En la tragedia de Edith Guadalupe Valdés, la joven que acudió a una cita de trabajo y terminó asesinada en un edificio de la avenida Revolución, subyacen varios ángulos que la Fiscalía General de la Ciudad de México debe aclarar, pero con precisión y con pruebas suficientes para llevar a prisión a todos los responsables de los hechos.
La información es aún incompleta, pero parece estar involucrada una red de trata de personas a la que la joven era ajena y resultó su víctima. En este escenario, la autoría del crimen atribuida a un vigilante del mencionado edificio —que había sido refugio del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos— no se sostiene, al menos por ahora.
El trágico caso pone de relieve viejos vicios que acompañan a la investigación de los delitos en México y que derivan, en la práctica, en denegación de justicia que contraviene la Constitución. Esos vicios son la lentitud en la investigación y la exigencia de dinero a los familiares para realizar diligencias inherentes a la indagatoria.
Ambos resultan escandalosos, pero a fuerza de repetirse, a nadie sorprenden ya. El remedo de detectives de las fiscalías, tanto en el orden federal como en el estatal, no entienden que su tarea es esclarecer los casos y llevar ante el juez a los responsables, trabajo que es remunerado por el Estado. Para ellos, independientemente de su salario, es natural que su ingreso se aumente con dineros provenientes del cohecho y la exacción.
Por supuesto, no les importa el dolor de los familiares de quienes pierden la vida o sufren lesiones o despojo de bienes. Para esos delincuentes con placa, estos son sólo fuentes de ingresos y les cobran por todo: por entregar un cadáver, por expedir un certificado o una cita de comparecencia, por realizar un cateo…
Pero aun cuando a nadie sorprendan, el Estado mexicano está obligado a trabajar en la erradicación de tales delitos, por obligación y también por congruencia con el cambio que presumen los gobernantes de hoy, quienes afirman no ser iguales a los de antes, pero siguen tolerando nocivas prácticas que revictimizan a los ciudadanos de a pie.
No se duda de la intención de terminar con tales exacciones, pero uno se pregunta si es posible esperar prácticas distintas si se sigue trabajando con la misma estructura, iguales mecanismos y la misma gente de antes. Dicho de otro modo: no hay suficiente sangre nueva con vocación de servicio, con adiestramiento adecuado y habilidades bastantes para la investigación. Y cuando la hay, faltan procedimientos laborales que eviten la contaminación de los nuevos investigadores.
Ciertamente, también hay detectives capaces y diligentes, pero son tan pocos que recuerdan a las golondrinas sin verano. En la eliminación del cohecho y otros vicios está la clave del éxito en la procuración de justicia. Si no se trabaja con eficacia en ello, de poco servirá que a las fiscalías lleguen profesionales capaces y bien intencionados.
Los nuevos consejeros del INE. Con los votos de Morena y aliados, la Cámara de Diputados eligió a los tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral y prontamente los malquerientes de la 4T salieron a descalificarlos por su presunta cercanía con el oficialismo.
Curiosamente, esos tales también lamentan que no hayan llegado ni a las quintetas ciertos(as) impresentables por su desempeño anterior en tareas comiciales
He de repetir que a los consejeros no se les debe reprochar su simpatía o preferencia partidaria, porque lo exigible es una conducta imparcial y equitativa a la hora de votar asuntos o bien ocuparse de tareas en que deben prevalecer la ley y el trato igualitario, sin importar a qué fuerza política se beneficia.
Obviamente, era deseable la designación por unanimidad y los diputados morenistas y aliados, con Ricardo Monreal a la cabeza, no parecen haberse esmerado mucho en la negociación en busca del acuerdo con la oposición. Pero también debe decirse que es difícil negociar con una oposición negacionista que casi todo rechaza.
En cuanto a los nombrados, la consejera de mayor solidez, con más de diez años en el servicio profesional del INE, es Blanca Yassahara Cruz García, presidenta del OPLE de Puebla y experta en materia de organización electoral. Frida Denisse Gómez Puga, es titular del OIC de Tamaulipas y podrá ayudar mucho en materia de fiscalización a partidos, y Arturo Manuel Chávez López, director de Talleres Gráficos y quien carece de experiencia electoral, posee prestigio profesional y mostró su dedicación al estudio, a juzgar por las calificaciones de excelencia en el examen de evaluación.
Por otra parte, el comité técnico de evaluación hizo un buen trabajo. Merecen felicitación por ello Marcela Fernández Domínguez, Rubén Lara Patrón, Selene Cruz Alcalá, Irma Ramírez Cruz y Míriam Rodríguez Armenta.— Ciudad de México.
Periodista
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