Silvia América López Escoffié (*)
Empezaron en mi cabeza a rebotar imágenes de mi vida en los que me he quedado callada a raíz de que una amiga me dijo: Esta semana llevé a mi madre a pasear y al pasar por el monumento a la patria le molestó mucho, ver manchado este ícono de los meridanos.
Entonces me di cuenta de que hay temas difíciles de abordar y de los que nadie quiere hablar, que yo misma por no confrontar me he quedado en silencio, porque es lo fácil, pero en esta ocasión decidí hoy hablar.
En mi vida en la que he tenido cargos públicos también me dediqué a la defensa de género y por lo que pude ser testigo, analizado, discutido, propuesto, escuchado sobre: el incesto, la violación, la violencia familiar, la violencia de género, temas que aún permanecen y en los que poco hemos avanzado para garantizar una vida más segura sobre todo para nuestras niñas y niños.
Todavía puedo recordar cuando entré a aquella habitación sucia y obscura en el que me dijeron puedes pasar a ver al enfermo, al momento de entrar vi cómo la hija estaba con su manita tocándole el miembro a aquel hombre viejo, ante la mirada impasible de la madre.
También recordé las veces que pasaba camino al rancho por la casa de aquel jornalero, que al entrar en su hogar me di cuenta de que sus hijas cargaban en sus brazos hijos de su propio padre y al que nunca me atreví a denunciar por miedo a que él se vengara conmigo o con mi familia por haberlo exhibido, pues sabía que el sistema de justicia poco habría hecho si finalmente, eran sumamente pobres y él era único proveedor de aquella enorme familia. Sin embargo, hasta hoy cargo con ese peso en mi conciencia.
Ciertamente aquí en Yucatán se presume —y con razón— de ser uno de los estados más seguros del país. Calles tranquilas, bajos índices de homicidios, una vida que parece transcurrir en calma. Pero esa narrativa oculta una realidad incómoda: la violencia más profunda no está en las calles, está dentro de las casas.
Ahí donde no llegan las estadísticas completas, donde no hay cámaras, donde el silencio es ley.
Sin duda hablar de incesto en Yucatán incomoda. No aparece en discursos oficiales ni en campañas visibles. Sin embargo, existe. Y no como casos aislados, sino como patrones que, en ciertos contextos se repiten de generación en generación, lo vi cuando hicimos la reestructuración de la calle 66 sur en 1999.
Los datos oficiales permiten asomarse al problema, aunque no alcanzan a dimensionarlo completamente.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), en Yucatán se registran reportes constantes de violencia contra la mujer: en promedio, una mujer solicita ayuda por agresión, abuso sexual, acoso o violación cada seis horas.
Además, la propia dinámica de los reportes muestra que el principal espacio de riesgo es el hogar: en apenas dos meses se contabilizaron más de 400 incidentes de violencia de pareja y doméstica, lo que confirma que la violencia no está afuera, sino dentro.
En materia de delitos sexuales, cifras de la Fiscalía estatal señalan que en 2025 se abrieron más de 400 carpetas de investigación por abuso, acoso y violación.
Pero el dato más contundente no está en lo que se registra, sino en lo que no:
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi, solo el 9.6% de los delitos sexuales se denuncian en Yucatán.
Es decir:
9 de cada 10 casos permanecen en silencio, ocultos.
A nivel nacional, el panorama es aún más extremo: estudios basados en encuestas oficiales estiman que hasta 99% de los delitos sexuales no se denuncian, lo que refleja una impunidad prácticamente total.
Esto implica que las cifras oficiales no muestran la realidad, sino apenas una fracción.
Detrás de cada denuncia hay muchas más historias invisibles: niñas abusadas dentro de sus hogares, adolescentes violentadas por familiares, mujeres que viven bajo coerción sin posibilidad real de romper el entorno.
El propio análisis de organizaciones civiles en Yucatán advierte la existencia de un subregistro significativo, donde solo una parte de las agresiones llega a conocimiento de las autoridades.
El problema no es solo moral, es estructural. En zonas rurales y marginadas —muchas con alta población indígena— confluyen factores como pobreza, hacinamiento, aislamiento y barreras lingüísticas, que dificultan la denuncia y favorecen la repetición de la violencia.
En estos contextos, el hogar deja de ser refugio y se convierte en el principal espacio de riesgo.
A esto se suma otro indicador crítico: los embarazos en niñas de entre 10 y 14 años. En México, por ley, todo embarazo en menores de esa edad se presume resultado de violación. En muchos casos, el agresor pertenece al entorno familiar.
Es la evidencia más cruda de una violencia que permanece oculta.
En este contexto surge una expresión visible: La Protesta. Mujeres que toman las calles, que denuncian, que gritan, que incluso intervienen monumentos históricos. Y entonces sí, la indignación aparece. Se debate sobre paredes, sobre orden público, sobre daños materiales.
Pero casi nunca sobre lo que ocurre dentro de los hogares.
La pregunta incómoda es inevitable: ¿Qué nos indigna más como sociedad? ¿Un monumento manchado o una niña abusada en silencio durante años?
¿Vale más la pena que alcemos nuestra voz por defender una maravillosa estatua o para denunciar a quienes abusan de los más débiles?
No se trata de justificar todas las formas de protesta, sino de entender su origen. La rabia no surge de la nada. Se acumula en denuncias que no avanzan, en instituciones que no responden, en un sistema donde la mayoría de los casos nunca se llega a la justicia.
Yucatán puede seguir siendo un estado seguro en términos de violencia visible. Pero mientras el incesto, la violencia familiar y la violencia contra las mujeres permanezcan ocultos, esa seguridad estará incompleta.
De lo que si estoy segura es que Los muros se pueden limpiar.
Las cifras se pueden maquillar. Pero el silencio —cuando alcanza a nueve de cada diez víctimas— es mucho más difícil de borrar.
Hoy me atreví a no callar. ¿Tu cómo lo ves?— Mérida, Yucatán
Exdiputada