Como se ha difundido y comentado con amplitud, el pasado 31 de mayo el Diario de Yucatán cumplió cien años de fecunda vida en nuestra gran región peninsular.
Hace poco más de 3 años, con motivo de celebrarse su 97 aniversario, destaqué en este mismo espacio la relevante función que cumple Diario de Yucatán como fuente de consulta obligatoria para la reconstrucción de nuestra memoria colectiva, señalando que gracias a este medio podemos conocer los pormenores de múltiples sucesos históricos a nivel internacional, nacional y regional (Ver: “El Diario como fuente histórica”; DY, 4 de junio de 2022, Secc. Local).
Concluí mi citada colaboración con un sentido deseo: tener vida y salud para el mes de mayo de 2025, a fin de poder sumarme con emoción al jubileo por el centenario que ahora celebra esta Casa Editorial.
Como este deseo me ha sido concedido, celebraré esta grata efeméride recreando dos pasajes de nuestra historia regional ocurridos en la segunda mitad del siglo XX, vinculando su análisis a la actuación congruente e inclaudicable del antiguo Partido Comunista Mexicano (PCM) del que fui militante durante varios años y dando voz a otros destacados actores de la época.
Un crimen colectivo: los reos de la Penitenciaría Juárez.
Estos hechos ocurrieron durante el gobierno estatal que encabezó el Dr. Francisco Luna Kan. En las ediciones del 7, 8 y 9 de septiembre de 1979, Diario de Yucatán dio a conocer los pormenores de un acontecimiento trágico: el amotinamiento de 3 asaltabancos en la antigua Penitenciaría Juárez ubicada en el Parque de la Paz, quienes secuestraron a dos jueces de defensa social y a varios empleados judiciales, litigantes y particulares que se encontraban en el lugar. Sus nombres son: Francisco López Durán, Jaime Pérez Cortés y Jesús Jiménez Custodio.
Gracias a las arriesgadas y acuciosas averiguaciones de los reporteros de Diario de Yucatán y a la tenaz labor de su legendario fotógrafo don Isidro Ávila Villacís, se abrió paso una terrible verdad histórica: los presos fueron capturados sanos, salieron de la Penitenciaría por sus propios pies, sin heridas, y no murieron durante la refriega con las fuerzas del orden —como se aseguró en la burda versión oficial— sino que fueron vilmente asesinados por elementos policiacos coordinados por la Dirección Federal de Seguridad, a cargo del tenebroso y sanguinario Miguel Nazar Haro.
Varias voces condenaron tan execrable crimen de Estado. En su libro Miscelánea de abogados, nuestro estimado amigo el escritor y jurisconsulto Felipe Escalante Ceballos narra con detalle las denuncias por homicidio presentadas por la Barra de Abogados y el Colegio de Abogados, así como el hostigamiento policiaco de que fueron víctimas los promoventes y el triunfo final de la impunidad oficial.
Una condena enérgica provino del PCM. Diario de Yucatán publicó íntegro el comunicado firmado por el suscrito, quien fungía como Comisionado de Prensa y Propaganda de este organismo político.
En su contenido medular, dicho pronunciamiento expresaba que “el Partido Comunista Mexicano rechaza absolutamente la versión oficial, pues los hechos demuestran que los asaltabancos fueron asesinados… con alevosía y ventaja, en vez de ser puestos a disposición de los jueces para ser juzgados y condenados de acuerdo a las leyes en vigor. Asimismo, los hechos constituyen una prueba más de la impunidad y la prepotencia con que actúan los cuerpos policiacos en el Estado”. Y concluía así: “El Partido Comunista Mexicano demanda públicamente a Ud. C. Gobernador Constitucional del Estado ordene de inmediato una investigación completa sobre los acontecimientos, pues no es posible que la ciudadanía continúe estando bajo el constante peligro de tales, increíbles abusos de autoridad que ahora condujeron al crimen colectivo. Deben ser juzgados y condenados quienes resulten ser responsables de tales hechos delictuosos que ha repudiado la opinión pública, y que bajo ninguna circunstancia deben quedar en la impunidad, con grave, peligrosa violación a las leyes y derechos consagrados en la Constitución General de la República” (DY., 10 de septiembre de 1979, 2ª. Secc., p. 2B).
También es justo sacar del olvido la voz estremecida por la indignación del fallecido y respetado periodista Martiniano Alcocer Álvarez, quien ante los terribles sucesos hizo estas preguntas estrujantes: “¿Cómo es posible —me preguntaba hasta ayer y pregunto hoy— que en un lugar civilizado pueda suceder un crimen tan horrendo y repugnante? Cómo es posible —bullía en mis adentros y me quemaba las entrañas esta cruel interrogante— que, consumado ya el crimen, con un descaro, un cinismo y una desvergüenza inauditos, con apoyo en contradictorios y endebles argumentos, se dé una fútil versión oficial —negada por las evidencias de acusadoras gráficas— y se sostenga contra viento y marea?” Y advertía sobre esta terrible amenaza: “También la muerte extiende el negro abanico de su manto sobre todos y cada uno de nosotros, los que escribimos cosas que no le agradan a las autoridades, los que preguntamos más de la cuenta, los que no nos conformamos con deglutir la “verdad” oficial, y también sobre cualquier otro ciudadano, pues nadie está exento de caer en las garras de esa “injusticia” cuyo veredicto rápido y contundente sale de la oscura boca de un arma de fuego” (Ver: “El caso está cerrado”; DY, 10 de septiembre de 1979, 2ª. Secc., p. 2B).
Como todo mundo sabe, en el viejo régimen priista de entonces se impuso la más desvergonzada impunidad ante este crimen colectivo, el cual constituye y constituirá siempre una mancha atroz e imborrable para el gobierno de Francisco Luna Kan. (Continuará).— Mérida, Yucatán
Doctor en Educación. Exdirector de la UPN en el Estado; Director de la Escuela Normal Superior de Yucatán