Condominios en Villas del Sol (Parte uno)
Manuel J. Castillo Rendón (*)
En varios artículos que me ha publicado el Diario, sobre el tema de unos condominios que se están construyendo en el fraccionamiento de Villas del Sol, he procurado argumentar, con un lenguaje lo más entendible posible para los ciudadanos, el porqué de nuestra postura e inconformidad y la falta de interés del alcalde Lic. Renán Barrera Concha, en sus dos administraciones municipales, de respetar las leyes, reglamentos y normas técnicas en materia urbana, pasando por encima de los intereses de la sociedad a la que supuestamente debe gobernar procurando el bien común, sin tolerar, o lo que es peor, beneficiando o ser servil, a otros intereses.
Los argumentos técnicos y jurídicos, así como el sentir de quienes aquí habitamos, tiene su origen por la ilegal autorización de dos licencias de construcción, en un predio (producto de la fusión de trece lotes) de uso unifamiliar habitacional de baja densidad, en Villas del Sol, una en 2014 para 56 departamentos y la segunda en 2019, como ampliación de la primera, para aumentar la edificación a 72 departamentos.
Basta recorrer las calles, para darse cuenta del desorden urbano que Renán Barrera Concha está ignorando, tolerando o auspiciando, como resultado del surgimiento de este tipo de inmuebles “de moda”, que se están replicando en otros puntos de la ciudad, alterando de manera negativa los usos del suelo, la densidad de ocupación y la conservación, mejoramiento y mantenimiento del espacio habitable, afectando la propiedad patrimonial familiar.
Como cito al inicio, ya no recurriré a las leyes, normas y cifras, elementos que podemos llamar “datos duros”, por su claridad y contundencia, aunque se nieguen a ignorarlos y no proponer soluciones. Ahora citaré otros temas que, si bien pueden ser apreciativos, no dejan de tener cierta verdad, que en ocasiones es más creíble y aceptada por la sociedad.
Según nuestra Carta Magna y la jurisprudencia mexicana, el Cabildo es el ente de gobierno, representado por el primer regidor, presidente municipal o alcalde, que debe velar por la ciudadanía y el territorio en la que tiene jurisdicción.
Comisiones
Para realizar su obligatoria encomienda, el alcalde se apoya en las comisiones integradas por los demás regidores que constituyen el Cabildo, en los funcionarios designados para dirigir las diferentes oficinas, así como los consejos o comités auxiliares instalados para ello. Por ello, me pregunto: ante el evidente poco interés del alcalde y la nulidad de los funcionarios enviados por él para enfrentar y atender el tema de los “City Condos” (pochismo ridículo) en Villas del Sol, ¿por qué las comisiones de regidores en Desarrollo Urbano, Movilidad, Ambiental, Vialidad, y las demás que están involucradas no han preguntado sobre este asunto?
Obvio, no les interesa servir a la comunidad, ni meterse en problemas.
Me pregunto: si bien toda persona física o moral tiene el derecho para que en un predio de su propiedad pueda realizar un proyecto, no es entendible que un profesional, o los empresarios inmobiliarios, no se apeguen, desde el diseño, a las normas vigentes en materia urbana, ¿dónde quedó la ética profesional y la ética empresarial que tanto se cacarea? Ni con la lámpara de Diógenes la encuentran, porque los intereses económicos son brutales.
Me pregunto: quienes elaboraron los estudios de Impacto Urbano, Vial y Ambiental y las recomendaciones de los prestadores de los servicios públicos, de los que tuvimos acceso parcial por medio de transparencia, y que supuestamente sirven para demostrar el cumplimiento de las leyes y las normas, ¿cómo fueron aceptados si no son lo suficientemente sólidos y validados para otorgar dichas licencias? Porque el Ayuntamiento que los pide, lo hace por inercia, para justificarse (diferir responsabilidades) además de hacer, injustificadamente, más complicados los trámites, porque ni siquiera los analiza y valora, ya que no los entiende.
Me pregunto: si el perito en construcción municipal (PCM) o el director responsable de obra (DRO), quien es coadyuvante de la autoridad y quien otorga su firma para obtener la Licencia de Construcción ¿tiene algo qué decir?, y la Comisión de Peritos que los avala, ¿qué opina? No hay opinión porque la firma del PCM o del DRO se ha desvirtuado, convirtiéndola en un excelente negocio y su existencia se defiende a capa y espada por quien la da y por quienes la tienen.
Me pregunto ¿dónde está el organismo auxiliar conocido como Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, integrado por colegios profesionales e instituciones y organismos de la sociedad civil? Mutismo; hay un silencio total en la esfera oficial y sus satélites.
Me pregunto: y la sociedad en general, ante este fenómeno “inmobiliario de burbuja” que estamos viviendo ¿por qué espera hasta que sea atropellada directamente y no se da cuenta de que se está destruyendo una cultura de vida en nuestra comunidad? Es alarmante como prevalece un egoísmo social y la falta de compromisos solidarios entre la comunidad.
Quiero dejar también muy claro que no estoy en contra de las inversiones inmobiliarias, públicas o privadas, porque la ciudad es un organismo vivo, aún en los disque intocables “centros históricos” de las ciudades, y que, como cualquier organismo vivo, debe de tener “una vida ordenada, sana” y si se enferma, se le administra la medicina.
Sin embargo, nuestro síndrome inmobiliario y sus intereses han encontrado en el Ayuntamiento un agente promotor de la enfermedad urbana, del caos, porque actúa con una descarada discrecionalidad, “ajustando a modo” leyes, normas, reglamentos, programas, y sobre todo, ignorando lo fundamental, los derechos humanos de quienes aquí habitamos. —Mérida, Yucatán
Arquitecto, exfuncionario federal, estatal y municipal