Yucatán encabeza las estadísticas nacionales de suicidio. Sin embargo, hay una población cuyo riesgo permanece invisible en las políticas públicas locales: las personas autistas.
No es una especulación, la evidencia es clara y contundente. Estudios poblacionales a gran escala reportan que el riesgo de morir por suicidio es de cuatro a nueve veces mayor en personas autistas en comparación con la población general.
A esto se suma algo menos conocido: el camuflaje, estrategia mediante la cual las personas autistas ocultan activamente sus rasgos para encajar socialmente.
El camuflaje agota, enferma y aísla, ya que, ante el esfuerzo excesivo que implica, produce ansiedad, depresión y sentimientos de confusión sobre la propia identidad. Los adultos autistas que se camuflan tienen ocho veces más probabilidades de hacerse daño que quienes no lo hacen. El problema no es menor. Este riesgo no está nombrado en el marco normativo local.
Omisión
La Ley de Salud Mental del Estado de Yucatán cuenta con un capítulo dedicado a la atención del fenómeno suicida y otro a grupos vulnerables, pero ninguno menciona al autismo como factor de riesgo diferenciado.
La Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas Autistas, publicada apenas en febrero de 2026, tampoco lo contempla.
Dos leyes recientes, dos omisiones que se refuerzan mutuamente.
En un estado que se distingue por una tasa de suicidio que fácilmente duplica la media nacional, esta ausencia no es un olvido menor ni una omisión técnica. Es una brecha que cuesta vidas. Nombrar el autismo dentro de las estrategias de prevención del suicidio en Yucatán no es un gesto simbólico. Es el primer paso real para cerrar esa brecha y salvar vidas que hoy, en silencio, están en riesgo.
Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM. Becario del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis).