Una iniciativa de reforma a la Constitución en el Senado busca dar reconocimiento explícito a los afromexicanos como parte de la “composición pluricultural de la Nación”
La mexicanidad se suele explicar como el resultado del encuentro de los pueblos originarios de esta zona de América y los colonizadores españoles. Se tiende a olvidar o restar valor a la herencia africana en la construcción de la identidad nacional e incluso se le cree inexistente en sociedades como la yucateca, a pesar de que está documentada la huella de África en la Península desde la Conquista.
En el siglo XX la diáspora cubana elevó en el Sureste el número de afrodescendientes, que en los últimos años también ha aumentado por la migración de personas originarias de Estados Unidos, Belice, República Dominicana y países del Continente Negro, entre otros.
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Factores como el desconocimiento de la Historia y los prejuicios hacen invisible a la afromexicanidad, con efectos perniciosos para la población, que no goza plenamente de los derechos que las leyes consignan.
El interés en atender esta situación motivó a los senadores Susana Harp y Martí Batres, del Movimiento de Regeneración Nacional, a proponer en octubre de 2018 una iniciativa de reforma al artículo 2 de la Constitución, que, de aprobarse, en el inciso C diría: “Se reconoce como parte de la composición pluricultural de la Nación a los pueblos afromexicanos, a sus comunidades y reagrupamientos sociales y culturales, cualquiera que sea su autodenominación. Por equiparación a los indígenas, se les reconocen los mismos derechos a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social”.
Harp y Batres explican en la iniciativa que “el bajo nivel de reconocimiento que en su calidad de afrodescendientes se les confiere, tanto desde la perspectiva normativa como desde el ámbito de las políticas públicas, ha propiciado un fenómeno de invisibilidad que los expone, muchas veces, a condiciones de discriminación institucional y, en general, a situaciones de exclusión y vulnerabilidad”.
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El reconocimiento explícito en la Constitución daría a los afromexicanos un “paraguas jurídico” que garantizaría el respeto de sus derechos y permitiría implementar políticas públicas en su beneficio, explica Said Jalife Jacobo, doctor en Ciencias por la Unidad Mérida del Cinvestav e investigador de la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión (Incytu).
Anteriormente, recuerda, personas afromexicanas acudían a solicitar apoyos a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y se les negaban con el argumento de que no pertenecían a una etnia.
El actual Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ya incluye entre sus beneficiarios a los afromexicanos, que, sin embargo, siguen sin ser reconocidos por otros organismos.
En 2015 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) incluyó por primera vez en un censo preguntas sobre el perfil sociodemográfico de los afromexicanos, indica Jalife Jacobo.
Los datos de esa Encuesta Intercensal y la Encuesta Nacional sobre Discriminación que en 2017 encabezaron el Inegi y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) confirman las condiciones desfavorables de los afromexicanos respecto al resto de la población, como que uno de cada seis de ellos es analfabeta (casi el triple del promedio nacional), ocho de cada 10 está afiliado al Seguro Popular en lugar del IMSS o Issste (el índice nacional es de cuatro de cada 10) y solo el 15.2% de ellos (la mitad del porcentaje nacional) gana al día el equivalente a tres salarios mínimos.
“Por el contexto histórico y la discriminación es difícil que las personas se autoidentifiquen como afromexicanas. No ha habido ningún trabajo por consolidar esa identidad, más bien se les ignora”, apunta el investigador.
“El único criterio que se toma en cuenta para decir que una persona es afromexicana es el autorreconocimiento. Si se le clasifica por apariencia se cae en un acto discriminatorio. La afromexicanía es un asunto de identidad, no de características físicas”.
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En la encuesta de 2015, 1.400,000 personas se identificaron como afromexicanas, que en su mayoría viven en Guerrero, Oaxaca y Veracruz. En Yucatán, un total de 2,555 se reconoció como afrodescendiente.
Naciones Unidas declaró Decenio Internacional para los Afrodescendientes al período 2015-2024. En este marco se promueve el cumplimiento de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, que establecen medidas para combatir la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.
Al ser uno de los países que adoptaron la declaración, México tiene el compromiso de hacer “que se reconozca su cultura, se respete su patrimonio y se incentive su participación en todos los niveles: cultural, económico, político, social”, precisa el investigador.
“Ha habido grandes aportaciones de esta población, aunque no se mencionen como afromexicanos en los libros de Historia a Juan Correa, pintor novohispano; José María Morelos y Vicente Guerrero”.
“Se ignora que la influencia llega a la gastronomía: el café y la sandía son herencias africanas. También, las palabras que se han adaptado al lenguaje: chamba, marimba. Y se preservan costumbres como la Danza de los Diablos y el Son de Artesa”.
“Entender nuestro pasado nos permite ser un país incluyente”, enfatiza Jalife Jacobo. “La construcción de la identidad nacional fue resultado de la contribución de muchas personas”.— Valentina Boeta Madera