Muchos yucatecos y yucatecas sabemos de los diversos intentos para separar Yucatán de México y convertirnos en una república independiente lo que, en son de broma, lleva a que en el centro de la república se nombre hasta hoy a la entidad como “la hermana república de Yucatán”. Pero pocos, más allá de los espacios de la academia, conocen las razones históricas de tal intención. Por eso, es propio recordar que Yucatán decidió unirse a México en 1823 bajo un pacto federal, pero cuando éste fue cambiado por un sistema centralista en 1835, decidió independizarse y así, un primero de octubre de 1841 el Congreso local declaró a Yucatán independiente.
También pocos saben que después de un breve acuerdo con el centro, roto por Santa Ana en 1845, Yucatán se declaró de nuevo independiente en 1846. No es casual entonces que tengamos nuestra propia bandera, himno y un sentido regionalista marcado, que nos lleva a repeler cualquier intento centralista de imposición que pretenda hacer el gobierno desde la Ciudad de México y por supuesto de querer controlar nuestros recursos.
El federalismo es una forma de organización institucional que en teoría garantiza la descentralización política y administrativa. En México, y desde nuestra Constitución de 1917, el artículo 115 hace referencia al municipio como orden de gobierno del sistema federal y ahí se explican sus atribuciones y obligaciones explicitas e implícitas. Sin embargo, la situación de tensión con el centro y de intento de los gobiernos de romper los pactos federalistas, imponiendo gobernadores y manejando los recursos de los estados se ha repetido varias veces a lo largo de nuestra historia.
Recordar estos conflictos sostenidos repetidamente con el poder que manda el centro del país, coincidió con la presentación en el marco de la Filey, del excelente libro titulado “Jaque al Gobernador. El marentismo en Yucatán (1951-1953)” del brillante historiador Félix Agustín Alpuche Sosa. En este libro que nos da a conocer un periodo de la historia de Yucatán poco conocida, se nos relata cómo a través del gobierno de Tomás Marentes Miranda (1951-1953) impuesto desde el centro por el presidente Miguel Alemán Valdés, se intentaba establecer la total hegemonía de PRI como partido de estado, controlando y debilitando al que aún era fuerte: Partido Socialista del Sureste (PSS). Todo esto, con la intención de centralizar el poder político y tener el control de los recursos de nuestra entidad, en aquel entonces generado con el cultivo y explotación del oro verde: el henequén. La misma política de centralizar y controlar las riquezas, aplicada a otras regiones del país, es lo que permitió establecer una “dictadura perfecta”, en México.
Por cierto, según se nos narra en este interesante libro, ante las críticas e inconformidades de diversos grupos económicos y políticos del estado, así como del mismo PSS, los oficialistas defensores de Marentes argumentaban, que precisamente la cercanía de este personaje con el centro, haría que las relaciones y recursos fluyeran más fácilmente al estado de Yucatán (¿dónde he escuchado esto?).
Intento de romper el federalismo
Actualmente, al no poder imponer su reforma electoral original, nos encontramos con el plan b presidencial, que no es más que un nuevo intento de romper el federalismo ya que, con el pretexto de reducir privilegios, gastos, combatir la corrupción y restar poder a los partidos políticos, la presidenta pretende disminuir el número de diputados locales y regidores en los municipios, y controlar, aún más, los presupuestos de los gobiernos estatales y ayuntamientos.
Por supuesto, esta intención de centralizar, controlando los recursos que envía la federación “etiquetados” a los estados y municipios, es ya recurrente por decir poco, y se ha dado en gobiernos federales de diferentes colores y partidos. De nuevo me nace decir “se parecen tanto unos a otros”, que votar por un color o por otro, termina siendo un dato anecdótico con poco sustento y consistencia ética o ideológica.
De manera progresiva se ha ido acotando los márgenes de maniobra de los estados y municipios, imponiendo reglas y normativas desde el centro, lo que incluye: periodos de gobierno, composición de legislaturas y cómo utilizar los recursos federales. Como vemos, las intenciones del centralismo son las mismas, o muy parecidas a los de otros periodos históricos.
Sin embargo, más de una persona estará feliz con la idea de limitar al presidente municipal y regidores corruptos de su comunidad, que los hay seguramente en muchos ayuntamientos, pero veamos, primero: bajo un verdadero federalismo deben ser los estados y los municipios quienes decidan su organización interna y cómo administran sus presupuestos. Segundo ¿son los regidores plurinominales quienes cometen los actos de corrupción en los municipios o los de mayoría? Acaso no son los primeros quienes por lo general denuncian y se inconforman con las trampas de quienes dirigen y administran los recursos municipales. Entonces reducirlos o desaparecerlos dejaría las manos libres a quienes fueron electos presidente, o presidenta municipal, para manejar los recursos a su antojo.
Tercero, si los presidentes electos resultaron luego corruptos e incompetentes, fue así como lo eligieron los electores, ¿debemos entonces aceptar decisiones centralistas para acabar con lacras y remendar sus incapacidades? o ¿sería mejor formar una verdadera ciudadanía, que sea capaz de elegir alcaldes y regidores (as) honestos y preparados, los competentes y aptos para el servicio público?
Lo cierto es que durante décadas se ha fomentado una cultura política en la que solo se puede ganar una elección teniendo suficientes recursos para repartir como dádivas, es una cultura muy lejana a la que podría sostenerse con una ciudadanía formada y con conciencia crítica. Es decir, si no queremos presidentes o presidentas municipales corruptas e ineficientes formemos ciudadanía para que el electorado vote por las mejores personas, honestas y preparadas, en vez de atentar nuevamente contra el federalismo que debe unir a las entidades del país, no enfrentarlos nuevamente, como ocurre en nuestro caso, con un poder que pretende centralizar aún más todo con el interés de perpetuarse.
Y ante esta repetición de errores que actualiza el conflicto histórico entre centro y provincia, resulta importante recordar que todavía no se cumple con la representación auténtica de los pueblos indígenas en congresos y cabildos, deuda que se empeñan en ignorar quienes usufructúan el poder central y que los hace tan parecidos a los regímenes anteriores.— Mérida, Yucatán
*Antropóloga por la Uady, con maestría en antropología social