BARCELONA, España.- Aumenta la tensión en Cataluña, tras la detención preventiva, el pasado lunes, de siete personas en posesión de sustancias para la fabricación de explosivos y la inminente sentencia judicial contra líderes independentistas del proceso de 2017.
El presidente regional, Quim Torra, y el Parlamento catalán, acusan al Gobierno central de intentar desacreditar al independentismo pacífico, mientras la autoridad nacional señala la falta de sanción contra la violencia.
Reacción parlamentaria
La noche del jueves, el Parlamento catalán aprobó una serie de resoluciones independentistas, una de las cuales apoya “la legitimidad de la desobediencia civil e institucional” para defender “derechos civiles, políticos y sociales”.
La sesión parlamentaria fue especialmente tensa y el portavoz del partido antiindependentista Ciudadanos, Carlos Carrizosa, fue expulsado del pleno, y al salir fue secundado por sus compañeros de partido, que integran el grupo más numeroso en la cámara catalana.
El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, tras su reunión semanal de gobierno, decidió impugnar las resoluciones catalanas, porque suponen una “clara extralimitación y un ataque a la convivencia”, afirmó en rueda de prensa Isabel Cealá, portavoz del Gabinete.
Integrantes de los CDR, ¿Terroristas?
Celaá también exigió que el presidente regional Torra condene con claridad a los miembros de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) contra siete de los cuales un juez de la Audiencia Nacional española decretó prisión preventiva, acusados de terrorismo y otros delitos.
Los siete radicales fueron detenidos el lunes pasado en posesión de sustancias precursoras para fabricar explosivos (alguno de los cuales ya habían probado en lugares deshabitados) y de fotografías y mapas de posibles objetivos.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, consideró “preocupante” la reacción de los responsables regionales catalanes, ya que “parece que la gente obvia que estamos en un Estado de derecho”.
Marlaska, en unas declaraciones radiofónicas, recalcó que la operación policial fue “profesional” y estuvo dirigida en todo momento por un juez de la Audiencia Nacional.
Juicio a independentistas
Todo esto ocurre cuando están a punto de cumplirse dos años del ilegal referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.
Además, el parlamento catalán – donde los independentistas tienen una estrecha mayoría – defendió en otra resolución el uso de la “desobediencia civil e institucional” como respuesta a la inminente sentencia del Tribunal Supremo en el juicio a doce líderes del fallido proceso independentista de hace dos años.
Esa sentencia podría hacerse pública en la primera mitad del próximo mes de octubre.
El parlamento regional catalán aprobó en una de sus resoluciones de ayer una respuesta a esa sentencia que pase por el “ejercicio del derecho a la autodeterminación” y por reclamar una “amnistía” en caso de que haya condenas.
Pancarta de apoyo a separatistas
Otro punto de fricción es la pancarta que el Gobierno regional catalán mantenía a favor de los doce acusados por ese juicio, a los que denomina presos políticos, en la fachada de su sede, en pleno centro de Barcelona.
La pancarta fue retirada la tarde de hoy, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenara a la policía regional catalana su retirada “de forma inmediata“, ya que se considera que viola la neutralidad de las instituciones de cara a las próximas elecciones del 10 de noviembre.
Torra, que había ignorado un requerimiento previo, ya tiene pendiente un juicio por no retirar a tiempo la misma pancarta, tras una solicitud formal de la Junta Electoral Central, antes de los comicios legislativos del pasado 28 de abril.