El anuncio de Estados Unidos de no extender el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en los términos originalmente previstos ha generado preocupación e interpretaciones equivocadas.
Conviene precisar que el tratado no desaparece ni deja de estar vigente. Las reglas comerciales continúan operando y el intercambio entre los tres países mantiene el marco jurídico que lo ha regulado desde 2020.
Lo que realmente cambia es la naturaleza del acuerdo. En lugar de otorgarle una extensión de largo plazo, se abre la posibilidad de realizar revisiones anuales. Puede parecer una diferencia meramente administrativa, pero en realidad modifica uno de los activos más valiosos que ofrecía el tratado: la certidumbre.
La economía moderna no depende únicamente de precios, costos o tasas de interés; también depende de las expectativas. Una empresa que invierte para las próximas décadas necesita reglas estables para recuperar esa inversión. Por ello, la certidumbre constituye un activo económico.
El T-MEC no solo eliminó barreras comerciales; también ofreció estabilidad para invertir. Con revisiones anuales, las empresas deberán incorporar un nuevo factor de riesgo: la posibilidad de que las reglas comerciales cambien con mucha mayor frecuencia.
Este cambio refleja una transformación mucho más profunda de la economía mundial.
Durante más de tres décadas predominó la idea de que la producción debía localizarse donde fuera más eficiente. Los menores costos, la productividad y las ventajas comparativas guiaban las decisiones de inversión y el libre comercio se convirtió en uno de los principales motores del crecimiento económico.
Hoy esa lógica sigue siendo importante, pero ya no es suficiente. La seguridad económica, la competencia tecnológica, la resiliencia de las cadenas de suministro y la geopolítica influyen tanto como la eficiencia en las decisiones de inversión.
En este nuevo entorno, la incertidumbre adquiere una dimensión distinta. Mientras que para las empresas representa un costo, desde la perspectiva de la geopolítica económica constituye un instrumento de poder.
La posibilidad de revisar el acuerdo de manera permanente permite incorporar nuevos temas a la agenda, exigir ajustes o renegociar compromisos conforme evolucionan los intereses nacionales. La estabilidad deja de ser un objetivo en sí mismo y la incertidumbre pasa a formar parte de la estrategia.
En ese contexto, quien posee mayor peso económico dispone también de una mayor capacidad para influir en las reglas del juego.
La respuesta de México no puede limitarse a reaccionar ante cada nueva revisión del tratado. La verdadera fortaleza dependerá de aumentar el peso estratégico del país dentro de América del Norte.
Los países no negocian únicamente con argumentos; negocian con aquello que los demás necesitan.
Durante muchos años se ha dicho que México necesita del mercado estadounidense. La afirmación es correcta, pero incompleta. También Estados Unidos necesita de México para mantener la competitividad de numerosas cadenas regionales de valor frente a Europa y Asia.
El reto consiste en fortalecer esa interdependencia mediante una mayor capacidad productiva, infraestructura, innovación, energía, talento y sectores industriales estratégicos que incrementen el peso económico del país.
Para Yucatán la reflexión también resulta obligada. Durante años se ha apostado a que la ubicación geográfica del estado, su cercanía con la costa este de Estados Unidos y la atracción de inversión extranjera serían suficientes para impulsar su desarrollo económico. Esa estrategia seguirá siendo importante, pero ya no será suficiente.
El estado necesita fortalecer a sus empresas, desarrollar proveedores locales, apostar por actividades intensivas en conocimiento y construir ventajas competitivas propias. La mejor manera de atraer inversión será contar con una estructura productiva fuerte que convierta a Yucatán en un socio atractivo por lo que produce, por la calidad de su capital humano y por su capacidad de generar valor agregado.
Para México y para Yucatán, el desafío consiste en dejar de depender exclusivamente de la certidumbre que puedan ofrecer los acuerdos comerciales y comenzar a construirla desde su propia fortaleza económica.
Ello exige una política industrial de largo plazo que identifique sectores estratégicos, impulse la innovación, fortalezca las capacidades tecnológicas y desarrolle empresas nacionales más competitivas.
En un entorno donde la geopolítica condiciona cada vez más a la economía, la mejor posición negociadora no se construye esperando reglas favorables, sino fortaleciendo la capacidad productiva, tecnológica y económica del país.— Mérida, Yucatán.
Profesor de la Facultad de Economía de la Uady y coordinador del Cuerpo Académico Comercio y Relaciones Internacionales