Rodrigo Llanes Salazar (*)
El pasado 3 de diciembre, la Cámara de Diputados (con 324 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones) y el Senado (85 votos a favor, 36 en contra) aprobaron el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
Siendo el agua un tema vital, la legislación sobre esta materia ha sido objeto de gran interés ciudadano. El mejor ejemplo de ello es la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, respaldada por alrededor de 200 mil firmas ciudadanas. Asimismo, en torno a este tema se realizaron en este año foros de consulta, así como audiencias convocadas por la Cámara de Diputados y foros de parlamento abierto organizados por la ciudadanía, de donde surgieron cerca de 500 propuestas para la ley.
No se incorporó la participación ciudadana
Sin embargo, las propuestas que surgieron de la participación ciudadana no quedaron en el Dictamen aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado. La iniciativa de Conagua y del gobierno federal fue la que imperó. El mandato de la Constitución, nuestra máxima norma a nivel nacional, que dicta que “el Estado garantizará este derecho (al agua) y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”, quedó en letra muerta. La ciudadanía participó, pero su participación no fue escuchada.
Por citar solo un ejemplo, en la audiencia de la región sur convocada por la Cámara de Diputados —en la que participó quien esto escribe—, una de las propuestas más reiteradas por las y los participantes fue el reconocimiento de la vulnerabilidad de los acuíferos kársticos a la sobreextracción y contaminación en la ley de aguas. Esta propuesta, incluida en la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas y que también fue entregada a diputados federales representantes de Yucatán —quienes firmaron su compromiso a incorporar esta propuesta en la ley—, no solo no quedó en el Dictamen aprobado, sino que ni siquiera figura en el resumen de la audiencia.
Se ignora a los pueblos indígenas
Asimismo, como ha escrito el abogado Francisco López Bárcenas, especialista en derechos de los pueblos indígenas y el derecho humano al agua, las reformas a la Ley de Aguas Nacionales ignoran los derechos de los pueblos indígenas y quienes “realmente ganan son los empresarios, pues el modelo para la obtención de las concesiones y el manejo sigue siendo el mismo, ya que las transformaciones que en la ley se introdujeron no lo modifican sustancialmente. El derecho humano al agua, que debería ser el eje de la reforma, se ejercerá sobre el recurso hídrico que quede después de satisfacer las necesidades del mercado” (“La Jornada”, 7-12-25).
De igual modo, la iniciativa de Decreto debió de haber sido consultada de manera previa, libre e informada con pueblos indígenas y afromexicanos, y el Estado incumplió con esta obligación derivada de la Constitución y de los tratados internacionales de los que forma parte. Esta omisión ha sido tan notable que incluso legisladores del PRI han reprochado esta falta a las y los legisladores de Morena (aunque los gobiernos del PRI tampoco se hayan caracterizado por cumplir con la obligación de la consulta a pueblos indígenas).
Persiste la ley neoliberal
A pesar de que el gobierno de la 4T se anuncia a sí mismo como uno que ha dejado atrás el neoliberalismo, el Dictamen aprobado mantiene en esencia la Ley de Aguas Nacionales promulgada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Recordemos que esta ley, junto a otras como la agraria, la minera y el TLC, ofrecieron las tierras, aguas y fuerza de trabajo mexicana a grandes industrias (nacionales y extranjeras) con una débil regulación laboral y ambiental, incrementando la desigualdad, la extracción de bienes y la contaminación de aguas, suelos y aire del país. El gobierno federal anuncia que, con las nuevas leyes de aguas, pone fin a todo esto, pero, en realidad, mantiene la esencia de la ley salinista.
Así, la Coordinadora Nacional Agua para Todos y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua han denunciado que las leyes aprobadas no cumplen con el objetivo de “desmontar el acaparamiento y la sobreexplotación”, ya que “el Fondo de Reservas del Agua (propuesto en la nueva ley) permite la ‘reasignación’ de volúmenes sin tener que reducir el sobreconcesionamiento”. De esta forma, las nuevas leyes no impiden que grandes industrias acaparen millones de litros de agua mientras que comunidades y barrios se quedan sin agua para sus necesidades básicas.
De igual modo —señalan Agua para Todos y la Contraloría—, aunque el gobierno federal anuncia que pone fin a la corrupción, “no se logró ninguna reforma que pudiera cerrar la puerta a las prácticas de corrupción de la Conagua en el manejo de concesiones”. Aunque se contemplan sanciones para funcionarios que reciban dádivas a cambio de otorgas concesiones, no se transparentan las listas de solicitudes por cuenca y acuífero, las solicitudes aprobadas ni los pagos de derechos.
Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa de Decreto a inicios del pasado mes de octubre, uno de los temas que más se celebró fue el aumento de sanciones a quienes cometieran una serie de “delitos hídricos”. Así, por ejemplo, la iniciativa de Decreto imponía una multa de 7 mil a 15 mil Unidades de Medida y Actualización (Umas) a quienes descargaran en forma permanente, intermitente o fortuita aguas residuales en cuerpos receptores de agua y otros delitos.
Sin embargo, mientras que la Conagua, la Cámara de Diputados y el Senado ignoraron las propuestas ciudadanas, sí atendieron en cambio la demanda de la industria de reducir las sanciones para quienes cometan delitos hídricos. Así, el monto de las multas señaladas disminuyó de un rango de 7 mil a 15 mil Umas a uno de 1,750 a 7,200 Umas.
Lamentablemente, así como el anterior, en el Decreto aprobado encontramos numerosas continuidades con la Ley de Aguas Nacionales salinista que ha generado las condiciones para la crisis hídrica que hoy atraviesa México.
En síntesis, hoy tenemos una ley que decidió ignorar la activa participación ciudadana, a los pueblos indígenas y sus derechos, y que mantiene el espíritu neoliberal de la Ley de Aguas Nacionales que el propio gobierno ha declarado superar. En cambio, ha escuchado los intereses de las grandes industrias, manteniendo un régimen de concesiones y de sanciones a su conveniencia.— Mérida, Yucatán
rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM