Irene tiene 80 años. Camina con paso firme y mirada clara. Su cabello corto es blanco como el algodón, pero su espíritu conserva el fuego de quien aún tiene una misión por cumplir. Cada mañana se levanta temprano y repasa su proyecto con devoción: quiere abrir un centro de cuidados para adultos mayores. No es una ocurrencia súbita ni un capricho nostálgico. Se trata de un proyecto estudiado, con base en décadas de experiencia como geriatra. Irene no solo sabe lo que hace, sino que conoce de cerca las necesidades del envejecimiento. Las ha visto en muchos de sus pacientes, en su entorno, en sí misma. Su propuesta es sensata, factible y profundamente necesaria en un país que envejece aceleradamente.
Tiene el terreno donde quiere construir el centro, así como otras propiedades libres de gravamen que podría utilizar como garantía. Por encima de todo tiene la voluntad, la lucidez y el compromiso de llevarlo al cabo. Lo que no tiene es acceso al crédito. Su edad es la principal razón. Ningún banco le presta. Para el sistema financiero, Irene ya cumplió su ciclo. Ya no es sujeta de crédito. La expectativa de la sociedad para personas de su edad es que debería limitarse a vivir de su pensión. La idea de que pueda emprender, innovar o seguir construyendo para el futuro no tiene cabida en las políticas actuales. Irene ha sido expulsada del mapa del desarrollo productivo simplemente por cumplir años.
El caso de Irene, una mujer inspiradora a quien admiro profundamente, no es aislado. Es una triste realidad que viven muchos adultos mayores a quienes se les trata con respeto en el discurso, pero con exclusión en la práctica. Les damos un asiento preferente en el transporte público, pero les cerramos las puertas del crédito, del emprendimiento, del trabajo y de la realización personal. Les damos un aplauso en los aniversarios familiares, pero no escuchamos sus ideas ni valoramos su experiencia. Los convertimos en receptores pasivos de apoyos, como si su única función fuera recibir en lugar de contribuir.
El sistema financiero está diseñado para los jóvenes. La edad límite para obtener un crédito empresarial suele rondar los 65 o 70 años, cuando mucho. Después de eso, se acabaron las posibilidades. No importa si la persona tiene patrimonio. No importa si su proyecto es viable. No importa si su historia profesional es intachable y si su salud y lucidez son envidiables. La edad se convierte en una condena silenciosa. Y esa exclusión no solo es injusta, es un error estratégico monumental.
Estamos viviendo una transformación demográfica sin precedentes. México está dejando de ser un país joven. Cada año hay más personas mayores de 60 años y menos jóvenes en edad productiva. En unos cuantos años, los adultos mayores serán una proporción aún más significativa de la población. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Esperamos que todos se limiten a vivir del apoyo gubernamental, a jugar dominó en los parques y a ver pasar el tiempo? ¿Vamos a desaprovechar décadas de conocimiento acumulado, redes sociales construidas, inteligencia emocional, habilidades profesionales y sentido del deber? ¿Qué clase de país puede permitirse semejante desperdicio?
Necesitamos una revolución cultural y financiera. Una que entienda que envejecer no es dejar de ser útil, sino transformarse en otro tipo de fuerza. Que valore la sabiduría tanto como la energía. Que apueste por la colaboración intergeneracional y no por el aislamiento por edades. Que vea en las personas mayores no una carga, sino una posibilidad. Y, sobre todo, que cree las condiciones para que quienes, como Irene, aún quieren dar más, puedan hacerlo.
¿Qué significa eso en la práctica? Significa que las instituciones financieras asuman su papel en la construcción de una sociedad verdaderamente incluyente y visionaria, desarrollando productos financieros diseñados específicamente para los adultos mayores. Se requieren créditos con esquemas de garantía flexibles, que consideren su patrimonio, sus redes de apoyo, su historial de cumplimiento y la viabilidad de sus proyectos. Significa capacitaciones y mentorías donde los mayores no solo aprendan, sino también enseñen. También implica integrarlos en las incubadoras de negocios, en los consejos consultivos y en los espacios de decisión. Es fundamental dejar de verlos como simples beneficiarios y comenzar a reconocerlos como socios activos en la construcción del país.
Porque mucho se habla de inclusión financiera, pero casi siempre se limita a abrir cuentas o dar microcréditos a sectores pobres. Pocas veces se habla de incluir a quienes, aunque no son pobres, han sido excluidos por la edad. Adultos mayores con experiencia, con activos, con reputación y con ganas de seguir aportando, pero sin herramientas para hacerlo. Esa es una deuda pendiente. Y es urgente saldarla.
Aclaro que no se trata de forzar a los adultos mayores a seguir produciendo. No se trata de negarles el derecho al descanso. Quien quiera retirarse tiene todo el derecho de hacerlo. Pero quien no quiera, quien todavía tenga un sueño, una idea, un anhelo de servir como Irene, merece algo más que una negativa bancaria y una palmadita condescendiente. Merece un sí. Merece apoyo y respeto real.
Porque hay que recordar que el futuro nos alcanzará a todos. Todos seremos viejos, si tenemos suerte. Y cuando eso ocurra, ¿qué tipo de sociedad queremos encontrar? ¿Una que nos arrincone, o una que nos acoja? ¿Una que nos diga “ya no sirves”, o una que nos pregunte “¿qué más quieres hacer?”?
Si queremos una sociedad verdaderamente inclusiva, tenemos que incluir a quienes tienen más experiencia. Si queremos un sistema financiero justo, tiene que reconocer el valor de quien ha sido productivo toda su vida. Si queremos un país fuerte, necesitamos construir puentes entre generaciones. Esa es la revolución que tenemos pendiente.— Mérida, Yucatán
marisol.cen@kookayfinanzas.com
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Profesora Universitaria y Consultora Financiera