Agua y abejas son indispensables para la vida. Y necesitan ser protegidas.
La Península de Yucatán tiene la reserva de agua subterránea más grande de todo México (y, probablemente, del mundo). En la región fluyen tres familias de aguas: las cálcico-sulfatadas en el sur, la sódica-clorurada en la costa y la cálcico-carbonatada en gran parte de la península. Sólo esta última es apta para consumo humano (Bautista et al., “Amenazas, vulnerabilidad y riesgo de contaminación de las aguas subterráneas en la península de Yucatán”, 2011). El 38% del volumen de agua que se aprovecha en Yucatán proviene de la zona conocida como Anillo de cenotes.
Por su parte, las abejas no solo producen miel, cera y otros productos disfrutados por humanos y otras especies, sino que también son agentes polinizadores que hacen posibles numerosos cultivos y el equilibrio ecológico de la región. Así como la Península de Yucatán es rica en agua, también lo es en diversidad de abejas. Un estudio realizado por Eric Vides y colaboradores, publicado en 2019, registró hasta 125 especies diferentes de abejas en parcelas donde se practica milpa. En contraste, en campos dedicados a monocultivos como soya, sorgo y maíz, sólo encontraron 56 especies de abejas (Vides et al. “Polycultures, pastures and monocultures: effects of land use intensity on wild bee diversity in tropical landscapes of southeastern Mexico”, 2019).
A pesar de su importancia, tanto el Anillo de cenotes como las abejas en la península se encuentran bajo amenaza, debido principalmente a actividades agroindustriales. El uso de plaguicidas y fertilizantes en la agricultura ha contaminado el agua subterránea, los suelos, la vegetación y los cuerpos de los habitantes de la región, particularmente de mujeres y hombres mayas. La soya producida en el noreste del estado y en municipios como Hopelchén, en Campeche, tiene como uno de sus destinos la industria porcícola, cuyos desechos, cargados no solo de coliformes fecales, nitrógeno y fósforo, sino también de hormonas y antibióticos, igual han contribuido a la contaminación del agua, suelo, aire de la región.
Particularmente, el Anillo de cenotes es una región extremadamente vulnerable a la contaminación debido a varias razones. Los suelos dominantes en la zona, los Leptosoles, son muy delgados y porosos, por lo que no pueden retener sustancias contaminantes como sí pueden hacerlo otros suelos más gruesos y arcillosos. Asimismo, la zona debe su nombre precisamente a la gran cantidad de cenotes, que exponen directamente al acuífero. Otros factores, como la poca distancia entre la superficie y el manto acuífero, y la precipitación en la zona, contribuyen a la extrema vulnerabilidad del Anillo de cenotes.
Por su vulnerabilidad y su importancia como fuente de abastecimiento de agua para el estado, el gobierno de Yucatán declaró la zona de recarga del Anillo de cenotes como Reserva estatal geohidrológica en 2013. Sin embargo, esta figura de protección no ha sido suficiente. En una investigación publicada en 2015, Ángel Polanco y sus colaboradores detectaron la presencia de plaguicidas organoclorados por encima de los límites máximos permitidos en cenotes de la zona, lo que representa un riesgo para la salud humana y ambiental. Algunas de las concentraciones más altas se hallaron en municipios de la zona de recarga, como Tecoh (Polanco et al., “Contamination by organochlorine pesticides in the aquifer of the Ring of Cenotes in Yucatán, México”, 2015). Estudios más recientes han documentado la presencia de metales pesados, microplásticos y otros contaminantes en cenotes de la región.
En 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales registró en su Dictamen diagnóstico ambiental de la actividad porcícola en Yucatán 77 coordenadas de posibles granjas porcícolas y 323 naves de cerdos confinados, principalmente en los municipios de Acanceh y de Hoctún. La Semarnat diagnosticó que algunos de los municipios de la zona de recarga, como Acanceh, Timucuy y Hocabá, se encuentran en condición crítica o de atención urgente.
Al tiempo que la Semarnat daba a conocer su Dictamen diagnóstico, en marzo de 2023 ocurrió “una de las peores catástrofes ambientales documentadas en la historia” de Hopelchén: en la comunidad de San Francisco Suc Tuc se encontraron más de 2,600 colmenas muertas y otras 700 en la comunidad de Oxa. De acuerdo con el análisis realizado por Rémy Vandame, investigador de El Colegio de la Frontera Sur, la aplicación del insecticida fipronil fue la causa de la intoxicación. Lamentablemente, éste no ha sido el único episodio de mortandad masiva de abejas en la península. Hace un año, apicultores de Nohalal, Tekax, reportaron la muerte de 99 colmenas en 5 apiarios. De nuevo, la causa fue, según el informe toxicológico elaborado por Jaime González, Eric Vides y Rémy Vandame, el fipronil. Y, el mes pasado, el Diario reportó que apicultores del sureste del estado “denunciaron que el uso de agroquímicos ha devastado decenas de apiarios por el crecimiento de la actividad industrial en cultivos”.
La contaminación del agua subterránea y la muerte masiva de abejas son dos de las expresiones de lo que organizaciones de la sociedad civil se han referido como una emergencia socioambiental en la Península de Yucatán, marcada también por la deforestación, la pérdida de diversidad de semillas, la sobreextracción de agua y material pétreo y la destrucción de hábitats. En marzo de este año, el entonces Relator especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, Marcos Orellana, respaldó en su declaración de cierre de misión de visita oficial a México que “una declaración de emergencia sanitaria y ambiental (en la Península de Yucatán) podría destinar recursos para la aplicación de una política pública que pudiera reparar los daños y asegurar la no-repetición”.
La contaminación del agua y la muerte de abejas también forman parte de procesos globales más amplios. Según el estudio “Bancarrota hídrica global”, elaborado por Kaveh Madani para la Universidad de Naciones Unidas y publicado este año, alrededor del 70% de los grandes acuíferos del mundo presentan tendencias de declive a largo plazo, degradándose por salinización, contaminación por nitratos y plaguicidas. Por su parte, en 2016, la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas publicó un informe en el que advirtió que hasta el 16.5% de los polinizadores vertebrados y más del 40% de los invertebrados están amenazados, lo que pone en riesgo a su vez hasta el 35% de la producción agrícola mundial.
Ante este panorama, organizaciones mayas de Homún y Hopelchén, con el acompañamiento jurídico de Utsil Kuxtal, han presentado demandas de amparo en contra de la instalación y funcionamiento de una megagranja porcícola en el Anillo de Cenotes, así como para el reconocimiento de dicha zona y las abejas de Hopelchén como sujetos de derechos. Aunque se han obtenido sentencias favorables en juzgados de primera instancia, estas no han sido implementadas. Las sentencias también se han quedado cortas en su alcance (sin entrar al fondo del reconocimiento del Anillo de cenotes y las abejas como sujetos de derechos).
Por eso, resulta un “hecho histórico”, como publicó el Diario, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera atraer los juicios de amparo presentados por las organizaciones mayas y Utsil Kuxtal. Aunque puede resultar un tanto extraño que ecosistemas y especies sean reconocidas como sujetos de derecho, debemos recordar que diversas entidades no humanas, desde empresas hasta buques, han gozado de personalidad jurídica, lo que les permite tener representantes legales que actúen en su nombre.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el año pasado en su también histórica Opinión consultiva OC-32/25 “Emergencia climática y derechos humanos”, que “se requiere adoptar una perspectiva sistémica e integradora que se ve significativamente fortalecida cuando se reconoce a la Naturaleza como sujeto de derechos” y que reconocer a la “Naturaleza como sujeto de derechos no introduce un contenido ajeno al corpus iuris interamericano, sino que representa una manifestación contemporánea del principio de interdependencia entre los derechos humanos y el ambiente”. Una interpretación que, además, “se alinea con los avances del derecho internacional ambiental, que ha afirmado principios estructurales como la equidad intergeneracional, el principio precautorio y el deber de prevención”.
Es de celebrarse que la Suprema Corte haya decidido atraer los juicios sobre el Anillo de cenotes y las abejas como sujetos de derechos. Esperamos que emita también sentencias favorables, que reconozcan que los derechos humanos son interdependientes del agua subterránea y de las abejas.— Mérida, Yucatán
rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM