La seguridad la debe garantizar el gobierno, señalan
La seguridad e integridad física de las personas son derechos plasmados en normas y leyes y la responsabilidad de garantizarlas es del Estado, señaló el doctor Freddy Espadas Sosa.
Por tanto, apuntó, ante el aumento de los robos y asaltos el Estado no debe quedarse cruzado de manos, sino hacer una revisión de las estrategias operativas, los ajustes necesarios o diseñar medidas para restaurar la tranquilidad en Yucatán.
El también profesor de la Uady, dijo que es preocupante un dato que publicó el Diario a raíz del asalto en una residencia en Privada Campestre: en mes y medio ocurrieron 5 asaltos en casas de gente adinerada con un botín superior a los $4 millones.
Hace unos años,recordó, se planteó la necesidad de sectorizar la ciudad y establecer dos subsedes de la Secretaría de Seguridad Pública dotados de policías bien adiestrados, equipados y con un patrullaje intenso y de contacto con la ciudadanía.
El gobierno debe consultar a los expertos para una revisión o establecimiento de nuevas estrategias para evitar que empeore la seguridad pública, sugirió.
“A mi juicio, están fallando los esquemas de vigilancia, se nota un aflojamiento de los patrullajes, quizá por el encarecimiento de la gasolina, pero es importante el patrullaje para que la ciudadanía vea que la seguridad está garantizada, no es aceptable que se relaje la vigilancia por la falta de gasolina”, indicó. “No estoy de acuerdo con que los propios vecinos asuman su autoprotección como quieren hacer por medio de la policía vecinal; los colonos estamos para colaborar, no para hacer funciones policiacas”.
El doctor en Educación también señaló que ahora se deben usar más los sistemas de inteligencia militar y policiaca para evitar que Yucatán se contamine de la delincuencia que afecta a Quintana Roo e identifique posibles células de la delincuencia organizada.
Sobre la liberación de detenidos por los jueces estatales y federales, señaló que cree que hay corrupción en la aplicación de la justicia, mala interpretación de las leyes o el nuevo sistema de justicia oral está fallando”.
“Hay un foco rojo en la aplicación de la justicia y esto no es a nivel local, sino nacional”, indicó. “La policía pudiera cumplir con su trabajo de contención de los delitos y captura de delincuentes, pero en el procedimiento ministerial y judicial se observa una especie de colusión con los delincuentes, porque son liberados con facilidad”.
El sistema de justicia oral fue producto de la moda de las reformas constitucionales y les fue fácil cambiar el mecanismo de justicia, pero ahora se observa que benefician al delincuente, apuntó el entrevistado. Sin embargo, precisó que él no es especialista en materia penal, por lo que debieran consultar a los abogados profesionales y estudiosos no a los abogados aplaudidores porque seguro dirán que está bien.— Joaquín Chan Caamal.