MADRID (EFE).— El gobierno de España dio un paso histórico ayer al aprobar el anteproyecto de una ley contra la violencia vicaria, una iniciativa pionera a nivel mundial que busca atender de manera integral esta forma de violencia.
“Se trata de la primera norma en el mundo que aborda este fenómeno de forma completa”, destacaron desde el Ejecutivo español.
La violencia vicaria es aquella en la que el agresor utiliza a terceros, principalmente a hijos menores, para causar daño a la mujer.
En España, “65 menores han sido asesinados desde 2013 en contextos de violencia vicaria”, de acuerdo con los datos oficiales. El caso más recordado fue el doble crimen de 2011 cometido por José Bretón contra sus hijos Ruth y José, que conmocionó a la sociedad.
El Ejecutivo, integrado por socialistas y el partido Sumar, subrayó la necesidad de dar este paso legislativo.
“Con esta ley buscamos erradicar una violencia cruel que daña donde más duele: en los hijos”, señalaron las fuentes gubernamentales. El texto será enviado a consulta de órganos del Estado antes de su debate en el Congreso.
España ya fue referente en 2004 con la promulgación de Ley Integral contra la Violencia de Género. Hoy, la nueva ley coincide con esfuerzos de países latinoamericanos.
Ejemplos para España
“México, Colombia, Chile y Argentina han avanzado en distintas reformas, pero España da el primer paso con una norma específica”, remarcaron los especialistas en la materia.
En México, por ejemplo, “el Senado aprobó en 2023 penas de hasta cinco años por violencia vicaria”, y en Colombia se incorporó al marco jurídico con la Ley 1257.
Chile y Argentina también han actualizado sus legislaciones, mientras que en Ecuador los proyectos aún no prosperan, aunque se mantienen en debate.
En Europa, la violencia vicaria no está tipificada de manera explícita. “Se aborda bajo el marco de violencia doméstica o de género, pero carece de un reconocimiento propio en los códigos legales”, detallaron expertos.
Las directivas de la Unión Europea exigen medidas de protección, pero no mencionan expresamente este fenómeno. El gobierno español insiste en la urgencia de esta ley pionera.
“Queremos dar respuesta a una violencia silenciada durante demasiado tiempo”, afirmaron representantes del Ejecutivo, subrayando que la meta es blindar a los menores y garantizar justicia para las víctimas.