Cuando la legalidad calla y la política se repliega, lo que queda es la incertidumbre.
La solicitud de detención con fines de extradición formulada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos —a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York— contra diez ciudadanos mexicanos, tres de ellos con fuero constitucional, marca un punto de quiebre en la relación entre crimen organizado, poder político y procesos electorales en México.
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