Analizan los casos de abuso sexual acusados en Chile
SANTIAGO DE CHILE (AP).— Los obispos chilenos comenzaron ayer una asamblea extraordinaria para tratar los escándalos de abuso sexual y encubrimiento que afectan a la iglesia local y buscar caminos que los ayuden a salir del escándalo.
La severidad de la crisis que salpicó a esta institución se agravó hace una semana cuando un fiscal citó al arzobispo de Santiago y cardenal Ricardo Ezzati a declarar en un proceso judicial como imputado por presunto encubrimiento de abusos a menores de edad.
La citación a un arzobispo y cardenal a declarar como acusado en una acción judicial es inédita en Chile.
El fiscal Emiliano Arias lo requirió porque su excanciller Óscar Muñoz está detenido por al menos cinco abusos sexuales reiterados y estupro. Ezzati era jefe directo de Muñoz hasta el mes de enero pasado.
Sobre lo que puede esperar de la asamblea, Juan Ignacio González —obispo de San Bernardo, al sur de Santiago— dijo que no hay nada definido. “Es la primera vez que nos reunimos después de la reunión de abril, entonces tenemos que conversar, vernos entre nosotros”.
De esa forma contradijo a varios colegas que han señalado que sí se han reunido con los feligreses.
Fernando Ramos, secretario general de la Conferencia Episcopal, indicó que tras la citación del Papa a Roma en abril “hemos venido trazando un camino de discernimiento para asumir los desafíos que nos plantea”.
Los 31 obispos chilenos activos renunciaron en abril en El Vaticano luego de reunirse con el papa Francisco, quien los acusó de no ocuparse de los niños abusados sexualmente y, por el contrario, de dañarlos más, de romper documentos comprometedores, de preocuparse por sí mismos y alejarse de los feligreses chileno.
El Pontífice ya aceptó la renuncia de cinco y nombró administradores apostólicos en las diócesis vacantes.
Se esperaba que la renuncia de Ezzati fuera aceptada después de septiembre, aunque algunos analistas como Marcial Sánchez creen que el Papa debe apurar la salida.
Desde hace un par de meses casi todas las semanas surgen nuevas acusaciones de encubrimientos de abusos, la mayoría mantenidos en silencio por los obispos que se amparan en que la ley canónica y civil no los obliga a denunciar.
Un detallado informe de la Fiscalía Nacional del lunes pasado señala que al menos 266 personas, en su mayoría niños, fueron agredidas sexualmente por curas, religiosos de varias congregaciones y un puñado de laicos vinculados a escuelas, donde sucedieron la mayoría de las agresiones de 1960 a la fecha.