La rectoría, con revés: se rechazó un plan de cobro
De manera sorpresiva, la rectoría de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) sufrió un revés en su pretendido plan de aplicar un cobro a los trabajadores académicos para la prestación del servicio médico.
La consulta en que se puso a consideración la propuesta arrojó 125 votos a favor y 179 en contra. Hubo dos nulos y siete abstenciones.
De acuerdo con testimonios de personas cercanas al proceso, el resultado fue sorpresivo hasta para la convocante, la Asociación de Personal Académico de la Uady (Apauady), que incluso hizo una transmisión en vivo del conteo de votos con la confianza en que el resultado sería a favor de la pretensión de la rectoría.
La consulta se realizó el sábado pasado, entre señalamientos de ilegalidad que formuló el Sindicato de Personal Académico de la Uady (Sipauady).
La Apauady convocó solo a sus afiliados, que no son la mayoría de los trabajadores académicos. Previamente, en una asamblea del 28 de septiembre, sus delegados aprobaron la realización de la consulta con 14 votos a favor y cuatro en contra.
El proceso se efectuó por dos vías: virtual y presencial. Un día antes, el viernes 16, el secretario general de la asociación, Juan Antonio Pech Chan, giró un “exhorto” a sus agremiados para que participaran en “un anhelo largamente esperado, el ejercicio de decidir por todos y cada uno de nosotros…”
De 571 afiliados con derecho a voto solo participaron 313 personas, que representan el 54.82%.
Luis Aldana Burgos, secretario general de Sipauady, agrupación que promovió un amparo contra la ilegalidad del proceso, informó que entre las anomalías figura precisamente que la convocatoria haya sido dirigida solo a los afiliados de Apauady.
El total de académicos activos —desde los que son de base hasta los de contrato, interinos, suplentes, de tiempo completo, de medio tiempo, de asignatura, etcétera— es de 1,918 personas y a la Apauady solo pertenecen 571, explicó el dirigente.
Además, prosiguió, el contrato colectivo de trabajo abarca también a los jubilados y el director de Finanzas de la Uady, Manuel Escoffié Aguilar, hizo notar en un oficio que también a ellos se les haría el cobro.
Si se toma en cuenta que son 803 jubilados, entonces el total de académicos asciende a 2,721, abundó. Son los que debían participar en la consulta porque les afecta la pretendida modificación a la cláusula 87 del contrato colectivo de trabajo.
Con base en esas cifras indicó que la consulta apenas representó el 15.8%.
“Esperamos que por fin la rectoría atienda el mensaje y deje de prestar oídos sordos a todas las propuestas que se le han planteado para una mejoría económica de la universidad, que se ponga las pilas y se ponga a estudiar esas opciones”, apuntó.
También señaló que seguirán adelante con el amparo promovido, porque desistir de él luego del resultado de la consulta equivaldría a avalar este proceso. Si la resolución favorece a Sipauady, el otro sindicato ya no podrá hacer una consulta con las mismas o similares irregularidades, tendría que apegarse a lo que dice la ley y tomar en cuenta a todos los trabajadores académicos, no solo a sus agremiados.
Luis Aldana indicó que a pesar de las trabas que le impuso la Junta Local de Conciliación y Arbitraje logró presentar el martes pasado un oficio de queja que le sirvió de base para solicitar el amparo. Hay otro que promovió Docentes e Investigadores de Yucatán, A.C., por la pretensión del cobro.— ÁNGEL NOH ESTRADA