No les llega el dinero
En 2006, luego de un litigio de 12 años, los entonces líderes del ejido de Chuburná cobraron casi siete millones de pesos a los vecinos del fraccionamiento Los Álamos, como indemnización por haber construido sus casas en terrenos que los ejidatarios reclamaban como suyos, aunque parte de esos recursos nunca llegó a los socios.
Los dirigentes se quedaron con la mitad de ese dinero, denunciaron entonces miembros del ejido.
Trece años después, los actuales dirigentes ejidales encabezados por Baltazar de los Reyes Huchim Ramos y su asesora jurídica, Rebeca Buenfil Méndez, exfuncionaria de la Procuraduría Agraria, han denunciado a más de 170 vecinos de los fraccionamientos Del Arco y Vista Alegre, integrados en un polígono, junto con Los Álamos que, según ellos, pertenece al ejido, y les han pedido también el pago de una indemnización a cambio de no quedarse con sus casas.
Hasta antes de 2017, cuando empezaron las denuncias contra estos colonos en el Tribunal Agrario, el ejido de Chuburná nunca había hablado de los terrenos de Los Arcos o de Vista Alegre como suyos, “pero ahora que ya no hay más tierras que vender, inician estas demandas”, dice Carlos Chan Maas, exintegrante de ese ejido.
Independientemente de la legalidad de éstas, detrás de la reciente maniobra de los líderes ejidales y de su asesora, podrían esconderse irregularidades, como las que ocurrieron en 2006, añade Chan Maas.
De acuerdo con datos recabados por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, en 2007, el entonces comisario ejidal de Chuburná, Miguel Antonio Molina y Sansores, denunció penalmente al exdirigente Marcelino Vergara Polanco por un presunto desfalco de unos $3 millones, por concepto de las indemnizaciones recibidas de Los Álamos.
Datos incluidos en el expediente del juicio TUA-34-55-94, iniciado por ese ejido en contra de los vecinos y el constructor de ese fraccionamiento, confirman que Marcelino Vergara Polanco cobró por concepto de contraprestación económica $6.900,079.20.
Cobros
A la Inmobiliaria Urbe, S.A. de C.V., constructora del fraccionamiento, le cobró $4.883,533.60 por la venta de 62 predios y de 28 particulares recibió $2.016,545.60.
Los $6.900,079.20 los debió repartir en partes iguales entre los 305 ejidatarios con derechos agrarios vigentes.
Los ejidatarios dividieron esa cantidad entre el número de campesinos con derecho a recibir el dinero que entonces eran alrededor de 305. A cada uno debieron tocarle $22,623.21. Sin embargo, Vergara Polanco solo entregó $13,000 a cada campesino.
Con esas operaciones los campesinos concluyeron que el comisario saliente, Marcelino Vergara, tomó $3.065,000 porque no entregó la cantidad que debían recibir por la venta de tierras de El Álamo.
No solo, al parecer, el comisario se quedó con una parte del dinero, sino que no rindió un informe detallado y transparente sobre cuánto recaudó, cuánto repartió entre los ejidatarios y cuánta tierra disponible quedaba, añade Chan Maas.
En esa época, dice, ni el comisario ni nadie en el ejido hablaban que parte de los fraccionamientos Del Arco y Vista Alegre eran del ejido ni qué había pasado con los terrenos aledaños a Los Álamos, donde luego se estableció un supermercado y unas bodegas. “Nunca se nos dijo si se vendieron, se rentaron y a qué precio o que esos fraccionamientos ocupaban tierras ejidales”.— HERNÁN CASARES CÁMARA