El posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum ante los intentos de injerecismo de Estados Unidos reclama solidaridad unánime, aun en medio de las diversidades naturales en una democracia.
El discurso del domingo 31 de mayo de la mandataria es un hito, un punto de inflexión que ciertamente se tardó un poco en llegar, ante la andanada de descalificaciones de diferentes instancias de Estados Unidos, a pesar de los grandes y exitosos esfuerzos del gobierno mexicano contra la delincuencia organizada.
Irónicamente, ello ocurre mientras los armeros de ese país trafican miles de armas y municiones destinadas a matar en México a quienes luchan contra la producción y tráfico de drogas a Estados Unidos. ¿Verdad que suena demencial?
Ante el fracaso del gobierno y la sociedad estadounidenses por frenar la causa de todo el problema de drogas —el consumo—, Estados Unidos arroja la responsabilidad sobre México y pide las cabezas de diez mexicanos que ejercen o ejercieron recientemente funciones públicas, incluido el gobernador de Sinaloa.
Y como solicitan su extradición a los cuatro vientos, es claro que el asunto rebasa las fronteras de lo judicial para instalarse en lo político. De ahí el señalamiento de la presidenta Sheinbaum de dudar de las intenciones de Estados Unidos cuando, mediante solicitudes de extradición sin pruebas para autoridades electas, “vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector en México”.
Desde luego, las intenciones políticas que envuelven tales solicitudes de extradición deberían incentivar a que la Fiscalía General de la República investigue las imputaciones, particularmente en el caso de Rubén Rocha Moya, pero en pleno ejercicio de su autonomía.
En todo caso, el asunto debe quedar en la jurisdicción de México y es un error —error interesado en el caso de la oposición— suponer que no acceder de inmediato a la extradición del exgobernador es encubrirlo, cuando en realidad lo que se defiende es la soberanía nacional.
Hay un sector de la sociedad mexicana que —por estrategia o de buena fe— supone que cualquier acusación proveniente de Estados Unidos tiene, por ese solo hecho, veracidad.
Se soslaya que un equipo mentiroso e hipócrita está en el gobierno de Estados Unidos y le parece correcto exigir más y más resultados a México, mientras sus armeros envían su letal mercancía al narco y su presidente indulta a un político sentenciado por tráfico de drogas, el hondureño Juan Orlando Hernández.
Puede sonar candoroso, pero si se atentara gravemente contra la soberanía, todo México debería responder al unísono en defensa de sí mismo. Cuando no ha sido así —la historia lo enseña—, el precio ha sido muy alto y lo han pagado todos, incluso quienes —en el extravío irracional— intentaron en el pasado trocar en monarquía la república.
En la actualidad, ver patriotería donde hay genuina defensa de soberanía no es admisible, como tampoco lo es mirar traiciones donde solo hay posiciones diferenciadas.
El siniestro pacto de la Embajada. La noche del 18 de febrero de 1913, en medio del cruento período conocido como la Decena Trágica, tres siniestros personajes se reunieron en la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México: el embajador Henry Lane Wilson, el general Victoriano Huerta, jefe de las fuerzas militares supuestamente leales al presidente Fracisco I. Madero, y Félix Díaz, sobrino del depuesto dictador Porfirio Díaz.
Allí firmaron el llamado Pacto de la Embajada, en el que se acordó derrocar a Madero y nombrar a Huerta presidente interino, lo cual ocurrió, junto con los asesinatos del presidente de México democráticamente electo y su vicepresidente, José María Pino Suárez.
Contra las instrucciones de Washington, actuando por cuenta propia, Wilson había promovido activamente la caída del gobierno maderista y fue destituido prontamente por el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, cuyo gobierno se negó a reconocer al general golpista.
No hay paralelismo posible entre la actualidad y los terribles sucesos de la Decena Trágica, pero aquellos hechos que merecieron incluso la repulsa del presidente estadounidense Woodrow Wilson explican por qué el pueblo de México, no sólo su Presidenta, repudian el activismo de los representantes diplomáticos de Estados Unidos en México.
De ahí el enérgico recordatorio de la presidenta Sheinbaum al actual embajador estadounidense, Ronald Johnson, sobre su obligación de mantenerse al margen de los asuntos políticos internos de México.— Ciudad de México.
Periodista
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