CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA (*)
Se consumó la farsa. A pesar del claro rechazo ciudadano —evidenciado por la apatía y la inconformidad del “pueblo”, reflejadas en la ridícula participación electoral—, el régimen morenista se impone y, de manera ilegítima, toma el control absoluto del Poder Judicial. Con la bandera de la “voluntad popular”, asesta un nuevo golpe al equilibrio de poderes.
Fruto de una reforma y de unos comicios marcados por la opacidad, oscuros acuerdos políticos, mayorías legislativas ficticias y un proceso diseñado para favorecer la elección de jueces afines al régimen, el nuevo Poder Judicial nace carente de verdadera legitimidad democrática. Se abre así la puerta a serios atentados contra el Estado de Derecho.
Con menos del 10% de votos favorables y múltiples irregularidades documentadas, se eligió a una Suprema Corte de Justicia cuyos integrantes coinciden con los nombres que sugerían los “acordeones” que el obradorato distribuyó entre el “pueblo” antes de los comicios. El acarreo y la inducción al voto, especialmente entre adultos mayores, fueron patéticos.
Presidirá la Corte un abogado de raíces indígenas, sin experiencia previa en el Poder Judicial, pero muy cercano a López Obrador, a quien sirvió ciegamente como supervisor de las polémicas consultas “indígenas” del cuestionado e improductivo Tren Maya (bit.ly/3SGUhjC). Se perfila así un sistema judicial contrario a lo que exige el indispensable fortalecimiento institucional.
El rechazo y las críticas al proceso son generalizados. Organismos nacionales e internacionales —como el Episcopado, la Coparmex, la Barra de Abogados, el Observatorio de Laicos, la OEA y numerosos analistas— alertan sobre el “claro mensaje de descontento ciudadano”, llaman a “corregir lo necesario” y advierten sobre la creciente corrupción que se avecina (bit.ly/3HJKRRQ).
Los obispos denuncian que “la confusión y el desaliento marcaron la elección” (bit.ly/4jH2dfw); la Coparmex resalta que los comicios confirman que la reforma no surgió de una verdadera “exigencia social”, y los observadores de la OEA —que avalaron en 2024 el triunfo de Claudia Sheinbaum— concluyen que el resultado compromete la imparcialidad del Poder Judicial (bit.ly/45Jk4z4).
Las elecciones del 1 de junio fueron, como se anticipó, un nítido reflejo, un retrato revelador de la forma en que opera el régimen morenista desde 2018. Amparado en una aparente legalidad, pero despreciando los equilibrios de poder, se invoca la “voluntad popular” con el verdadero propósito de debilitar los contrapesos democráticos y eliminar la crítica.
Bajo el disfraz de una elección “popular”, lo que realmente presenciamos fue una intervención política descarada en el Poder Judicial, con el objetivo claro de someterlo a los intereses del obradorato y perpetuar su poder. El discurso de “que el pueblo elija” no fue más que una coartada para desechar procesos meritocráticos y “legitimar” el control.
Con cinismo, López Obrador y su fiel discípula, Claudia Sheinbaum, convocaron a votar por candidatos que “sean honestos y estén del lado del pueblo” y llamaron a “rescatar” al Poder Judicial, “secuestrado por una élite” que “defendía los intereses de los poderosos, no del pueblo”. Exigían que se cumpliera el “mandato popular” de “transformar” la justicia.
POLARIZACIÓN
Los artífices de la reforma judicial argumentaban que jueces, magistrados y ministros debían ser elegidos por voto popular, pues así —sostenían— “el pueblo” tendría el poder de decidir quién imparte justicia en México. Había que eliminar a esa “élite jurídica corrupta” que tantos obstáculos ponía a la “transformación” y a la soberana “voluntad popular”.
De nuevo, la polarización al servicio de fines inconfesables. El régimen pretendió utilizar al “pueblo” como justificación para someter al Poder Judicial, como antes lo hizo con el Legislativo, los organismos autónomos y otros contrapesos clave. Fue el argumento legitimador de un proyecto de concentración de poder destinado a debilitar la independencia judicial.
Pero la realidad los dejó en evidencia. La raquítica participación electoral constituye una señal contundente de descontento, desconfianza o franca indiferencia. El “pueblo” decidió no participar porque no cree en la legitimidad ni en la transparencia del proceso, que percibe como una farsa inútil para elegir jueces verdaderamente independientes.
Una abrumadora mayoría dio la espalda a las intenciones del obradorato, manifestando con su ausencia un rechazo claro a quienes impulsaron la reforma y a su intento de control político disfrazado de democracia. Un régimen genuinamente democrático —que Morena no representa— tendría que interpretar este fracaso como un llamado a replantear el proceso.
El mensaje fue claro en todo el país, y Yucatán no fue la excepción. El gobernador Huacho Díaz tendría que reflexionar seriamente tras la derrota electoral pese al burdo acarreo y al reparto de “acordeones” guindas, que no bastaron para sostener la farsa, ni siquiera en las comunidades con menor desarrollo, donde su debilidad quedó expuesta (bit.ly/4kCBAKe).
¿TODO PERDIDO?
El régimen se impuso y se apresta a seguir avanzando en la destrucción de los contrapesos. A pesar de las “prácticas fraudulentas realizadas a la luz del día” —como denuncia el Observatorio de Laicos—, la toma de control del Poder Judicial parece no tener freno, incluso ante el fuerte impacto que esto tendrá en la estabilidad económica de México.
¿Todo está perdido, entonces? ¿Nada se puede hacer para frenar el avance antidemocrático? Desde luego que no. No sería la primera vez en la historia reciente que el Ejecutivo controle a sus contrapartes y a otros contrapesos. Estaríamos retrocediendo cuarenta años, a los tiempos de la hegemonía cuasi dictatorial del PRI, y la experiencia puede guiarnos.
Suplir al Poder Judicial como contrapeso no es sencillo, pero no es imposible. Ante el retroceso jurídico en puerta, la sociedad tiene el deber de articular mecanismos de defensa alternativos para contener los abusos y preservar el Estado de Derecho. Fortalecer el periodismo libre, el activismo social y la movilización ciudadana es una tarea imprescindible.
No obstante, esas herramientas democráticas son transitorias. Deben coexistir con una lucha constante por recuperar la autonomía judicial. Permitir que se consolide el retrato revelador del obradorato que nos dejaron las recientes elecciones sería claudicar en nuestras aspiraciones democráticas. Resistir no es opcional. No lo olvidemos.- Mérida, Yucatán
direcciongeneral@grupomegamedia.mx / Apartado especial en el sitio web del Diario: yucatan.com.mx (https://bit.ly/4diiiFP)