Editorial

Aquella fresca mañana de mayo la Presidenta despertó más temprano que de costumbre y con una maraña de pensamientos e ideas que se iban aclarando conforme avanzaba el día.​

Se dio un duchazo de agua fría como era su costumbre, lo que sirvió para que su mente se aclarara y comenzara de manera ordenada a hilar las decisiones que durante la noche anterior sesudamente había tejido.​

Los acontecimientos de las últimas semanas en el país que gobernaba durante casi dos años la habían petrificado, no sabía como actuar, vaya ni siquiera por dónde empezar, lo que la orilló a presentarse ante su pueblo como una víctima de las acciones del extranjero.​

Era la clásica de los gobiernos recientes de izquierda que habían tomado a México como si fuera su propiedad y como si ellos fueran los autores del crecimiento económico y la grandeza que se logró alcanzar en los últimos treinta años.

​Problemas había al por mayor, pero fue gracias al crecimiento de las empresas mexicanas y extranjeras, así como a la industria turística y al auge de las remesas de los mexicanos en el exterior que el país alcanzó otro nivel internacional.

Todo ello aunado al desarrollo del comercio, las inversiones, los negocios familiares que día a día contribuyen con millones y millones de pesos en impuestos para beneplácito de los gobiernos locales y el federal.

Gracias a ello en los últimos años los gobernantes de la izquierda populista pudieron repartir recursos a manos llenas a los sectores desprotegidos de la nación y ganar así los votos para fortalecerse en el poder. ​

Aunado a ello los populistas se aliaron con el narco mexicano para fortalecer su poder e influencia, pero al paso de los años el crimen organizado les puso condiciones y límites en el manejo del poder.​

La Presidenta sabía que esta compleja situación tenía que terminar, pero su formación de izquierda le impedía aliarse a su vecino Estados Unidos. La demanda yanqui de arrestar y extraditar no solo a un gobernador del noroeste de México, sino además a dos miembros de su gabinete, a cuatro senadores y a diez diputados de su partido la había puesto contra la pared.​

El día anterior la Presidenta decidió abrir de capa y espada su mente y optó por consultar a varios expresidentes mexicanos, a excancilleres y a exprocuradores sin importar su afiliación partidista. También dialogó con intelectuales, periodistas, empresarios, catedráticos y algunos excompañeros universitarios.

Con excepción de dos o tres, todos coincidieron en que el país había caído en manos de los mafiosos y como nunca se requería una acción firme y contundente para eliminar a los carteles y la corrupción.​

La Presidenta llegó antes de las 6 de la mañana a la reunión de seguridad, se sirvió un café, revisó las notas que llevaba en su celular y esperó a los miembros de su gabinete.

La junta inició con un recuento de los sucesos recientes: decomisos de drogas, enfrentamientos de policía con criminales, el arresto de un capo en el sur del país y así sucesivamente.​

Súbitamente la Presidenta tomó la palabra y comenzó a dar instrucciones: “Señores secretarios, a partir de hoy vamos a cambiar a México. Les ordeno que al terminar esta reunión cada uno de ustedes haga su parte para proceder en contra de los políticos y funcionarios ligados al crimen organizado que ha señalado Estados Unidos. Como vecinos debemos atender el reclamo de arresto y extradición, a ellos les corresponderá ofrecer las pruebas y realizar juicios imparciales. Tienen ahora en sus cárceles a los peores narcotraficantes de México y seguramente cuentan con las evidencias”.

“Al mismo tiempo los instruyo para que ante dudas o sospechas den de baja a sus colaboradores y en caso de evidencias procedan contra ellos de inmediato. Vamos a partir de ahora a exterminar a los García Lunas, Rocha Moyas y tantos otros narcos políticos que han dañado tremendamente a México.​

“Al Fiscal le ordeno iniciar hoy mismo una investigación minuciosa y profunda contra los expresidentes mexicanos y sus familiares para detectar complicidades con el narco, negocios ilícitos y enriquecimiento inexplicable. Anunciaré en ‘la mañanera’ que todos aquellos funcionarios, políticos y legisladores que tengan nexos con el crimen deberán presentar sus renuncias de inmediato y ponerse en manos de la justicia antes que les llegue su turno”.

Y concluyó la Presidenta: “Si alguno de los aquí presentes tiene cola que le pisen, tenga el valor y la decencia de abandonar su cargo ahora mismo. Buenos días, les deseo éxito”.​

Seis meses después la Presidenta rindió su informe de gobierno en circunstancias muy distintas. El congreso estaba ocupado al 60 por ciento, el gran número de curules vacías correspondían a legisladores que habían sido arrestados o se encontraban prófugos o fuera del país, incluyendo sus suplentes.​

Fuera del recinto legislativo por lo menos dos millones de mexicanos se habían congregado para vitorear y agradecer a la Presidenta sus acciones en favor de la justicia y en contra de la violencia y la inseguridad.​

Los homicidios cayeron al 20 por ciento en seis meses al igual que las desapariciones, las extorsiones al comercio y el transporte prácticamente se esfumaron al tiempo que la paz retornó a prácticamente toda la República Mexicana.​

Dos expresidentes, entre ellos el inmediato anterior, junto a varios de sus familiares y compadres, además de cinco gobernadores, pasaron a engrosar la lista de reos en los reclusorios de alta seguridad al igual que cientos de políticos, fiscales, jueces y jefes policiacos.​

Estados Unidos y su belicoso mandatario agradecieron una y otra vez las acciones del gobierno y terminaron por olvidarse de México y enfrascarse en otros pleitos internacionales, la exigencia de paz y de poner un alto al tráfico de estupefacientes se había cumplido.​

Todo lo anterior es obviamente un sueño de este columnista que esperamos, algún día no muy lejano, se haga realidad.

jhealy1957@gmail.com

Periodista

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