De entrada, quiero advertir que no me voy a referir a los discursos de derecha y de izquierda que ciertamente merecen un análisis aparte. Hay en la actualidad dos maneras profundamente diferentes de hablar de la sociedad mexicana: por un lado, se celebra la buena salud relativa de nuestra economía y, por el otro, se deplora el ensanchamiento de la brecha de la desigualdad social.
Desde la perspectiva del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se suele destacar que la economía mexicana ha mostrado signos de estabilidad y crecimiento en los últimos años. El gobierno resalta la reducción de la pobreza de casi 14 millones de mexicanos, el control de la inflación, el aumento en la inversión extranjera y la generación de empleos formales como muestras de una evolución positiva.
Además, se subraya la solidez de las finanzas públicas, el fortalecimiento del peso frente a otras monedas y la resiliencia ante factores externos como los aranceles de Trump y las fluctuaciones en los mercados internacionales. De acuerdo con los comunicados gubernamentales, estos resultados reflejan políticas económicas responsables y una conducción fiscal prudente, orientadas a preservar la confianza de inversionistas y consumidores, y a sentar bases firmes para el desarrollo futuro del país. En su primer informe de gobierno la presidenta Sheinbaum dijo que México vive “un momento (histórico) estelar”.
No obstante, paralelamente a las cifras oficiales y los indicadores macroeconómicos, persiste y se incrementa la preocupación por la desigualdad que atraviesa la sociedad mexicana. Diversos sectores sociales y académicos han señalado que, a pesar del crecimiento económico, la riqueza generada no se distribuye de manera equitativa. El acceso desigual a la educación, la salud, la vivienda y la seguridad continúa y se traduce en oportunidades marcadamente distintas para personas de diferentes regiones y estratos.
La brecha se hace más evidente en zonas rurales marginadas donde el desarrollo apenas roza la superficie, y en conglomerados urbanos donde la pobreza convive con la opulencia. El salario mínimo y la informalidad laboral siguen siendo barreras que limitan la movilidad social, mientras que la concentración de la riqueza en un pequeño grupo acentúa la sensación de exclusión en amplios sectores de la población.
Los expertos argumentan que la estabilidad macroeconómica, aunque necesaria, no basta para garantizar el bienestar social si no va acompañada de mecanismos efectivos de redistribución y protección social.
La diferencia entre el análisis de los gobernantes y los expertos siempre ha existido y seguirá existiendo porque los primeros solo manejan cifras alegres —soslayan los contrastes y sesgos estadísticos—, mientras que los expertos se atienen al manejo riguroso de los datos macroeconómicos y estudios científicos a profundidad.
Puede decirse que la diferencia entre las dos lecturas de la sociedad mexicana habla de una sociedad de contrastes. Esta coexistencia de dos discursos contradictorios, pero igualmente ciertos, es en sí misma el síntoma de una profundización de las desigualdades.
El trasfondo de ambas posturas es epistemológico lo cual significa que el enfoque del gobierno no es una mera forma, sino una forma de construir el conocimiento para ejercer y perpetrar su poder.
El capitalismo mexicano se distingue por una serie de rasgos que modelan de manera particular la estructura social y económica del país. Por una marcada concentración de la riqueza y del poder económico en manos de unos cuantos conglomerados empresariales, lo que implica que los beneficios del crecimiento tienden a distribuirse de manera desigual. Las grandes empresas y grupos financieros dominan sectores estratégicos, mientras que pequeñas y medianas empresas enfrentan obstáculos significativos para su desarrollo y supervivencia.
Las políticas de apertura comercial han impulsado la integración de México en la economía global, pero también han acentuado las disparidades entre regiones, industrias y grupos sociales. El resultado es un sistema que combina modernización y exclusión, eficiencia y desigualdad, apertura y vulnerabilidad.
Frente a este panorama, organizaciones civiles y voces críticas han exigido políticas públicas más incluyentes, que atiendan las raíces estructurales de la desigualdad. No basta, no vamos hacia ningún lado, a largo plazo para atrás, con políticas asistencialistas.— Mérida, Yucatán
Correo: bramirez@correo.uady.mx
*Doctor en Sociología, investigador de la Uady