Al profesor Pedro A. Quijano Uc, íntegro luchador social de izquierda y único testigo sobreviviente del secuestro de Efraín Calderón Lara
En días recientes se conmemoraron 52 años del artero secuestro, tortura y asesinato del pasante de Leyes Efraín Calderón Lara, mejor conocido en el medio estudiantil y sindical de aquellos tiempos como “Charras.”
Si bien aún quedan algunos aspectos por esclarecer sobre este trágico suceso, diversas evidencias han establecido como verdad histórica que, debido a su intensa y comprometida actividad como organizador y asesor de numerosos sindicatos independientes, el joven abogado fue víctima de un complot perverso para eliminarlo físicamente, complot en el que participaron el PRI-Gobierno encabezado en 1974 por Carlos Loret de Mola y un sector de la burguesía yucateca afectado en sus intereses económicos.
Como se ha venido rememorando en estos largos 52 años, el secuestro y alevoso ajusticiamiento del asesor jurídico desencadenó el mayor movimiento estudiantil, sindical y popular del siglo XX, el cual implicó una huelga general escolar de febrero a abril de 1974 y la toma de las calles de la ciudad de Mérida por parte del Ejército.
A raíz de este gran movimiento de protesta, el régimen priista se vio en la necesidad de exhibir a los autores materiales del horrendo crimen, quienes habían recibido la orden de los jefes policiacos estatales de “sacar del ambiente sindical” al “Charras.”
Es cierto que los autores materiales del secuestro y asesinato del “Charras”, al igual que los altos jefes policiacos implicados, permanecieron encarcelados durante cierto lapso, pero con el paso del tiempo los hilos de los poderosos intereses económicos y políticos en juego condujeron a su gradual y completa liberación, con lo cual se abrió paso una insultante impunidad histórica que ahora ha cumplido la friolera de 52 años.
Y si de los autores intelectuales del segundo crimen del siglo XX quisiéramos hablar —el primero fue el asesinato del gobernador socialista Felipe Carrillo Puerto en enero de 1924—, pues ocurre que también ellos fueron cubiertos por el manto protector e impune del sistema presidencialista de Partido de Estado, encabezado en ese tiempo por Luis Echeverría Álvarez.
Este tlatoani, genocida y omnipotente, nunca movió una hoja para esclarecer el execrable crimen del “Charras”, en razón de que, según nuevas interpretaciones historiográficas, la eliminación del asesor sindical formó parte de la terrible guerra sucia que se implementó en aquellos tiempos desde las más altas esferas del poder federal, y cuyo objetivo fue reprimir con cárcel, secuestro, sangre y fuego a los movimientos políticos y sociales que osaran atentar contra el sistema dominante.
Otro gran suceso que también quedó en la absoluta impunidad fue la balacera que sufrió el Edificio Central de la entonces Universidad de Yucatán (UDY), perpetrada con fines disuasivos por la policía estatal el 16 de febrero de 1974; este operativo represivo estuvo encabezado por el mismísimo jefe policial coronel José Felipe Gamboa Gamboa.
Condena
El Consejo Universitario de aquel tiempo, bajo la firma del maestro Conrado Menéndez Díaz, condenó firmemente el ataque en los siguientes términos: “Al disparar sus armas los elementos de la D.G. de S.P. y T. del Estado… contra los estudiantes que se encontraban dentro del edificio universitario, quienes estaban en condiciones de completa desigualdad para repeler el atentado, pudieron suscitar hechos de lamentables consecuencias, ya que los disparos pusieron en peligro la vida de los estudiantes… Considera el Consejo que dicha agresión constituye una flagrante violación a la dignidad humana y a la Autonomía de la Universidad de Yucatán, y por lo tanto demanda el castigo de los responsables” (Diario de Yucatán, 19 de febrero de 1974, p. 2).
Pero el ataque policiaco a la Universidad es más complejo de lo que pudiera parecer. Ocurre que después de que se levantara la huelga general el 15 de abril de 1974 y se produjera el natural reflujo de la protesta social, el legado del “Charras” y el propio movimiento se convirtieron en una suerte de tabú al interior de la Universidad.
Ocurrió la paradoja histórica de que las élites dirigentes de nuestra Alma Máter —directores, directoras, líderes estudiantiles tradicionales, grupos de interés— asumieron estos sucesos como un espejo en el que no querían mirarse: primero borraron el nombre de Efraín Calderón Lara que el movimiento le había puesto al teatro universitario; luego quitaron la placa alusiva a la agresión policiaca y finalmente eliminaron los huecos y toda huella que las balas habían producido en las paredes del icónico edificio de la hoy Uady.
Como era de esperarse, en las ulteriores conmemoraciones anuales por el asesinato del “Charras” y sobre la trascendencia del movimiento del 74 nunca tuvo un lugar plausible la Universidad como tal, sino quienes las impulsaron y las siguen impulsando fueron los dirigentes de los sindicatos sobrevivientes fundados por el malogrado asesor jurídico, así como por activistas sociales y otras organizaciones gremiales.
La impunidad histórica que prevalece sobre la agresión policiaca al Edificio Central Universitario obedece en gran medida a que ningún grupo estudiantil, docente, directivo, ex directivo o actor protagonista ha sido capaz de exigir al Poder Público el justo acto de desagravio que la comunidad universitaria y la sociedad en general merecían y siguen mereciendo ante aquella flagrante violación a la autonomía universitaria.
Desde luego, conforme transcurrió el tiempo y se produjo la alternancia política en el país y en el estado -especialmente la de 2018- el legado del “Charras” es reivindicado por personalidades, grupos y actores políticos. Ya incluso se instauró una medalla con el nombre de Efraín Calderón Lara para premiar el desempeño de la juventud en diversos rubros del desarrollo estatal. También se logró colocar un busto del sacrificado asesor sindical en el barrio de Santiago. Enhorabuena.
Es deseable, entonces, que en un tiempo perentorio la Uady y todos los interesados en la recuperación de la memoria histórica demanden la realización de dicho acto público de desagravio, como lo ha hecho en tiempos recientes el Estado Mexicano ante abusos, crímenes e injusticias a todas luces inaceptables. Que así sea.— Mérida, Yucatán
Doctor en Educación. Exdirector de la UPN en el Estado; Director de la Escuela Normal Superior de Yucatán