La venta, por segunda vez en seis años, de la valiosa casona donde funcionó una escuela para invidentes en la calle 60 reabre la polémica sobre presuntas irregularidades cometidas en esa operación.
El inmueble originalmente perteneció a la Institución de Beneficencia Asilo Berzunza Gutiérrez para Carentes de Vista y ahora se prevé construir un “hotel boutique”.
Último deseo de la propietaria original del predio
De acuerdo con datos recabados por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, la propietaria original del predio, de 12,898 metros cuadrados de superficie, fue Consuelo Gutiérrez de Berzunza, fallecida en 1978, quien dispuso en su testamento la donación del terreno a una institución de beneficencia que atendiera a los carentes de vista más pobres.
Cumpliendo ese deseo, de 1980 a 2004 funcionó allí una escuela especializada, atendida por profesores incluidos en la nómina de la Secretaría de Educación Pública, que cerró sus puertas en el gobierno de Patricio Patrón Laviada por presuntas anomalías docentes y administrativas.
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En noviembre de 2013, tras 9 años de estar casi en el abandono, los entonces responsables de la institución de beneficencia, Bernardo Mier y Terán Gutiérrez y José Enrique Gutiérrez López, vendieron la casona —con 543 metros cuadrados de construcción y una declaración de monumento histórico— a Grupo Desarrollador Metrosur, en $20.5 millones, a razón de $1,589 el metro cuadrado.
Extraña coincidencia
Esa empresa compró en diciembre de ese año —para levantar el Centro Internacional de Congresos— cuatro predios en la calle 62, con una superficie conjunta de 10,514 metros cuadrados, en $24.018,556 (a $2,284 el metro cuadrado).
Luego revendió esa área al gobierno de Rolando Zapata Bello, en mayo de 2015, en $49.344,853, una diferencia del 105.4% en 17 meses.
La operación fue muy criticada por el sobreprecio y porque los apoderados y comisarios de Metrosur eran a la vez funcionarios del gobierno del Estado.
Entonces se manejó la presunción de que empleados públicos estuvieran detrás de la compra de la ex escuela.
Importante alza del precio en 6 años
En abril de 2019 Metrosur, con nuevos socios, vendió ese predio a la empresa Auralux Representaciones en $53.318,660, es decir, a $4,133.8 el metro cuadrado, una plusvalía de 160% en seis años.
Esta compañía, a su vez, está vinculada con otras relacionadas con el empresario José Chapur Zahoul, principal promotor del centro comercial Paseo 60, enfrente de la ex escuela de invidentes, donde ya funcionan dos hoteles.
Algunas versiones señalan que pretende construir en la casona un “hotel boutique”.
Denuncia de una maestra de la ex escuela
A raíz de esta última operación de compraventa, la profesora Teresita Espadas Cervantes, miembro del equipo docente de la escuela durante más de 20 años y experta en sistemas de enseñanza para personas carentes de vista y débiles visuales, denuncia que Mier y Terán Gutiérrez y Gutiérrez López no tenían facultades legales para vender ese predio, donado por Consuelo Gutiérrez específicamente para la atención de carentes de vista.
Además, afirma, lo hicieron a bajo precio: $1,589 el metro cuadrado, cuando su valor comercial era superior a los $4,000.
Añade que el producto de la venta de ese terreno no se invirtió en la tarea de atención a los invidentes ni se informó dónde quedó el dinero.
“La mano de Patricio Patrón”
“Yo veo la mano del exgobernador Patricio Patrón Laviada detrás de esa operación”, señala la profesora Espadas Cervantes.
“Él ordenó en 2004 el cierre de la escuela, una de las mejores de su tipo en el país, sin justificación válida, aunque ya desde entonces se hablaba de la vocación del local para convertirse en hotel”, apunta.
“Hubo una gran corrupción alrededor de esa venta. “Fue un despojo vil a los invidentes”, subraya.
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José Enrique Gutiérrez López, notario público número 87 y directivo de la institución de beneficencia, refuta a Teresita Espadas.
“Desde luego que sí estábamos autorizados legalmente para hacer la venta”.
Abandonada y sin dinero para el mantenimiento
Añade que, además, la casa estaba abandonada desde hacía años.
“La maleza había invadido los jardines y la humedad amenazaba sus paredes y techos”.
“La fundación no tenía dinero para pagar el mantenimiento del inmueble y los gastos urgentes salían de nuestra bolsa. Por eso la vendimos”, explica.
En lo que respecta al dinero, afirma que se encuentra en el banco y no se puede tocar.
La última voluntad de Consuelo Gutiérrez
El inicio de esta polémica data del 3 de octubre de 1978, fecha del fallecimiento de Consuelo Gutiérrez, quien en su testamento, realizado el 18 de diciembre de 1975 ante el notario Víctor Manuel Correa Rachó, dispuso que se constituyera una institución de beneficencia privada destinada a los indigentes carentes de vista.
Y legó el predio marcado con el número 333 de la calle 60 para que sea el local de la nueva institución que dispuso que se llamara Asilo Berzunza Gutiérrez para Carentes de Vista.
Esta donación se registró el 29 de julio de 1980 ante el notario Rubén Bolio Pastrana, a favor de la Institución de Beneficencia Asilo Berzunza Gutiérrez para Carentes de Vista.
El testamento de “la tía”
“El testamento dice claramente que la casa de la calle 60 es para la atención de personas pobres que no ven, a fin de que puedan recibir toda la atención necesaria, como ocurrió durante 24 años”, afirma Teresita Espadas Cervantes.
Añade que el primer presidente de la institución, Bernardo Mier y Terán Lejeune, y el albacea de la sucesión de Consuelo Gutiérrez, Enrique de Zavala y Díaz, decidieron cumplir con la voluntad de la señora.
Entonces ofrecieron la casa al profesor Santiago Navarro Silva, fundador de una escuela para carentes de vista en 1930 que funcionaba en un modesto local en la calle 65, frente a la Casa del Pueblo.
Sin embargo, según explica el notario Gutiérrez López, “la fundación originalmente, y así lo dijo la tía, no tenía un propósito educativo, sino recibir a familiares de invidentes que venían a Mérida a realizar alguna consulta o una intervención de tipo médico y luego, solo circunstancialmente, se vio la necesidad de integrar a los invidentes a una escuela”.
Traslado de la escuela a la casona
En 1980 la escuela de Navarro Silva, que tenía amistad con Consuelo Gutiérrez, se trasladó a la casona, aunque él falleció dos meses después, recuerda la profesora Espadas Cervantes.
No obstante, el plantel continuó. La SEP federal pagaba los sueldos de los profesores y el gobierno del Estado, por gestiones del profesor Navarro, entregaba de $12,000 a $15,000 mensuales.
La institución de beneficencia, por su parte, aportaba únicamente de $10,000 a $15,000 al año, apunta.
Gutiérrez López confirma este dato pero explica que esta falta de recursos se volvió un problema.
“La fundación nació muerta, por decirlo de algún modo. No tenía efectivo y el Gobierno Federal pagaba los sueldos de los maestros y el gobierno local daba una cantidad mensual, pero no los gastos de mantenimiento del inmueble”.
¿Mala administración?
“Cuando Bernardo (Mier y Terán Gutiérrez) y yo nos hicimos cargo de la institución nos topamos con el problema de que no tenía dinero ni siquiera para el mantenimiento”.
“Nosotros teníamos que dar los recursos para eso”.
Antes de vender la escuela, añade, con nuestro propio dinero pagábamos el chapeo del terreno, que en ocasiones llegaba a costar hasta $200,000, subraya.
“La casa se deterioraba rápidamente y su conservación corría por nuestra cuenta hasta que llegamos a un límite”.
Entonces, apunta, con los demás miembros de la institución decidimos vender la casa ante la imperiosa necesidad de obtener ingresos.
¿Pérdida de millones de pesos?
Por su parte, la profesora Espadas Cervantes relata que poco antes de la venta de la escuela “yo escuché versiones de que doña Consuelo dejó no sé cuántos millones de pesos, que se habrían perdido por una mala administración”.
“Escuché que los recursos no se invirtieron adecuadamente y los pesos no se cambiaron a dólares cuando vinieron las devaluaciones”.
“También oí que hubo una mala gestión de las joyas que dejó la señora Gutiérrez, valuadas en más de 90 millones de pesos”.
Empero, la entrevistada no precisa quiénes habría sido los responsables de estas anomalías porque, según ella, los primeros directivos de la fundación, Mier y Terán Lejeune y de Zavala y Díaz “cumplieron al pie de la letra el testamento de doña Consuelo”.
Afirma que la donante, antes de su fallecimiento, diseñó con su albacea una organización de beneficencia casi perfecta.
Cuantiosos bienes de “la tía Consuelo”
Gutiérrez López dice que, efectivamente, los bienes de “la tía Consuelo” eran cuantiosos.
Tenía todas las casas ubicadas en la calle 62 entre 33B y 35, desde donde estaba la oficina del licenciado Castilla hasta la esquina y después, doblando, dos o tres casas más.
“Estas casas se vendieron antes de que se formara la fundación, de manera que cuando ésta se constituyó solo se dio la casa de la 60”.
Opiniones encontradas sobre los directivos
“Incluso había una disposición de la tía de que los muebles de esa casa se subastaran entre la familia Gutiérrez y después entre el público en general, pero los directivos de la institución de entonces no avisaron a la familia”.
Sin embargo, dice el notario, estos directivos —Mier y Terán Lejeune y de Zavala y Díaz— no cumplían los deseos de doña Consuelo de que los encargados y miembros de la institución de beneficencia debían ser solo miembros de la familia Gutiérrez.
Empero, para la profesora Espadas Cervantes el primer presidente de la institución, Mier y Terán Lejeune, padre del actual presidente, fue un hombre “muy honesto, muy correcto, igual que el licenciado de Zavala y Díaz”.
“Ambos estaban muy dispuestos a la labor y a la obra de la escuela para invidentes que duró 24 años ininterrumpidamente”, insiste.
Planes para la atención de invidentes en todo el Estado
Añade que de 1980 a 2004 las maestras que laboraban en la institución, “principalmente la directora Mirna Navarro Basto, nieta del fundador y su servidora, diseñamos programas de atención para todo el Estado”.
“En algunos municipios abrimos casas-albergue, como en Tekax y Espita, e hicimos censos para detectar a niños con cataratas y salvarles la vista”.
“Durante 24 años trabajamos perfectamente”.
Según la entrevistada, con apoyo de la Sedesol impulsaron 12 programas en la escuela, incluyendo estrategia de prevención y planes educativos desde preescolar hasta primaria y secundaria para niños y jóvenes carentes de vista y preparatoria abierta para adultos.
“Fuimos los primeros en el país, mucho antes de que otros lo hicieran, de practicar el modelo educativo de integración, al grado de que la escuela era reconocida como la mejor de su tipo en México”.
Invidentes se van a la calle
A fines de 2004 estalló un conflicto en la escuela entre algunas maestras y la directora, donde también salieron a la luz anomalías administrativas.
En respuesta, el entonces gobernador Patrón Laviada ordenó el cierre del plantel y la creación, esta vez subsidiada totalmente por el gobierno, de una escuela nueva en otro punto de la ciudad.
“La clausura del plantel de la 60 fue inmediata”, recuerda la profesora Espadas Cervantes.
“Empleados del gobierno desalojaron a los maestros y a los demás trabajadores sin darles tiempo de sacar sus equipos e instrumentos”.
“Allí se quedaron más de 300 libros en sistema Braille, de la biblioteca del profesor Navarro, así como valioso material didáctico acopiado durante más de 50 años”.
“Fue una reacción excesiva”, lamenta. “”Si el problema era la directora, pues la hubiesen destituido, pero no cerrar el plantel”.
Patrón Laviada “abrió una escuelita”
Afirma que, en lugar de la escuela de la 60, Patrón Laviada abrió “una escuelita, la ‘Luis Braille’, habilitada para atender solo a niños y jóvenes hasta los 15 años.
“Y a los más grandes, ¿quién los atiende?”, pregunta.
“Los adultos de la escuela de invidentes fueron expulsados a la calle y ahora muchos se encuentran pidiendo caridad en el pasaje Emilio Seijo”.
“¿Y los jóvenes o adultos que acaban de perder la vista, qué pasa con ellos, dónde se educan?”.
“En ningún lado, porque Patrón Laviada los despojó de la escuela que ya tenían gracias a Consuelo Gutiérrez, quien siempre quiso impulsar una obra para atender a los más pobres”.
“Por esa decisión (del gobierno), ahora éstos se quedan en la calle y allí seguirán”.
Corrupción y ambición detrás de una venta
Según la maestra, detrás del cierre de la escuela estaba la corrupción y la ambición de un gobierno para el cual esa casa tenía vocación de hotel y por eso consideró necesario quitársela a los invidentes.
“A mí el propio Bernardo Mier y Terán Gutiérrez, que se dice sobrino de doña Consuelo, me dijo que el predio estaba valuado en 60 millones de pesos”.
“Por eso exageraron el conflicto en la escuela. Querían desalojar el local y cambiar a los alumnos a una escuelita para atender a los cieguitos, como ellos les llaman, y luego hacer un hotel”, insiste.
La venta del local de la escuela fue un acto de “gran corrupción, un despojo vil, donde hay demasiada gente involucrada”.
De acuerdo con información del Registro Público de la Propiedad, los representantes de la Institución de Beneficencia Asilo Berzunza Gutiérrez —Mier y Terán Gutiérrez y José Enrique Gutiérrez López—, vendieron la casa de la calle 60 a la empresa Grupo Desarrollador Metrosur, representado por Jorge Enrique Rosado Gegg, el 23 de noviembre de 2013, ante el notario Carlos Goff Rodríguez.
El monto de la operación fue de $20.5 millones, a razón de $1,589 el metro cuadrado.
Polémica por el precio del terreno
“Ese predio no valía eso”, afirma la maestra.
“Cuando se dio a conocer la operación, hace cinco años, todo mundo decía que el valor del metro cuadrado en la zona era de entre $4,000 y $5,000. Entonces, ¿por qué lo vendieron barato?”
Información oficial obtenida por Central 9 muestra que, en efecto, un mes después de que Metrosur comprara la casa de la 60 adquirió también cuatro predios de la quinta Ti Ha, cerca de allí, en la calle 62 entre Cupules y la Colón, a $2,284.
Esos predios los vendió 17 meses después, a más de doble, al gobierno de Rolando Zapata Bello para construir el Centro de Convenciones.
El 29 de marzo de 2019 Metrosur vendió la ex escuela de invidentes a la empresa Auralux, en $53.318,660, es decir a $4,133.8 el metro cuadrado, cuando la había comprado a $1,589, cinco años antes.
Metrosur fue “la primera en mostrar interés”
Al respecto, Gutiérrez López explica que, en efecto, la casa de la 60 era una buena propiedad y la vendieron “porque estaba apretada la cosa y no había mercado”.
“Al momento de hacer la venta ya habían pasado casi diez años desde que dejó de funcionar la escuela”.
Añade que se la vendieron a Metrosur porque fue la primera en mostrar interés en adquirir la propiedad.
Según la profesora Espadas Cervantes, los directivos de la institución de beneficencia no solo vendieron el local de la escuela a bajo precio —”aunque pudieron recibir una cantidad adicional bajo el agua”— sino que no estaban autorizados legalmente para hacerlo, ni tampoco para disponer del producto de la venta.
“Desde luego que sí estábamos autorizados”, responde Gutiérrez López.
“No en la antigua ley de Fundaciones (Ley de Instituciones de Asistencia Privada) porque ésta la cambió Ivonne Ortega Pacheco, por sus razones, ninguna relacionada con nosotros, por lo que en 2013 ya se podía enajenar la propiedad”.
¿Y dónde quedó el dinero?
“¿Y el dinero?”, pregunta la profesora Espadas.
“Esto es lo que ellos deben responder, porque por ley esos recursos no se pueden repartir entre particulares”.
“Esos $20.5 millones, hasta donde yo sé, no se invirtieron en la atención a los invidentes, pese a que doña Consuelo dejó esa casa para las personas carentes de vista de escasos recursos, eso dice textualmente su testamento y yo tengo copia del documento”.
Según Gutiérrez López, ese dinero está en una cuenta bancaria “y no se puede tocar”.
¿La institución de beneficencia tiene planes para darle un uso a esos recursos?, pregunta Central 9.
“No, no hay planes”, responde Gutiérrez. “Hemos pensado en reunirnos todos los miembros y darle el dinero a una fundación similar porque sí, efectivamente, no tiene sentido tener el dinero sin hacer nada”.