Víctor M. Arjona Barbosa (*)
1. Equilibrio de poderes. Como todos sabemos, en un régimen republicano, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial están llamados a cumplir una función importantísima de equilibrio y de sustentabilidad en la vida política. Este sistema trata de evitar la hegemonía de un solo poder, y así, alejarse de todo intento de autoritarismo y tiranía.
El espíritu de la democracia, se refuerza y consolida en la división y equilibrio de poderes. Desde luego depende prioritariamente de la participación ciudadana responsable y suficiente como camino seguro para una convivencia pacífica y una república que busca constantemente el bien común.
2. La llamada reforma judicial. Es ampliamente conocido el movimiento iniciado desde el poder ejecutivo del sexenio pasado, con el objeto de cambiar de manera radical el sistema de impartición de justicia que había existido en el país desde la Constitución de 1824 del México independiente y que está vigente en casi todos los países del mundo.
Básicamente, el cambio intrínseco en la reforma, ocurre cuando en lugar de la carrera judicial que implicaba años de preparación para los aspirantes, capacitación profesional continua, evaluaciones periódicas, selección rigurosa y designación de los mejores por parte de los más calificados o expertos en la materia, se implantó un sistema de tómbolas y elecciones populares, en el que no se exigió como requisito la preparación y la experiencia, sino un perfil mínimo. Un verdadero despropósito.
Asimismo, se llega a esta reforma aniquiladora del equilibrio de poderes, con base en la sobrerrepresentación de representantes en el congreso, lograda con chantajes, compra de voluntades, traiciones y violando el espíritu de la Constitución para lograr la mayoría en las asambleas camarales. Una iniciativa del poder Ejecutivo avalada por un Congreso sometido al primero y todos pertenecientes al partido hegemónico.
Aparte, en las elecciones que no debieron existir, se registraron para ésta, muchos candidatos del partido oficial elegidos por éstos mismos, para los cargos de jueces y magistrados que por encuestas e investigaciones se sabe que muchos no eran recomendables y para los electores no era factible conocer a la gran mayoría o a ninguno de los candidatos.
Se hizo una campaña para inducir el voto y se distribuyeron “acordeones” para influir en el elector por quienes votar y, por si fuera poco, los votos fueron contados por funcionarios del INE en lugar de ciudadanos, entre otras anomalías.
Es un signo de total falta de ética política, o peor, el ufanarse de este proceso destructivo del orden constitucional y presentándolo como un ejemplo a seguir para los demás países.
3. Necesidad de un verdadero poder judicial. La intromisión e injerencia de un poder en otros ponen en riesgo la independencia y autonomía de los demás poderes.
Desde luego que era necesario reformar el poder judicial, no era perfecto, había irregularidades que corregir y esto es lo que precisamente busca una buena reforma, consolidar lo bueno y cambiar lo que no está bien. Sin embargo, lo que se ha hecho es cambiar para empeorar. A pesar de sus fallas el Poder Judicial en México cumplía con su misión y frenó, en el sexenio pasado, los excesos del Poder Ejecutivo haciendo uso de sus facultades y pensando en el bien común nacional.
Esto disgustó indebidamente al presidente y accionó a los integrantes de su partido hegemónico en el Congreso para implementar la mal llamada reforma que hoy se nos ha impuesto, absurdamente, aduciendo progreso siendo retroceso.
¿Con qué lógica se podría argumentar que con el proceso manipulado y con la “votación” del domingo, puede asegurarse una mejor justicia y que, a partir de ahora, brillará la honestidad, la capacidad jurídica y la buena intención de dictar resoluciones sin la contaminación de los intereses individuales, oficiales y partidistas?
Y tal y como lo previeron muchas gentes y los expertos en la materia, esta “reforma” no debió darse. Debe echarse para atrás. Difícil, porque no hay verdadero compromiso de justicia social en el quehacer del partido en el poder, pero no imposible porque México merece una buena administración e impartición de justicia. Esto es un desafío para todo buen ciudadano. Hay que construir, sobre la base de respetar el Estado de derecho y los principios y valores éticos, un verdadero desarrollo político para México.
Dicho lo anterior, recalcamos que la institución que represento, seguirá la ruta de la concienciación, de apoyar y animar acciones de bien común para lograr la democracia participativa que requiere una auténtica república.— Mérida, Yucatán.
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Presidente del Organismo Promotor de Instituciones para la Democracia (PRODEM).