Abordan en foro un fallo judicial por el Tren Maya
El maestro Jorge Fernández Mendiburu, asesor del Equipo Indignación y profesor del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM (Cephcis), consideró que la construcción del Tren Maya solo lo detendrá la movilización ciudadana y la participación unida de las organizaciones sociales.
Durante su exposición en el Seminario Permanente “Violencia social y derechos humanos”, organizado por el Cephcis de la UNAM, Fernández Mendiburu señaló que la reciente resolución del Tribunal Colegiado contra la suspensión provisional que acordó un juzgado federal de Campeche es muestra clara de que la justicia nunca favorecerá a las clases vulnerables que luchan por sus derechos sociales, de vivienda, de medio ambiente y derechos humanos e indígenas porque el proyecto emblemático del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo es el Tren Maya, está planeado para el beneficio de los grandes empresarios que realizan la obra ferroviaria.
El maestro Fernández Mendiburu fue ponente junto con la doctora Naayeli Ramírez Espinoza, consultora de la Fundación para el Debido Proceso, en el seminario cuyo primer tema fue el “Estado de excepción y derechos humanos ante la pandemia de Covid-19 en la Península de Yucatán”, donde el primero hizo referencia al Tren Maya y la segunda sobre el autoritarismo que genera en el país, en el gobierno estatal y algunos municipios de Yucatán.
“Al considerar la construcción del Tren Maya como una actividad esencial en esta pandemia cuando hay riesgos de contagio, lo que hace el gobierno federal es afectar a las comunidades y sectores desfavorecidos e incurre en discriminación”, señaló el profesor del Cephcis.
Fallo
“La reciente resolución de los magistrados del colegiado es la evidencia de un sistema de justicia que es poco accesible para la clase pobre y para los indígenas. La decisión de mantenerlo en esta pandemia, pese al alto riesgo de contagio en las comunidades coincide con la actitud de algunos jueces federales que no reciben los amparos y que el tribunal colegiado dijo que no es un riesgo, que con el simple hecho de que los trabajadores se laven la mano no hay contagio. ¿Entonces si no hay riesgo de contagios del coronavirus por qué los magistrados no regresan a sus trabajos en sus oficinas?”
“Hay un aparato de justicia gigantesco y en estos contextos de la pandemia no tiene la capacidad y deseo de resolver la demanda de grupos más vulnerable”, reiteró. “Son los jueces y magistrados quienes deben de ser el contrapeso de las injusticias, pero están demostrando que no lo son, porque discriminan a la población más vulnerable”.
También dijo que la construcción del Tren Maya, que ya está en marcha, es un espaldarazo a los grupos empresariales con mucho poder económico porque esta infraestructura no es esencial por las condiciones de incertidumbre y el riesgo de contagios, pero el gobierno de López Obrador lo mantiene porque beneficia el gran poder económico con el argumento de los empleos.
Respecto al estado de excepción, la doctora Naayeli Ramírez señaló que definitivamente México, Yucatán y los municipios no están en esta condición y quienes imponen restricciones de libre tránsito, restricciones que violan los derechos humanos y medidas extremas que vulneran las garantías incurren en un autoritarismo o actitud caciquil.
Reclamaciones
“Yucatán tienen bastantes reclamaciones que han sido atendidos por la Codhey y autoridades judiciales que logran balancear este poder político”, señaló la doctora. “Tizimín tiene un nivel de restricción muy importante, unos amigos quisieron mandar alimentos a la gente necesitada y no pudieron pasar por las estrictas restricciones. Este tipo de restricción vulnera nuestras garantías individuales y provoca una cadena de afectaciones colectivas y comunitarias. Sin duda, esta emergencia sanitaria promovió el detrimento de los derechos humanos y una limitación de información y aplicación de la justicia porque los términos judiciales no están corriendo y eso coarta el disfrute de los derechos ciudadanos”.
Fernández Mendiburu también coincidió que localmente se ve cómo el gobierno estatal impuso retenes policiacos, amenaza con aplicar el código penal a las personas que porten el coronavirus, obliga que una persona viaje en su auto, esos, dijo, son actos autoritarios respaldados por una sociedad por temor.— Joaquín Chan Caamal
La doctora Ramírez Espinoza subrayó que en Yucatán también se ve el racismo, la actuación de pequeños caciques que imponen toques de queda o aplican restricciones muy extremas y discriminación como se vio en el caso de Xoy donde el alcalde de la cabecera municipal estigmatizó la muerte de un vecino supuestamente por Covid-19.
La pandemia y la crisis económica y laboral ha ocasionado que la clase trabajadora pierda prerrogativas que fueron una conquista en el marco de la revolución mexicana y que un gran porcentaje de trabajadores y trabajadoras de la informalidad están desprotegidos.
La próxima sesión virtual del seminario del Cephcis será el 30 de junio con el tema “El covid y otras pandemias del Siglo XXI en América Latina.
Motor
“El temor es un motor que puede generar una serie de medidas autoritarias y la sociedad las acepta, aun cuando es una clara restricción de las garantías y una limitación de los derechos humanos”, señaló. “Precisamente en estos momentos de práctica de autoritarismo es cuando se da cuenta que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil están segmentadas, divididas cada una lucha por sus intereses propios de defensa de sus grupos, no hay un frente común fuerte, consistente y colectiva y por ello las autoridades aplican medidas autoritarias a nivel federal, estatal y municipal”, señaló Jorge Fernández Mendiburu, profesor del Cephcis, en el Seminario “Violencia social y derechos humanos.