Grupo denuncia intimidación del gobierno chavista
CARACAS (EFE).— Las detenciones arbitrarias y la intimidación a los periodistas en Venezuela tienen “un carácter masivo e indiscriminado”, denunció este miércoles la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
“Las detenciones arbitrarias y la intimidación verbal tienen un carácter masivo e indiscriminado. Ocurren en cualquier parte del territorio y a cualquier hora”, recoge un informe presentado en la 76 Asamblea General de la SIP que se celebra de forma virtual.
Además, el reporte destaca que “no hay donde reclamar por esos atropellos porque los organismos oficiales están cerrados”.
El informe también alerta que los militares y los policías impiden la libre circulación de los periodistas, por ello, las unidades móviles y los reporteros son secuestrados o atacados.
“Les amenazan, les roban sus teléfonos, les borran las imágenes o sonidos, los golpean y los detienen. Fueron decenas los periodistas que permanecieron secuestrados por días, sin que sus abogados o familiares reciban alguna información sobre su lugar de encierro y su condición de salud”, destaca el informe de la SIP.
Según el informe, la fuerza pública y los grupos paraestatales tiene como objetivo “crear miedo y zozobra entre los periodistas”.
“Hubo casos en que más de 20 encapuchados, portando armas largas y porras, golpearon a un periodista y lo despojaron de sus pertenencias” en este 2020, subrayan.
Entre las agresiones contra periodistas, el pasado 7 de enero y mientras la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) vivía una caótica jornada, varios periodistas, incluido el corresponsal del diario español “El País” Francesco Manetto, fueron agredidos a las afueras del Palacio Legislativo por personas identificadas por sus atuendos y consignas como simpatizantes del chavismo, un caso que no menciona el informe.
Asesinato
El reporte de la SIP recuerda que el 21 de agosto fueron asesinados Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres, de Guacamaya TV en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, durante un presunto operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Este grupo, adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ha sido acusado de cometer ejecuciones extrajudiciales desde su fundación en 2016 y la ONU ha reclamado su disolución.
El 23 de agosto, el director de Guacamaya TV, Franklin Torres, aseguró al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) que una comisión policial “entró a la sede el canal de forma violenta y luego de los asesinatos, decomisó todos los equipos de la planta televisiva”.
El “Informe Sombra” sobre libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información, publicado en julio pasado e incluido en el reporte de la SIP, también denuncia el abuso sistemático del poder del Estado, agresiones violentas, ataques y amenazas, desinformación, falta de transparencia y censura.
Por ello, 2019 fue “el peor año para el periodismo”. Durante esos doce meses, se emitieron 642 alertas, un 228 % más que el año anterior.
El informe de la SIP recoge una serie de amenazas y detenciones a periodistas que se produjeron en los últimos meses en Venezuela.
Entre ellas están las recibidas por el periodista Luis Gonzalo Pérez, quien, el 1 de abril, recibió amenazas en su teléfono de seis números distintos que mencionaban a su familia y su dirección.
Charito Roja, que trabaja en Unión Radio, recibió amenazas en sus redes sociales luego de ser mencionada por el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en su programa “Con el mazo dando”, en el que suele amenazar e insultar a periodistas.
Otro periodista, Darvinson Rojas, fue detenido durante 12 días entre marzo y abril por informar sobre la pandemia y no revelar su fuente de las estadísticas de los casos de Covid-19. Posteriormente, fue liberado con medidas cautelares.
Además, durante el operativo policial, también fueron arrestados sus padres y puestos en libertad horas después.