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SEÚL (AP).— Adam Crapser vive en incertidumbre en el país que lo vio nacer pero con el que no tuvo contacto desde que tenía tres años.

Separado por la fuerza de su esposa, sus hijos y amigos en Estados Unidos, no conoce el idioma ni la cultura de Corea del Sur y no sabe cómo manejarse en esta ciudad a la que llegó luego de que Estados Unidos lo deportó, cuatro décadas después de que una familia estadounidense lo adoptó.

Crapser era víctima de abusos y dos parejas de padres adoptivos lo abandonaron en Estados Unidos.

Problemas legales

Las  autoridades lo deportaron porque tuvo algunos problemas legales, ya que nadie le había sacado la ciudadanía.

Crapser demandó al gobierno sudcoreano y a la agencia de adopción que lo envió a Estados Unidos, Holt Children’s Services, con sede en Seúl, a los que acusa de negligencia grave por la forma en que se arregló el envío de miles de niños coreanos a Estados Unidos y otros países occidentales.

Expone un lado oscuro

La demanda es por 200 millones de wons (unos 177.000 dólares). El hombre saca a la luz el lado oscuro de las adopciones de niños sudcoreanos que estuvieron en boga en las décadas de 1970 y 1980.

El país estaba en medio de una política de “exportación de menores” promovida por una dictadura militar para reducir la cantidad de bocas que había que alimentar. No hubo control de lo que hacían las agencias de adopción, que cometían irregularidades y falsificaban documentos en su afán por sacar niños del país.

El caso de Crapser pone de manifiesto el posible status inmigratorio ilegal de miles de sudcoreanos adoptados por estadounidenses que tal vez no les sacaron la ciudadanía, exponiéndolos a la deportación si cometen algún delito en el marco de políticas cada vez más severas hacia los inmigrantes sin papeles.

Nulo esfuerzo

Activistas dicen que el gobierno sudcoreano no hace nada por rastrear a los adoptados deportados y que la cifra real seguramente es más alta. Las autoridades no dan detalles acerca de los deportados.

Las demandas contra el gobierno por cuestiones de derechos humanos pueden durar años en Corea del Sur y rara vez tienen éxito.

Crapser dice que no busca dinero, sino que quienes cometieron irregularidades asuman sus responsabilidades.

Además, sostiene que tanto el gobierno como la agencia Holt no se aseguraron de que los estadounidenses que adoptaban a los sudcoreanos les sacaban la ciudadanía.

Dado que no era ciudadano, el servicio de inmigración lo deportó en noviembre del 2016 por una serie de delitos, incluidos posesión de armas sin permiso y agresión.

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