No incurramos en la mezquindad de sostener que, en materia de corrupción, la Cuarta Transformación (4T) es igual a los gobiernos anteriores. Sin duda, hay avances en ese rubro, y el mejor ejemplo es la austeridad existente en los más altos estratos del poder en México.
Sin embargo, tampoco caigamos en el triunfalismo de pretender que la corrupción ha sido expulsada del sector público, porque tampoco es así. Al contrario, hay escándalos de corrupción y, también, sospechosas muestras de opulencia que contrastan con la austeridad que pregona la 4T.
Los escándalos se acumulan, gravitan sobre Morena y le restan simpatizantes, si bien no hacen mella en la alta aprobación que posee la presidenta Claudia Sheinbaum. El electorado percibe claramente y valora la honestidad y la austeridad de la mandataria.
El aspecto más negativo de las corruptelas es que se denuncian, se aportan elementos de prueba y en muchos casos no pasa nada. Y quienes debieran hacer que pase algo, parecen ignorar que la impunidad es el gran motor de la corrupción.
Uno de esos casos es el del senador Adán Augusto López Hernández, quien fue retirado de la coordinación de Morena en el Senado después de la detención de un excolaborador suyo en el gobierno de Tabasco. ¿Tiene o tuvo vínculos con La Barrredora tabasqueña? No se sabe y debería saberse… pero no hubo investigación exhaustiva de la FGR sobre el político morenista.
¿Y la gobernadora Mara Lezama y sus decenas de viajes familiares en aviones privados de una proveedora del Gobierno de Quintana Roo? Nada, no pasa nada.
Estos y otros casos alimentan la narrativa de que la 4T combate la corrupción, pero protege a los suyos.
Por supuesto, la corrupción no es exclusiva de la 4T y Morena. También se da en gobernantes y militantes de otros partidos. Un ejemplo es el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlverda (MC), a quien —entre otras imputaciones— se le acusa de triangular recursos del gobierno de Nuevo León hacia empresas proveedoras y luego hacia un despacho jurídico vinculado con el gobernador y su familia.
En este caso sí pasan cosas. Cosas como estas: 1) La Suprema Corte de Justicia admitió una controversia constitucional presentada por el Gobierno de Nuevo León y ordenó que el Congreso estatal no ejecute una eventual separación del cargo o inhabilitación mientras se resuelve el caso. 2) La esposa de Samuel, Mariana Rodríguez, también incluida en las denuncias contra el gobernador, encabeza las preferencias del electorado para ser gobernadora.
¿Y qué decir de Alejandro Moreno Cárdenas, exgobernador de Campeche y actual presidente del PRI?
Está acusado de peculado, uso indebido de atribuciones, usurpación de funciones y enriquecimiento ilícito, entre otros cargos, y está sujeto a un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados para retirarle el fuero, pero el procedimiento duerme el sueño de los justos. No pasa nada, pues, y muy probablemente así seguirá, porque al parecer la 4T no quiere que se victimice.
517 denuncias, 53 procesados
El pasado martes 22 de septiembre, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aportó cifras que refuerzan la percepción del “no pasa nada”: ha presentado en lo que va del sexenio 517 denuncias ante la FGR por presuntos actos de corrupción, de las cuales apenas el 10 por ciento (53 casos) han derivado en vinculaciones a proceso.
No se sabe si ese bajo porcentaje se debe a deficiencias de la FGR o a que, como ha ocurrido otras veces, los casos no están debidamente fundamentados y, en consecuencia, no ha lugar a proceder.
Comoquiera, el hecho es que no pasa nada… o casi nada.
El gobierno federal —anunció la secretaria Raquel Buenrostro— prepara una reforma para evitar que actos de corrupción queden sin sanciones por prescripción, ello mediante la reducción de plazos y límites a los tiempos de investigación.
Buenrostro explicó que la propuesta busca cerrar vacíos legales y ajustar los tiempos de los procedimientos, para impedir que una irregularidad o violación a la ley prescriba antes de que pueda ser sancionada.
La propuesta es positiva, apunta en la dirección correcta, pero no nos hagamos ilusiones. El problema de este país no son las leyes, algunas de ellas incluso ejemplares, sino su aplicación, la falta de cumplimiento. Sea por desidia de quienes deben hacerlas cumplir, sea por no afectar a correligionarios, sea porque los corruptos comparten con los juzgadores los frutos de su corrupción, o por cualquier otro motivo, pero las leyes se incumplen.
Hagamos votos, con todo, para que en materia de corrupción deje de prevalecer el “no pasa nada”.— Ciudad de México.
Periodista
El problema de este país no son las leyes, algunas de ellas incluso ejemplares, sino su aplicación, la falta de cumplimiento.