CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA (*)
“Se presta a suspicacias”. “Es un despilfarro de recursos públicos”. “Se debió invertir en cosas más productivas”. “Exigimos transparencia”. Imprecisiones y falta de claridad en hechos y cifras generan dudas en torno a la compra de antiguas tierras ejidales, ahora propiedad de particulares, para destinarlas en parte al improductivo Tren Maya. El gobierno se resiste a aclarar.
Sin aviso a la opinión pública, el 13 de agosto de 2025 la administración de Joaquín Díaz Mena pacta la compra, con pago a plazos, de un terreno en Umán identificado con el número 6961-D. Se escritura en la suma de 2,418 millones de pesos y se hace un primer pago de 63 millones. La operación permanece vigente hasta su “cancelación” casi un año después, en junio de 2026.
El mismo 13 de agosto de 2025, en otra operación ante notario, el predio 6961-D se vende, junto con otros “tablajes”, en 18.5 millones de pesos. Más de un año después, el 2 de octubre de 2026, el gobierno formaliza la donación del 6961-D y otros terrenos al magno proyecto ferroviario. La aprueba, con la imposición de la mayoría morenista, el Congreso del Estado.
Diario de Yucatán informa el 2 de octubre sobre la donación. No se limita a lo que comunica el gobierno, investiga en fuentes oficiales e informa de la operación de 2,418 millones de pesos realizada en agosto de 2025. Se habla de seis predios donados y de que los lotes son parte de compraventas hechas con un empresario y un banco, según escrituras de reserva de dominio (bit.ly/3TPToZW).
Surgen las primeras dudas: ¿Cuál fue el criterio para seleccionar estos predios de Umán? ¿Hubo otros propietarios o terrenos considerados antes de elegir esta operación? ¿Cuál es el monto total que pagará el gobierno del Estado y cuál fue el avalúo que determinó ese precio? (bit.ly/4eogEoU) El periódico envía a la autoridad amplio cuestionario, con esas y otras preguntas, pero no le responden.
El martes 6 de octubre, en la “mañanera” quincenal que preside Díaz Mena, el gobierno asegura, sin demostrarlo, que Diario de Yucatán miente. El responsable de Comunicación Social confirma que sí se compró una extensión mayor, que solo una parte se donó al Tren Maya y revela una nueva cifra: se hicieron dos compras de tierras en Umán, en 2025 y 2026, por 627.2 millones (bit.ly/4yHPLV5).
Al estilo de sus patrones del Centro, el gobierno no aclara, intenta desacreditar al Diario, afirma que no es correcta la cifra de 2,418 millones que publica el periódico y reconoce la compra a un particular de amplia extensión de antiguas tierras ejidales (290.27 hectáreas), “que recibirá los proyectos de inversión que hoy acompañan a esta administración” (bit.ly/4yLHm3c). No ofrece detalles.
Ante Díaz Mena, el funcionario enviado al frente informa que las 56.5 hectáreas donadas al Tren Maya costaron 125.3 millones y que a los inversionistas involucrados se les pagaron 245 millones. No explica a quién se pagó entonces la diferencia de 382 millones entre los 627.2 millones que él mismo informó en ese momento y los supuestos 245 millones pagados a particulares.
LAS LAGUNAS
Al informar de la “mañanera”, Diario de Yucatán profundiza el mismo 6 de octubre en las crecientes lagunas legales alrededor de las oscuras compras e insiste en que el gobierno debe aclararlas, comenzando con la “cancelada” operación de 2,418 millones de agosto de 2025. En los sectores legislativo, empresarial y académico se levantan voces que exigen transparencia (bit.ly/4yHwsex).
El gobierno tampoco contesta los nuevos planteamientos del Diario, pero “misteriosamente” el 7 de octubre se publica en el portal del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán un oficio de “rectificación” que cambia la cifra de 2,418 millones —pactada por el predio 6961-D en agosto de 2025 y luego “cancelada” en junio de 2026— por la de 245 millones (bit.ly/3TOVDNk).
¿Por qué no informa con detalle el gobierno de Yucatán? ¿Qué tratan de ocultar? ¿Cuántos recursos del “pueblo” se han utilizado en estas operaciones? ¿Son 2,418, 627.2 o 245 millones de pesos? ¿Quién recibió realmente ese dinero? ¿De dónde salieron los recursos para pagarlos? ¿Por qué se optó por la compra y no la expropiación, como es común con el Tren Maya?
¿Por qué le huyen a la rendición de cuentas? “La transparencia no debilita a los gobiernos, los fortalece; es la mejor forma de generar confianza”, afirmó David Reyes Aguiar, presidente de Coparmex Mérida, al opinar sobre esa turbia operación de compraventa que favorece, en parte, al subsidiado proyecto ferroviario. Las dudas y suspicacias aumentan durante la semana.
TRANSPARENCIA
¿Qué otras inversiones pudieran hacerse con esos 2,418 —o 627.2— millones de pesos? ¿Por qué no se sienten obligados a informarnos? Una democracia se debilita cuando la información pública se convierte en patrimonio de los gobernantes, cuando la propaganda —como las “mañaneras”— sustituye a la transparencia y cuando disminuyen los contrapesos independientes.
A los regímenes populistas de corte autoritario les incomoda la claridad en la administración pública. La discrecionalidad facilita la asignación de contratos, subsidios, obras y apoyos sin suficiente justificación pública, como ha sucedido desde 2024 con las autoridades de Yucatán y su denominado “gobierno paralelo”. La administración estatal nos debe una explicación detallada.
La transparencia distribuye poder entre los ciudadanos y las instituciones de vigilancia; la opacidad permite concentrarlo en quienes gobiernan. ¿Qué preferimos? La claridad no depende de la buena voluntad del gobernante, sino de órganos y procedimientos que obligan a informar, aunque la información resulte políticamente incómoda. Tenemos derecho a saber.
En una democracia, la transparencia no consiste en que quien gobierna informe de lo que quiere que sepamos, sino en que los ciudadanos conozcan lo que tienen derecho a saber. No basta con elegir al gobernante, es necesario también que lo vigilemos y le exijamos resultados. Se esperaría una explicación del gobierno de Díaz Mena. Ahí están las preguntas.— Mérida, Yucatán
direcciongeneral@grupomegamedia.mx / Apartado especial en el sitio web del Diario: yucatan.com.mx (https://bit.ly/4diiiFP)
(*) Director general de Grupo Megamedia
¿Cuál es el mensaje del texto?
El mensaje central del escrito es que la transparencia no es una concesión de los gobernantes, sino una obligación democrática y un derecho irrenunciable de los ciudadanos. Quienes administran recursos públicos deben rendir cuentas, explicar sus decisiones y demostrar que el dinero de la sociedad se utiliza con legalidad, eficiencia y en beneficio colectivo.
A partir de las contradicciones y la falta de claridad en millonarias operaciones inmobiliarias del gobierno de Yucatán, destinadas parcialmente al Tren Maya, el texto advierte sobre los peligros de la opacidad, la discrecionalidad y la resistencia de las autoridades al escrutinio público. Cuestiona que, en lugar de ofrecer explicaciones documentadas, el gobierno intente desacreditar a quienes investigan y exigen respuestas. La falta de información alimenta las sospechas, debilita la confianza ciudadana y abre interrogantes sobre el posible uso indebido de los recursos públicos.
La reflexión de fondo trasciende el caso de Umán: una democracia no se sostiene únicamente mediante elecciones, sino también con instituciones independientes, vigilancia ciudadana y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Cuando los gobernantes controlan la información y deciden unilateralmente qué debe conocer la sociedad, concentran poder y debilitan los contrapesos democráticos.
En esencia, el escrito plantea una advertencia y una exigencia: el dinero público no pertenece a los gobernantes, la información pública tampoco. Ambos pertenecen a la sociedad, que tiene el derecho de saber y la responsabilidad de exigir cuentas.