Una vez pasadas las elecciones de los integrantes del Poder Judicial, vale la pena hacer algunas reflexiones sobre todo de los argumentos provenientes de otros institutos, colectivos y sectores de la sociedad que tienen una participación activa en la vida social de nuestro país como la Confederación Patronal de la República Mexicana que dijo que se trató de un proceso opaco, con poca participación y un modelo electoral que no debe repetirse en el Poder Judicial; el voto directo no es una mejor opción opinó prácticamente.
Esta confederación estuvo presente como observadora el día de la jornada y fue testigo de múltiples irregularidades, que la baja asistencia y el desinterés generalizado confirman que esta elección no nació de una exigencia social, sino que provino de una política mal ejecutada con serias repercusiones en nuestras instituciones y que permea en la inversión y confianza que se tiene como país. Que esta elección no representa el camino correcto para lograr la justicia en el país, un sistema que nombra a juzgadores sin transparencia, sin evaluación de capacidades y sin condiciones mínimas de información para la ciudadanía está condenado a la ineficacia y al fracaso, la justicia no puede ser reducida a la popularidad y menos cuando hay una baja participación de los ciudadanos, la verdadera legitimidad se construye con la preparación imparcial y ética y que sin justicia independiente no hay inversiones sostenibles. La justicia debe ser autónoma y confiada.
En ese mismo sentido la Barra Mexicana de Abogados expresó su preocupación por los comicios y señaló que hubo una baja concurrencia ciudadana que genera incertidumbre sobre el respaldo de los juzgadores. Están preocupados por este resultado porque está debilitando mucho a los juzgadores. Lo preocupante es que las personas juzgadoras estén guiadas por principios de autonomía, de honestidad y objetividad, porque realmente la imparcialidad de los juzgadores es lo que la ciudadanía necesita. Señalaron que los niveles de participación refleja una desconexión con el proceso institucional. La población ha demostrado desinterés y falta de confianza, lo que se reflejó en la escasa presencia en las urnas y que esto impacta directamente en la legitimidad de los operadores judiciales.
Por otro lado, la Organización de los Estados Americanos (OEA) recomendó a otros países de la región no replicar la reforma mexicana calificando el proceso como complejo, polarizado y con una preocupante baja participación de la ciudadanía; su representación el día de la jornada detectó la presencia de acordeones con nombres y números de candidatos.
Por último en este tema de ninguna manera puede pasar por alto la carrera judicial. La carrera judicial es esencial para un sistema legal robusto y justo, ya que garantiza la profesionalización, estabilidad y especialización de los jueces, promoviendo la imparcialidad y el acceso a la justicia para todos. Garantizar la profesionalización y especialización es uno de los objetivos de la carrera judicial, ya que establece un sistema de capacitación y evaluación continua que permite a los jueces adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñar sus funciones de forma efectiva y competente.
Ante este panorama es importante promover la independencia y la imparcialidad, y eso es lo que garantiza la carrera judicial, la estabilidad de que los jueces no estén sujetos a presiones políticas o de otros intereses, lo que les permite tomar decisiones imparciales basadas en la ley y los hechos.
Haciendo a un lado todo tipo de interés, y ante esta perspectiva sigue ver la situación con un sentido crítico, de amplio razonamiento, dejando atrás toda fobia y radicalismo. El camino más recomendado para enmendar el estado de las cosas, es nuevamente las reformas legales. La historia se está escribiendo, y quienes hoy tienen esa responsabilidad, deben velar por la legitimidad, por la legalidad y la división irrestricta de poderes. La justicia es de todos y para todos.— Mérida, Yucatán
mariomaldonadoes@gmail.co m
@mariomaldonadoe
Especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa