CIUDAD DE MÉXICO.— Especialistas electorales, ex consejeros y actores políticos advirtieron sobre los riesgos, ambigüedades y posibles implicaciones políticas de la reforma de nulidad electoral impulsada por Morena, la cual podría discutirse en un periodo extraordinario del Congreso de la Unión.

La iniciativa plantea ampliar las causas de nulidad de una elección para incluir la denominada “injerencia extranjera”. El concepto abarcaría desde propaganda y financiamiento ilegal provenientes del exterior hasta actos de presión política o vulneraciones al territorio nacional por tierra, mar o aire.

Sin embargo, expertos consultados por el periódico Reforma consideraron que la propuesta podría utilizarse como un mecanismo político para blindar electoralmente al partido en el poder ante posibles señalamientos internacionales relacionados con el crimen organizado.

El especialista electoral Jorge Alcocer sostuvo que la iniciativa parece estar orientada a fortalecer la permanencia de Morena en el gobierno federal. Añadió que la propuesta podría funcionar como un “blindaje” político ante eventuales derrotas electorales en futuros comicios federales.

“Puede tratarse de un blindaje, no de integridad de las elecciones, sino de un blindaje de Morena en caso de que pierda la mayoría de la Cámara de Diputados en 2027 o la Presidencia en 2030”, señaló.

Temor a declaraciones de Donald Trump

Otro de los especialistas consultados fue Luis Carlos Ugalde, ex presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE). Consideró que la propuesta surge del temor de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emita declaraciones o ejerza presión política durante procesos electorales mexicanos.

Ugalde recordó que Trump ha intervenido verbalmente en asuntos políticos de otros países. Aclaró que no existe evidencia reciente de una intervención estadounidense directa en elecciones mexicanas.

“¿Por ponerlo en la ley vamos a evitar que lo haga? No vamos a evitarlo”, expresó.

El ex consejero sostuvo que incorporar este tipo de disposiciones a la Constitución podría generar conflictos jurídicos debido a la dificultad para medir el impacto real de opiniones o declaraciones extranjeras sobre el electorado mexicano.

“Lo único que vamos a hacer es crear un problema jurídico en México porque ni siquiera sabemos si esa opinión que pueda darse en el futuro tenga o no un efecto en el electorado”, indicó.

Impacto político

Afirmó además que existe preocupación dentro del gobierno federal y Morena por el impacto político que pudieran tener acusaciones relacionadas con el narcotráfico.

“Me parece que legislar sobre esto en la Constitución es un exceso”, dijo, “por un temor que existe en el Gobierno y en Morena de que la presión de Trump con comentarios de que en México gobierna el narco se pueda usar para decir: ‘miren, por eso perdí la elección’. Ése es el tema”.

El ex secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo, coincidió en que la propuesta contiene elementos ambiguos y advirtió sobre el riesgo de utilizar criterios políticos para invalidar elecciones.

“El problema es que, so pretexto de una injerencia extranjera, se usen criterios políticos arbitrarios y se pueda anular una elección o anular casillas cuando no convenga el resultado”, declaró.

¿Qué es una injerencia extranjera?

Jacobo subrayó que deberían existir parámetros y pruebas claras para definir qué puede considerarse una injerencia extranjera y distinguir entre información verídica, opinión pública y manipulación política.

Desde la oposición, la legisladora panista Kenia López Rabadán criticó la iniciativa. Afirmó que podría convertirse en una herramienta para limitar la libertad de expresión y consolidar una sola visión política en el país.

Las críticas también alcanzaron otra de las propuestas vinculadas a la reforma: la creación de una comisión encargada de detectar candidatos con posibles vínculos delictivos.

El consejero electoral Martín Faz consideró que se pretende trasladar al INE funciones relacionadas con seguridad e inteligencia, áreas que —dijo— no corresponden a la autoridad electoral administrativa.

“Nos están trasladando la responsabilidad, el problema”, afirmó.

Crimen organizado en la política

Reconoció que existe preocupación legítima sobre la infiltración del crimen organizado en procesos políticos y candidaturas. Sin embargo, advirtió que involucrar al INE en tareas de seguridad representa un riesgo institucional.

“Involucrar a la autoridad administrativa en mecanismos que tienen que ver con temas de seguridad e inteligencia, sinceramente es riesgoso e incorrecto”, señaló.

Martín Faz también cuestionó la efectividad de la eventual comisión. Explicó que al final serían los propios partidos políticos quienes decidirían si mantienen o no las candidaturas observadas.

Con información de Erika Hernández, para Reforma.