Hay ideas que no importan tanto por si se aprueban o no, sino por la pregunta moral que dejan flotando en el aire. La propuesta de Donald Trump de poner un tope del 10 % a las tasas de interés de las tarjetas de crédito en Estados Unidos pertenece a esa categoría. No es solo una iniciativa económica; es un cuestionamiento directo a una normalidad que durante décadas se dio por sentada: que el dinero puede volverse extraordinariamente caro cuando se presta a quienes menos tienen.
En Estados Unidos, las tasas de interés de las tarjetas de crédito se han convertido en una carga creciente para millones de familias. Tasas de 20, 25 o incluso 30 % anual no son una excepción, sino algo cada vez más común. Para un país acostumbrado a financiar su consumo con crédito, esto significa que una parte importante del ingreso futuro de los hogares ya está comprometida antes incluso de ganarse. Trump plantea que ese costo es excesivo, que raya en lo injusto, y que el Estado debe intervenir para poner un límite. Plantea un 10 % como un freno temporal y un gesto de alivio.
La reacción ha sido inmediata y polarizada. Para algunos, se trata de una propuesta populista que ignora la lógica del riesgo y amenaza con restringir el acceso al crédito. Para otros, es un acto tardío de justicia económica frente a un sistema financiero que ha aprendido a extraer rentas sin asumir consecuencias sociales. Ambas posturas tienen algo de razón, y precisamente ahí radica la complejidad del debate.
El crédito no es neutral, nunca lo ha sido. Es una relación de poder entre quien tiene dinero y quien lo necesita. Las tasas de interés son la expresión matemática de esa relación. Cuando son razonables, permiten invertir, consumir, crecer y enfrentar emergencias. Cuando son excesivas, se convierten en un mecanismo de transferencia constante de riqueza desde los deudores hacia los acreedores. No de una sola vez, sino lentamente, mes a mes, estado de cuenta tras estado de cuenta.
Limitar las tasas al 10 % tendría efectos positivos evidentes. Reduciría el peso financiero sobre millones de familias, disminuiría el pago de intereses y permitiría que una mayor parte del ingreso se destine al consumo o al ahorro. También enviaría un mensaje potente: el sistema financiero existe para servir a la economía real, no al revés. Pero sería ingenuo ignorar los efectos secundarios. Con tasas más bajas, muchos bancos optarían por reducir líneas de crédito, endurecer requisitos o excluir a clientes considerados riesgosos. El crédito barato no siempre es crédito accesible.
Ese es el dilema de fondo: ¿qué es preferible, crédito caro para muchos o crédito barato para pocos? No es una pregunta técnica, es una pregunta ética. Y cada sociedad la responde de manera distinta, según sus valores, su historia y su tolerancia al desequilibrio.
Ahora bien, basta cruzar la frontera y mirar a México para que el debate estadounidense adquiera otra dimensión. Porque mientras allá se discute si 20 o 30 % anual es demasiado, aquí las tarjetas de crédito bancarias operan con tasas promedio que oscilan entre 60 y 80 % anual. Y las tarjetas departamentales superan con facilidad el 100 %. Todo esto sin escándalo, sin debate nacional, ni indignación sostenida.
Más aún, en el mercado mexicano existen créditos rápidos, ofrecidos por instituciones reguladas, cuyos costos anuales totales pueden superar el 4,000 %. Sí, cuatro mil por ciento. No en la informalidad, no en la clandestinidad, sino dentro del sistema financiero formal. Créditos que se otorgan en minutos y se cobran durante meses o años, atrapando a personas que acudieron a ellos no por capricho, sino por urgencia.
Y, sin embargo, lo aceptamos. Lo aceptamos porque hemos normalizado la culpa del deudor. Porque lo justificamos diciendo que nadie obliga nadie a endeudarse, sin preguntarnos qué opciones reales tiene quien no llega a fin de mes, quien enfrenta una emergencia médica o quien perdió su ingreso. Hemos convertido el crédito en un privilegio caro, y la necesidad en una oportunidad de negocio.
Aquí es donde la comparación duele. Porque si en Estados Unidos una tasa del 25 % genera debates presidenciales, en México una del 80 % se considera parte normal del paisaje. Como si el costo del dinero reflejara no solo el riesgo financiero, sino también el valor que le damos a la dignidad del consumidor.
Los bancos deben ganar dinero. Eso no está en discusión. El crédito implica riesgo, costos operativos y capital que debe ser remunerado. Pero hay una línea que, cuando se cruza, convierte la rentabilidad en abuso. Esa línea no siempre está definida por la ley; muchas veces está definida por la ética. Y cuando la ética desaparece del diseño financiero, el resultado es un sistema eficiente para generar utilidades, pero profundamente ineficiente para generar bienestar.
La propuesta de Trump, con todas sus limitaciones, vuelve a poner esa línea en discusión. Obliga a preguntarnos si el mercado, por sí solo, es capaz de autorregularse o si necesita límites cuando el desequilibrio se vuelve estructural. Obliga a recordar que el dinero es un medio, no un fin, y que su precio tiene consecuencias humanas.
En México, esa discusión sigue ausente. No porque no tengamos reguladores, sino porque hemos construido una cultura de resignación financiera. Nos quejamos del salario, de los impuestos, del precio de la gasolina, pero no del costo del dinero. Pagamos intereses altísimos en silencio, como si fueran una culpa personal y no un problema estructural.
Tal vez por eso duele tanto comparar. Duele ver que en otros países una tasa que aquí parecería un sueño, provoca debates nacionales. Duele reconocer que hemos aceptado condiciones que empobrecen lentamente a millones de hogares. Y duele, sobre todo, darnos cuenta de que el abuso no siempre llega con violencia explícita; a veces llega disfrazado de un contrato, de una firma y de mensualidades “chiquitas”.
No se trata de desmantelar el sistema financiero ni de convertir a los bancos en villanos. Es un llamado a recuperar el sentido común. A entender que el crédito debe ser un puente, no una trampa. Que ganar dinero no es incompatible con poner límites. Que una economía sana no se construye exprimiendo hasta el último peso de quienes menos tienen.
Si en Estados Unidos hoy se preguntan si 20 ó 30 % es demasiado, en México deberíamos preguntarnos por qué toleramos el doble, el triple o mucho más. Tal vez la propuesta de Trump no cambie el mundo. Pero si logra algo, ojalá sea esto: obligarnos a mirar de frente lo que pagamos por endeudarnos y a preguntarnos, por fin, si de verdad eso es normal.—Mérida, Yucatán
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Profesora universitaria y consultora financiera