Luz verde a las reformas
Durante la clausura del tercer período ordinario del tercer año de ejercicio constitucional, y a propuesta de la diputada priista Celia Rivas Rodríguez, la LXI Legislatura avaló por unanimidad la integración de la Diputación Permanente.
Ésta se instaló al finalizar la sesión ordinaria y estará en funciones hasta el 31 de agosto, quedando de la siguiente manera: Daniel Granja Peniche, presidente; Marco Novelo Rivero y David Barrera Zavala, secretarios; Celia Rivas, vicepresidenta; y Enrique Febles Bauzá y Marbellino Burgos Narváez, secretarios suplentes.
Los diputados también aprobaron por unanimidad reincorporar a Evelio Dzib Peraza (PRI) y Jazmín Villanueva Moo (Morena) a las comisiones permanentes, de las cuales eran integrantes antes de solicitar licencia.
La jornada se inició a las ocho de la mañana con la lectura del orden del día, seguido de la lectura de la síntesis del acta de la sesión con fecha 11 de julio.
Entre los asuntos en cartera, las fuerzas políticas aprobaron por unanimidad la ratificación de José Luis Sánchez González como consejero consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey) por un nuevo período de tres años.
Para ocupar los espacios restantes en la Codhey se eligieron con 21 votos a favor a Yuli Chapur Zahoul, con 23 votos a Anel Rosado Lara y con 20 votos a Mauricio Estrada Pérez.
El PRI, PAN, Panal y PVEM avalaron crear la nueva Ley de Videovigilancia, que establece que las personas tienen el derecho a ser informadas de los lugares donde se realizan estas actividades, así como recibir información accesible y precisa para ejercer sus derechos a la intimidad y protección de datos personales.
El priista Antonio Homá Serrano explicó que la nueva Ley de Videovigilancia propone regular su funcionamiento local y los criterios para su adquisición, ubicación, instalación, administración y gestión de su operación, así como el uso de la información.
Además, dijo, se reforma la Ley de Desarrollo Inmobiliario para que los fraccionamientos estén obligados a instalar cámaras de videovigilancia y se refuerce la seguridad pública y convivencia pacífica.
Con voto en contra, Jazmín Villanueva Moo, de Morena, señaló que el dictamen no contenía elementos propios de un análisis de profundidad ni la opinión de expertos u organizaciones civiles, por lo que carece de un análisis comparativo.
Se aprobó también por unanimidad crear la Ley de Salud Mental, de la cual el panista Manuel Díaz Suárez indicó que servirá para abatir la depresión, enfermedades mentales y el suicidio, dotando de una herramienta legislativa que permita afrontar los trastornos mentales como epidemia y hacer justicia a todas las personas con estos padecimientos.
Luego informó que en Yucatán el número de consultas por depresión aumentó en un 50 por ciento, se han registrado 134 suicidios en 2018, cada 33 horas un yucateco se priva de su vida y han superado los motivos de muerte por arriba de los accidentes y los homicidios.— Luis Iván Alpuche Escalante
Congreso Normas
Ayer fue la clausura del tercer período ordinario de sesiones en la LXI Legislatura yucateca.
Garantía a pacientes
“La nueva Ley de Salud Mental cuenta con 100 artículos para la importancia del respeto irrestricto a los derechos humanos de los pacientes, así como garantizar a ellos y sus familias la alimentación, vestido y alojamiento, pero sobre todo un tratamiento digno que les permita el control de su padecimiento y, de ser posible, su recuperación y reincorporación al tejido social”, indicó el diputado panista Manuel Suárez Díaz, promotor de esa iniciativa.
Tema preocupante
Por su parte, Evelio Dzib Peraza, legislador del PRI, señaló que la expedición de esta ley reforzará las acciones del Ejecutivo estatal, impulsando con estrategias campañas y políticas públicas contra el suicidio, además de que tiene total viabilidad técnica y jurídica, por lo que será una herramienta útil para atender los problemas relacionados con un tema que preocupa a la sociedad yucateca como es la salud mental.