En un país como el nuestro y en una situación tan asimétrica como la que tenemos desde buen tiempo frente a la gran potencia vecina del norte, el supuesto de que la mejor política externa es una buena política interna es muy válido. Las debilidades domésticas de nuestro Estado y gobiernos son otros tantos flancos abiertos a las presiones norteamericanas.
En la siempre complicada y asimétrica relación con los muy poderosos e imperiales como Estados Unidos hay coyunturas de mayor complicación.
En la circunstancia actual domina una de esas embrollos generados por una acusación norteamericana de corrupción grave contra un gobernador y un senador mexicanos de Sinaloa y por eso viene a cuento el parafrasear a sor Juana Inés de la Cruz, nuestra gran poetisa del siglo XVII, en sus famosas Redondillas “Hombres necios” y el verso podría ser este: “¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga: el país de los que pecan por la paga (México) o el de los que pagan por pecar (Estados Unidos?)”. Igual tiene sentido parafrasear el inicio mismo del verso y decir: “Vecino necio del norte, que acusáis a México (casi) sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”.
Y es que de no existir la notable demanda de drogas ilegales en la sociedad norteamericana y de no existir el contrabando masivo de armas procedentes del norte del Río Bravo, los llamados carteles de la droga mexicanos no serían las formidables organizaciones criminales que hoy son y que tanto malestar causan en las buenas conciencias norteamericanas.
Sin la existencia de esos consumidores y proveedores del norte los carteles mexicanos no tendrían razón ni recursos para existir, al menos no en su modalidad de actores criminales internacionales dignos de Netflix.
Como ya quedó claro fue sólo por accidente que el gobierno mexicano descubrió que al menos cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA) estaban operando ilegalmente en Chihuahua y con el consentimiento de la autoridad local. Inmediatamente después de darnos por enterados del “caso Chihuahua” y del reclamo del gobierno federal a Washington, unos ficales de Nueva York se fueron a la ofensiva y armaron “el caso Sinaloa”: hicieron pública una petición para la captura y extradición de diez funcionarios del gobierno de ese estado y que incluía al gobernador y a un senador —ambos del partido de la presidenta Claudia Sheinbaum— acusándolos de estar o haber estado en la nómina de los narcotraficantes del Cartel de Sinaloa.
Desde la óptica de la prensa norteamericana la acusación de los fiscales neoyorquinos opacaba en importancia la ilegalidad de la presencia de la CIA en Chihuahua y supuestamente habrá de sumir al gobierno de la 4T en México en una crisis justo cuando, según esa misma prensa, el apoyo ciudadano a la presidenta Sheinbaum esta declinando (The New York Times, 30/04/26).
Vista desde México, la situación no pareciera ser realmente la propia de una crisis interna y en cualquier caso conviene tener en cuenta que según los sondeos de opinión al finalizar abril la presidenta mexicana mantiene la aprobación del 68% de la ciudadanía (encuesta de El Financiero). En contraste, el ocupante de la Casa Blanca apenas cuenta con la aprobación del 37% de los ciudadanos (encuesta del Washington Post-ABC News e Ipsos) y el embrollo en que, por decisión propia, ese personaje se ha metido en el Oriente Medio y afecta a toda la economía mundial, sí tiene visos de ser una crisis real aunque hay que reconocer que la posición dura del mandatario norteamericano en relación al control de la frontera de su país con México sí le ha redituado pues de entre todas sus políticas esa que implica una posición dura frente a los mexicanos tiene el mayor reconocimiento positivo entre la ciudadanía del país del norte —45%— aunque la desaprueba ¡el 56%!, (The Guardian, 03/05/26).
La reacción de la presidenta mexicana ante las acciones norteamericanas ha sido la de exigir una vez más el respeto para la soberanía mexicana (caso Chihuahua) y luego demandar las pruebas realmente sustantivas con que se sustenta la petición de arresto y extradición de los funcionarios (caso Sinaloa).
Las dos soberanías. Es natural e inevitable que en un entorno como el descrito, la soberanía esté en el centro del discurso presidencial mexicano, pero ¿qué significa exactamente ese concepto y que implica su defensa?
Partamos de que no hay una definición de soberanía única, universalmente aceptada, pero sí puede afirmarse que la teoría se refiere al ejercicio efectivo de la autoridad legal suprema de un Estado dentro de su territorio. Y ese ejercicio tiene al menos dos dimensiones: una interna y otra externa.
Como lo señalara un reconocido teórico del tema, Stephen D. Krasner en Sovereignty: Organized Hypocrisy, (1999), si bien fueron los acuerdos de paz de Westfalia de 1648 los que no sólo pusieron fin a dos guerras europeas que parecían interminables, sino que por primera vez propusieron crear un orden europeo que bajo el principio de reconocer a todos los estados involucrados como entes plenamente soberanos e iguales aceptara inequívocamente el derecho irrestricto de todos y cada uno de ellos a gobernarse sin interferencias externas.
Desafortunadamente, la norma fue sistemáticamente negada por la realidad y la desigualdad en poder sigue rigiendo hasta hoy la relación entre los estados y el respeto a la soberanía de los débiles fue y es, en la práctica, letra casi muerta, pues el grado de soberanía de cada Estado depende no de los tratados e instrumentos jurídicos similares sino de su poder y de su habilidad para usarlo.
En el caso mexicano y desde la restauración de la república en 1867 el comportamiento del “factor norteamericano” ha sido el elemento determinante del grado en que la sociedad y el Estado de nuestro país han podido ejercer de manera efectiva la soberanía.
En el caso de la externa, la gran asimetría de poder militar y económico frente a nuestro vecino del norte ha sido la determinante y es un hecho tan obvio que no tiene sentido ahondar más en él. En contrataste, el caso de la soberanía interna es relativamente diferente. En el plano interno México debe emplear a fondo su poder gubernamental y el de la movilización social para hacer efectivo y dar sentido al reclamo a la no intervención externa y al respeto a nuestra autonomía. La coyuntura actual demanda echar mano de la soberanía doméstica.
La soberanía interna se basa en la capacidad del gobierno de efectivamente ejercer su derecho y obligación de hacer respetar su autoridad suprema dentro de nuestras fronteras. Y aquí viene muy a cuento la definición de Max Weber sobre la esencia del Estado: su monopolio en el uso de la violencia legítima.
Si la autoridad que debe mantener como un instrumento insustituible su monopolio de la violencia legítima no puede imponerse claramente sobre aquellos que le retan abierta, sistemática y organizadamente ejerciendo una violencia criminal y que en determinadas regiones y momentos incluso la superan en mando, entonces hay que admitir que existe una falla grave e inaceptable en la esencia del Estado.
Y algo casi equivalente ocurre si la corrupción, la ausencia de profesionalismo y de sentido de responsabilidad de los funcionarios afecta al aparato administrativo estatal.
Y resulta que, en nuestro caso, de tarde en tarde, el gobierno de Estados Unidos aprovecha estas fallas del Estado mexicano para deslegitimarlo y presionarlo, lo que afecta tanto al gobierno como al régimen y, por ende, a la soberanía y al buen gobierno y razón de ser del Estado mexicano.
El cambio de régimen que tuvo lugar a raíz de la elección de 2018 se logró porque el partido ganador enarboló las banderas de la anticorrupción, del buen gobierno y de la seguridad. Sin embargo, dada la fuerza y hondura de la corrupción —sus raíces datan al menos de la época colonial— no es posible esperar que males seculares se puedan superar en unos cuantos años.
Sin embargo, es claro que debemos esforzarnos por acelerar el paso en esta materia y, sobre todo, mostrar que las puertas para el ingreso a los puestos de poder están cerradas y bien cerradas a las biografías sospechosas de corrupción, especialmente de las ligadas con la violencia ilegítima del crimen organizado. La seguridad nacional lo exige.
La interferencia o injerencia desde el exterior puede afectar el campo de la soberanía interna. En nuestro caso el peso de la presión norteamericana, la de organismos internacionales o la proveniente de grandes concentraciones de recursos económicos externos, debe y puede ser confrontada con y por la legitimidad de la autoridad y de su respaldo social. Sólo así tiene sentido y es efectivo el poner a la defensa de la soberanía en el centro del discurso nacional.
Historiador y analista