CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA (*)
Esencial en el obradorato, el control de la información se ha consolidado desde 2018 como una herramienta central del poder político. No se trata únicamente de ocultar datos relevantes, sino de administrar la realidad pública: decidir qué se conoce, cuándo y bajo qué narrativa. Cuando los hechos contradicen el relato, entran en escena la farsa y la manipulación.
Se combate el dato verificable y se evade a toda costa la rendición de cuentas. Ante las dudas, la respuesta no es la transparencia, sino la opacidad y el ataque al mensajero. Se protege así al poder político, pero sobre todo se debilita al ciudadano. Sin información completa y oportuna, perdemos la capacidad de exigir, evaluar y decidir con libertad.
La censura indirecta, el descrédito sistemático y el cuestionamiento permanente de toda crítica se han convertido en piezas clave del engranaje propagandístico del régimen morenista. La prioridad no es informar objetivamente —como se esperaría de quien se dice demócrata—, sino imponer una narrativa. Se siembra incertidumbre para fortalecer el relato oficial.
Es una práctica reiterada, acentuada en las últimas semanas. La simulación predomina en las respuestas a crisis severas como el derrame de petróleo en el Golfo, el escándalo de la “mujer secreta” en Palacio Nacional y las “justificaciones” sobre el accidente del Tren Interoceánico. Pero ningún caso supera la manipulación de la tragedia de los desaparecidos.
Desde el inicio de la “guerra contra el narco” en 2006, la cifra de personas desaparecidas en México supera las 130,000. El fenómeno se intensificó a partir de 2012 y, tan solo en las administraciones de la 4T, se han registrado más de 70,000 casos, cerca del 60% del total. Hoy se reportan 40 desapariciones diarias, frente a 7.8 durante el gobierno de Felipe Calderón.
Vinculada a la violencia del crimen organizado, a las disputas territoriales, a la debilidad institucional y a las fallas en las investigaciones, esta tendencia confirma que la crisis ha dejado de ser un problema emergente para convertirse en una tragedia estructural y masiva que el régimen se niega a reconocer. Las cifras son contundentes; la respuesta oficial, evasiva.
En los últimos días, numerosas voces se alzaron. Organismos cívicos como Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el Colegio Mexicano de Abogados denunciaron una crisis grave que se intenta minimizar. El obispo Raúl Vera López fue más directo: acusó al gobierno de omisión y complicidad frente a la tragedia de las desapariciones.
LA IMPUNIDAD
Desde la sociedad civil se llama al régimen a combatir los altos niveles de impunidad y a no maquillar las cifras de desaparecidos. “Los datos evidencian la gravedad de la crisis y la posible participación de autoridades de distintos niveles”, advierte el Centro Pro. Pero ningún señalamiento incomodó tanto al gobierno como el de un comité de la ONU.
El Comité contra la Desaparición Forzada denunció a principios de abril que México concentra más acciones urgentes que cualquier otro país del mundo, con 819 casos entre 2012 y febrero de 2026, el 38% del total global. Alertó sobre un peligroso repunte reciente y señaló fallas estructurales en la búsqueda de víctimas, así como demoras en diligencias esenciales.
El respaldo cívico al informe de la ONU fue amplio. “Es una oportunidad para reconocer la dimensión del problema y emprender un cambio de rumbo”, afirmó Artículo 19. Pero el gobierno respondió con enojo. Funcionarios y voceros denunciaron en coro: “Le falta rigor jurídico, es tendencioso, solo busca perjudicarnos”. No refutan el dato: desacreditan sin sustento (bit.ly/47RCVbF).
La inconformidad morenista es previsible. El informe golpea la narrativa central de la “transformación” y del “ya no es como antes”, e introduce una voz externa, reconocida y difícil de descalificar. No solo describe con detalle una crisis, sino que pone en entredicho la congruencia entre el discurso del régimen y la realidad que viven miles de familias mexicanas.
NO SE RESUELVE
Como se ha demostrado desde 2018, si el obradorato no puede resolver una crisis suele optar por simular, manipular y administrar su visibilidad. La opacidad y el control de la información no son accidentales: forman parte de un sistema populista que privilegia la narrativa sobre la evidencia y la lealtad sobre la crítica. Se administra el conflicto, no se resuelve.
El patrón se repite por todo el país. Lo vemos en la manipulación en torno a los incendios y otras fallas en Dos Bocas, en el burdo intento de la policía de Yucatán por impedir que un reportero del Diario documentara el turbio accidente que involucró anteayer a altos mandos policiales (bit.ly/3O0ZwvM), y en la oscura compra millonaria de dos elevadores en el Poder Judicial yucateco (bit.ly/48EHdDq).
La censura indirecta y el descrédito no buscan necesariamente convencer a todos, sino algo más efectivo: sembrar incertidumbre. No hace falta demostrar que el gobierno tiene la razón, basta con generar la idea de que nadie más la tiene. La narrativa se impone a la verdad y a la fuerza de los argumentos. Quien finalmente pierde es la vida democrática.
En una democracia, la crítica no es un obstáculo para gobernar; es un mecanismo de mejora continua. Desde 2018, el obradorato se ha resistido a verlo de esa manera. Como reportó a finales de marzo la Universidad de Gotemburgo, la concentración de poder y el control de los contrapesos confirman el “giro autocrático” en México en los últimos años.
No perdamos de vista la exhortación que esta semana hizo Lorenzo Córdova Vianello en Diario de Yucatán: “todo gobierno autoritario pretende, como un asunto existencial, el monopolio de la verdad y el control total del discurso”. Nuestra democracia continúa descomponiéndose. El torpe manejo de la tragedia de los desaparecidos lo confirma.— Mérida, Yucatán
direcciongeneral@grupomegamedia.mx / Apartado especial en el sitio web del Diario: yucatan.com.mx(https://bit.ly/4diiiFP)
(*) Director general de Grupo Megamedia
¿Cuál es el mensaje del escrito?
El mensaje central es que el control de la información se ha convertido en una herramienta deliberada de poder: no solo se ocultan datos, sino que se construye una narrativa para sustituir la realidad, evitar la rendición de cuentas y debilitar la capacidad crítica de la sociedad.
El texto advierte que esta práctica se vuelve especialmente grave frente a crisis como la de las desapariciones, donde, en lugar de reconocer la magnitud del problema, se minimiza, se manipula o se desacredita a quienes lo señalan, incluso cuando provienen de organismos nacionales e internacionales.
En el fondo, la idea es clara: cuando un gobierno prioriza la narrativa sobre la verdad y la lealtad sobre la evidencia, la democracia se deteriora, porque se erosionan los contrapesos, se siembra incertidumbre y se busca imponer un monopolio del discurso público.