La sociedad civil y los poderes públicos comenzaron ayer una nueva lucha contra la corrupción en Yucatán con una seria advertencia: “a los funcionarios corruptos se les acabó su tiempo”.
Esto lo dijo el presidente de los comités de Participación Ciudadana y de Coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), abogado Eduardo Antonio Ancona González.
El directivo de la sociedad civil también fue muy claro cuando dijo que la entrada en vigor del Comité de Coordinación, que llevará las riendas de todo el SEA, no es para iniciar una cacería de brujas ni de entregar la cabeza de funcionarios menores con tal de simular que se combate la corrupción.
Se trata de que a partir de ahora haya una vigilancia del buen uso del dinero público, que los funcionarios actúen bien, que las obras públicas se realicen bajo los lineamientos y con el costo real, que se pongan al alcance de la sociedad los datos que por ley deben ser públicos.
También que los ciudadanos estén dispuestos a denunciar y señalar, y las autoridades a investigar, perseguir y castigar.
Ancona González presidió la sesión de instalación del Comité de Coordinación del SEA en el patio central de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Como invitados estuvieron el gobernador Rolando Zapata Bello y los presidentes del Congreso y del Poder Judicial estatales, diputada Celia Rivas Rodríguez y magistrado Marcos Celis Quintal.
Asimismo, los integrantes de los dos organismos ciudadanos que dirigirán esta nueva maquinaria ciudadana contra la corrupción, legisladores de las distintas fuerzas políticas y representantes de la sociedad plural.
Ancona González dijo que los asistentes son testigos de la entrada en funciones del SEA y del surgimiento a la vida pública de uno de los pilares que sostendrá este nuevo organismo: el Comité de Coordinación.
“Como muchos empresarios saben, la corrupción se traduce económicamente en un impuesto más, pues el dinero que se va para pagar en derecho de piso, en diezmo y demás linduras termina siendo pagado por los ciudadanos”, señaló el abogado en su discurso.
“Al momento que el gobierno y los empresarios deben destinar más recursos a los programas y proyectos, saben que parte de ese dinero se perderá por culpa de la corrupción”.
“Este flagelo no sólo afecta económicamente, sino que daña la confianza de la sociedad y de manera terrible a la democracia porque la falta de acción efectiva de las autoridades propicia que haya desconfianza en las instituciones”, expresó.
Los representantes de los tres poderes del Estado realizaron un recuento de cómo apoyaron a la creación del SEA, las reformas a las leyes y la elección de los mejores perfiles ciudadanos para que dirijan la lucha contra la corrupción.
La diputada Celia Rivas destacó que este evento no fue para presumir un logro, sino para responder al llamado de la ciudadanía que está cansada de la corrupción y demanda un organismo cien por ciento ciudadano, autónomo y con las herramientas para investigar, perseguir, castigar y combatir de una vez por todas el mal llamado corrupción, que lastima a la administración pública y golpea la confianza en la procuración e impartición de justicia.
“Lejos de ser un problema sólo entre el funcionario y el ciudadano que actúan deshonestamente a cambio de favores, la corrupción se ha vuelto, a nivel nacional, un verdadero problema que afecta directamente las finanzas públicas y el propio bolsillo de los ciudadanos”, reconoció.
La presidenta de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo estatal recordó que hoy todos son iguales ante la ley porque los funcionarios, desde los alcaldes hasta el gobernador, no gozan de fuero constitucional.
Por ello, hizo un reconocimiento a los diputados porque a pesar de las naturales diferencias políticas, lograron un sistema anticorrupción fuerte, con atribuciones y facultades para combatir la corrupción.
“Estamos ante la oportunidad histórica de responder a los ciudadanos combatiendo frontalmente este flagelo, que no puede ni debe ser permitido, sea cual sea el partido político, corriente o ideología que se encuentre en el poder”, recalcó.
El gobernador también hizo un reconocimiento a los diputados por lograr los consensos que dieron vida al SEA y las reformas a las leyes que permitirá un régimen perfeccionado de fiscalización de la cuenta pública y la reconfiguración de los delitos para sancionar a los servidores públicos que incurran en irregularidades.
También dijo que el sistema anticorrupción es un avance sin precedentes, ahora se cuenta con organismos que trabajarán para dar resultados.
Sin embargo, expuso, es necesario que los individuos encargados de la administración pública actúen con total transparencia y comprendan el sentido profundo de lo que significa tener la responsabilidad del manejo de los recursos públicos, actuar con estricto apego a la ley y sancionar a los que no la cumplan.
“Reconozcamos con franqueza que estos dos comités y el sistema serán vistos por toda la sociedad como el principal paso para el combate a la corrupción”, señaló el mandatario. “Su trabajo será como peso y contrapeso y claves en la consolidación del nuevo andamiaje institucional de combate a la corrupción”.
La fiscalización, indicó, será la llave para preservar la confianza ciudadana en el combate a la corrupción y el control de los recursos públicos, pero de manera paralela deberán fomentar una cultura de la integridad y comportamiento ético desde el servicio público.— Joaquín Chan Caamal
Otro orador fue el magistrado Celis Quintal, quien señaló que el Poder Judicial trabaja para combatir este cáncer social y aplicar su código de conducta, aseguró.
Comités Anticorrupción
Otro orador fue el magistrado Marcos Celis Quintal, titular del Poder Judicial en Yucatán.
Problema social
La corrupción, señaló, constituye un obstáculo para el desarrollo económico y social del país, es un problema que asfixia a México.
Organismo
Con la instalación del Comité Coordinador del SEA y el respaldo de las instituciones queda claro que de ahora en adelante habrá “cero tolerancia a la corrupción”, expuso el funcionario.
Trabajo prioritario
El sistema judicial juega un papel sumamente importante porque la posibilidad de corrupción suprime la condición de que los jueces actúen con independencia e imparcialidad, dos atributos claves de la administración de justicia, recalcó. Por eso, la lucha contra las conductas indebidas de la función jurisdiccional debe ser prioritaria.