamente para que quienes investigan y los jueces tengan herramientas suficientes y sólidas para imponer el castigo a los delincuentes; y digo revisión constante pues cada vez los métodos y las conductas cambian con el paso del tiempo, un ejemplo de ello es la nueva modalidad de abuso sexual infantil digital, conocida como “grooming”, donde un adulto se esconde detrás de un perfil de un menor y contacta a un niño a través de una red social o videojuego.
Existen personas que en 14 minutos puede tener la confianza total de un niño para hacer lo que quiera y todo ello de manera digital. Es allí en donde los tutores y los educadores deben tener especial atención pues existe una vulneración a la intimidad sexual de los niños que muchas veces terminan compartiendo imágenes de su cuerpo.
Hay países que avanzan con medidas de protección bien diseñadas como en España, ya que cuentan con un sistema en el que la protección de los menores es una prioridad fundamental que se refleja en un marco legal robusto y en la implementación de medidas específicas destinadas a salvaguardar sus derechos y bienestar.
Estas medidas de protección al menor abarcan desde la prevención de situaciones de riesgo hasta la intervención en casos de abuso o negligencia, garantizando así un entorno seguro y propicio para su desarrollo integral.
Ellos han adoptado diferentes tipos de medidas de protección que pueden ser aplicadas, dependiendo de la gravedad de la situación y las necesidades específicas del menor. Entre ellas se incluyen la asignación de un tutor temporal, la reubicación en un entorno seguro, la supervisión de visitas con el agresor, así como el acceso a servicios de apoyo psicológico y social. Estas acciones son esenciales para mitigar el impacto del trauma en la vida del menor y promover su recuperación.
Que Yucatán sea un Estado en el que los niños y adolescentes sean una prioridad también.— Mérida, Yucatán
Correo: mariomaldonadoes@gmail.com
@mariomaldonadoe
Especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa