EL CAIRO (EFE).- Un tribunal egipcio aplazó hoy la lectura de la sentencia del juicio por la masacre de la plaza cairota de Rabaa, en la que murieron cerca de 900 personas tiroteadas por la policía en 2013.

El magistrado Hasan Farid, del Tribunal Penal de El Cairo, aplazó la lectura de la sentencia al próximo 28 de julio alegando “motivos de seguridad” que hicieron imposible llevar hoy a la corte a los 739 acusados.

La lectura de la sentencia estaba prevista para hoy, coincidiendo con las celebraciones del quinto aniversario de las protestas masivas del 30 de junio de 2013, en las que el Ejército egipcio se escudó para llevar a cabo un golpe de Estado tres días después.

El Gobierno del presidente Abdelfatah al Sisi se refiere a esos hechos como “la revolución del 30 de junio.”

El macrojuicio aborda los hechos ocurridos el 14 de agosto de 2013 en torno al desalojo violento de la acampada islamista de la plaza de Rabaa al Adauiya, en la que se encontraban miles de seguidores del presidente Mohamed Mursi, derrocado por los militares el 3 de julio de ese año.

Cerca de 900 manifestantes murieron ese día tiroteados por la policía cuando trataba de dispersar la protesta, en los hechos más sangrientos ocurridos después del golpe de Estado.

Entre los 739 acusados en el juicio se encuentran dirigentes de los Hermanos Musulmanes, grupo islamista al que pertenece Mursi y que ahora es considerado terrorista por las actuales autoridades de El Cairo.

También se sienta en el banquillo de los acusados el fotoperiodista Mahmud Abdelshakur abu Zeid, conocido como “Shawkan“, que fue detenido mientras fotografiaba la matanza y recientemente ha sido galardonado con el premio de libertad de prensa de la Unesco.

Todos ellos están acusados de asesinato intencionado, intento de asesinato, reunión ilegal, posesión de armas y municiones sin licencia, oponer resistencia a las fuerzas de seguridad, entre otros delitos que pueden ser castigados con la pena de muerte.

Amnistía Internacional criticó ayer duramente el sistema judicial egipcio por este proceso, que considera “injusto” y que “viola la confianza en la Constitución” egipcia.

Según la ONG, la fiscalía no ha presentado pruebas que establezcan responsabilidades individuales sobre los crímenes imputados a los acusados.