BARCELONA, España.   (EFE).- Los asesores jurídicos del Parlamento de la región de Cataluña consideran que el plazo de dos meses para la convocatoria de nuevas elecciones, si en ese plazo no ha sido elegido un presidente autonómico, aún no ha empezado a correr.

El informe de los letrados de la Cámara catalana era muy esperado dados los escasos avances en la definición de quién puede ser el nuevo presidente regional.

El pasado 30 de enero el presidente del “Parlament“, Roger Torrent, aplazó sin fecha el pleno previsto para el debate de investidura de Carles Puigdemont, candidato de la mayoría independentista, pero instalado desde finales de octubre en Bruselas para eludir la acción de la Justicia española, que le persigue por rebelión y sedición.

Puigdemont quería que el debate fuera a distancia y no presencial, opción que el Tribunal Constitucional rechazó de modo cautelar, por lo que Torrent pospuso el debate y pidió a los letrados un informe acerca de si ha empezado el plazo legal de dos meses para la elección de un nuevo presidente catalán antes de disolver la Cámara.

El documento elaborado por los asesores jurídicos dice que ese plazo no ha empezado a correr, al menos hasta la resolución definitiva del Tribunal Constitucional sobre la investidura – que puede demorarse meses – y dejan en manos de Torrent activar ese período si se prolongara el bloqueo político.

En el informe no aparece la firma del letrado mayor del “Parlament“, lo que ratifica las discrepancias internas registradas en los últimos días sobre el contenido del documento.

El texto señala que “si se prolonga la situación de interinidad o bloqueo institucional con posterioridad a la decisión del TC, se podría considerar que el presidente del Parlament se encuentra facultado para activar el inicio del plazo para la convocatoria automática de elecciones mediante una comunicación a la Cámara en la que constatase la imposibilidad de investidura.”

Según el informe, Torrent también dispone de la capacidad para iniciar otra ronda de contactos entre las fuerzas parlamentarias para proponer un candidato que no fuera Puigdemont.

Los partidos independentistas negocian estos días un acuerdo y, según diversos analistas, se abre paso la opción de que Puigdemont no sea candidato ante su negativa a comparecer en la Cámara – tiene un orden de detención si pisa suelo español – y se plantee otro nombre.