Pasó el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que no puede seguir pasando desapercibida ante la gravedad de lo que representa. La realidad de las personas desaparecidas en México duele a todo el país. Detrás de cada número existe una persona, una familia, una historia y una vida que merece ser buscada hasta encontrar la verdad.
Es necesario comprender las causas de este fenómeno y, sobre todo, acompañar solidariamente a las familias que continúan buscando a sus seres queridos.
Ellas necesitan ser escuchadas con empatía, que se haga justicia y que exista una reparación integral por los daños cometidos. Necesitan cercanía en su incansable esfuerzo por conocer la verdad y apoyo ante el dolor que enfrentan.
La desaparición de una persona no es un problema privado. Es una crisis pública y humanitaria que fractura profundamente el tejido social. El Estado tiene una obligación ética, jurídica y constitucional de proteger a sus ciudadanos y garantizar su seguridad. Cuando una persona desaparece, los mecanismos de prevención, seguridad e investigación han fallado de alguna manera.
Si en una desaparición participan agentes del Estado, la responsabilidad es directa y exige investigación, sanción y reparación. Si detrás se encuentra el crimen organizado, también existe una responsabilidad institucional: fortalecer la seguridad, recuperar el control territorial, combatir las redes criminales y garantizar investigaciones eficaces.
Derecho
La búsqueda de personas es un derecho humano. México tiene obligaciones derivadas del dereo internacional, incluida la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, que exige prevenir, investigar, sancionar y reparar estos hechos, además de garantizar el derecho de las víctimas y sus familias a conocer la verdad.
No se puede exigir a una familia que haga el trabajo que corresponde a las instituciones. Los familiares no cuentan necesariamente con tecnología especializada, capacitación forense, personal investigador ni recursos financieros para realizar búsquedas, excavaciones o investigaciones criminales. El Estado sí dispone de instituciones, ministerios públicos, policías, fiscalías, servicios forenses y recursos públicos para hacerlo.
Apoyar incondicionalmente a las familias también significa evitar la revictimización. Resulta profundamente injusto insinuar que una persona desaparecida “andaba en malos pasos” o que, de alguna manera, provocó su propia desaparición. Nadie pierde su dignidad por desaparecer. Toda persona tiene derecho a ser buscada y toda familia tiene derecho a saber qué ocurrió.
De acuerdo con el derecho internacional, la desaparición forzada constituye un delito complejo que puede involucrar la privación de la libertad —mediante detención, secuestro u otra forma de captura—, seguida de la negativa a reconocer esa privación o del ocultamiento del paradero de la persona, colocándola fuera de la protección de la ley. En distintos contextos, además, la desaparición ha sido utilizada como mecanismo de intimidación, control y miedo contra personas defensoras de derechos humanos, activistas, opositores o comunidades.
La paz no es solamente la ausencia de conflicto; también es la presencia de justicia. Para alcanzarla necesitamos cambios estructurales y atacar las causas profundas de la violencia: desmantelar redes de trata y reclutamiento forzado, combatir la impunidad y ofrecer alternativas educativas, laborales y económicas reales a nuestros jóvenes.
Los colectivos de familiares deben estar en el centro del diseño de las leyes y políticas públicas de búsqueda. El principio debe ser claro: sin las familias, no.
En Yucatán, colectivos de familiares de personas desaparecidas han contabilizado más de 300 casos. Son madres, padres, hermanos, hijos y amigos que no se resignan y que se niegan a dar por perdido a un ser querido.
La desaparición de personas en México es una auténtica tragedia. Solo quienes viven este suplicio pueden comprender plenamente su dimensión.
Queremos un México de paz. Pero no habrá verdadera paz mientras haya familias buscando a sus seres queridos.
Detrás de cada número hay una persona con dignidad. Detrás de cada desaparecido hay una familia que espera respuestas.
Esta crisis no puede seguir creciendo. Se requiere coordinación efectiva entre los distintos órdenes de gobierno, instituciones que funcionen y autoridades que escuchen.
El Estado tiene una responsabilidad irrenunciable. Pero la sociedad también tiene una tarea: acompañar, exigir, solidarizarse y no permitir que ninguna desaparición sea olvidada.—Mérida, Yucatán
Correo: mariomaldonadoes@gmail.com
@mariomaldonadoe
*Especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa