Mario Maldonado Espinosa (*)
Existe una delgada línea entre el ejercicio público y el escrutinio ciudadano que siempre está al pendiente de los actos y omisiones de las personas que tienen algún cargo público. De hecho, en la actualidad las redes sociales se han vuelto el medio más usado por los ciudadanos para realizar demandas y señalamientos hacia ellas. Sin embargo, no todos los servidores públicos toleran que se les cuestione o se hagan comentario que se refieran a ellos y recurren a mecanismos en contra del ciudadano para que este se retracte y en consecuencia deje de hacer comentarios, vulnerando algunas veces la libertad de expresión de las personas que es salvaguardada en todo el mundo.
Hace un mes una ciudadana fue condenada por un tribunal por determinados señalamientos que hizo en las redes sociales en los que se refería a una diputada, ante esos hechos la diputada presentó un recurso legal y el tribunal condenó y ordenó a la ciudadana publicar también en sus redes sociales diariamente y durante un mes, un texto en el que la ciudadana debía reconocer que había incurrido en violencia simbólica, psicológica y mediática en contra de la diputada.
Esta acción desató más la molestia en contra de la diputada y del tribunal a quienes acusaban de censura y abuso de poder, pues según las instancias legales esta sentencia afectaba los derechos políticos electorales, las “capacidades” y trayectoria política de la mentada diputada.
Para nadie es un secreto cómo se desempeñan los políticos y en especial los diputados. Muchos de ellos están y llegan a los cargos no precisamente por sus capacidades o porque realmente hagan mucho y sean productivos, sino porque le deben el favor a quienes toman decisiones en los partidos; salvo muy honrosas excepciones, luego entonces, recurrir a los medios legales para obligar a los ciudadano a realizar disculpas públicas durante muchos días, no solamente parece contradictorio, sino excesivo en contra de cualquier ciudadano que hace uso de su derecho a expresarse y opinar sobre lo que hacen o dejan de hacer sus representantes.
En un país de libertades, los ciudadanos pueden y deben expresarse libremente de cómo se desempeñan los representantes públicos, pues sus cargos son públicos y sus acciones por ende deben ser también públicas, siempre debe prevalecer el respeto a la dignidad de las personas, pero nunca debe utilizarse los medios legales para pretender acallar las voces ciudadanas, ni mucho menos deben excederse en las sanciones correspondientes. En el caso particular, la ciudadana cuestionaba la llegada en el puesto de esta diputada conocida como “Dato Protegido” que llegó al cargo gracias a su esposo. ¿Pero dónde no hemos visto que los esposos, los parientes, que los “amigos”, allegados y los incondicionales no lleguen a ocupar esos cargos? No es ningún secreto.
La Corte Interamericana reconoce la disculpa pública como un acto público de reconocimiento de responsabilidad como medida de satisfacción y está orientado al reconocimiento público de responsabilidad de quien cometió contravenciones y por haberlas ocasionado directamente, ese reconocimiento debe de incluir una petición de disculpa a las víctimas o solicitud de perdón por los daños causado. Pero creo que los servidores públicos deben valorar muy bien cuando recurran a los tribunales en contra de un ciudadano.
Ante ello es necesario ponderar varios elementos como la libertad de expresión de los ciudadanos, la dignidad de las personas, la labor pública de las autoridades y las sanciones. No puede ni debe haber excesos, ni abuso de poder. Los cargos públicos siempre serán cuestionados, el respeto y el buen trabajo serán siempre los parámetros para que nadie sea afectado al emitir un juicio, crítica o comentario que se hace.
No es bueno, ni saludable, tener la piel sensible cuando se ocupa un cargo público, creo que la mejor manera de demostrar que se hacen las cosas bien es ejercer con dignidad y decoro determinado cargo público y dejar que los ciudadanos puedan finalmente calificar su trabajo.— Mérida, Yucatán
mariomaldonadoes@gmail.com
@mariomaldonadoe
Especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa