La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) bloqueó el paso de vehículos de un grupo de manifestantes que se dirigía a la Plaza Grande para pedir al gobierno un diálogo por la cancelación de los eventos sociales.
Los manifestantes eran empleados y empresarios banqueteros o que tienen relación con este tipo de eventos, como floristas, músicos, fotógrafos, etcétera.
Según explicaron, pretendían platicar con las autoridades sobre la prohibición de las fiestas y eventos sociales, que los afecta económicamente.
Ante el conocimiento de la manifestación, la Policía Estatal decidió cerrar el paso a los vehículos y bloquear las calles 60 con 65; 61 con 58, 63 con 64 y 62 con 59 que dan acceso a la plaza principal y al Palacio de Gobierno, precisamente para evitar que la caravana llegara la sede del Poder Ejecutivo.
“Todos tenemos familias, tenemos empleados que se están viendo afectados. Nosotros como empresarios tenemos para comer mañana, pero nuestros empleados no tendrán qué comer”, señaló Alejandro Camino.
Además, explicó que el gobierno les autorizó créditos, pero al final los bancos no accedieron a otorgar esos préstamos.
Por el bloqueo, los manifestantes dejaron sus vehículos estacionados sobre la calle 61 y 58 y caminaron hasta la puerta del Palacio de Gobierno, lo que generó un caos vial en una gran parte del oriente del primer cuadro de la ciudad.
Ante la medida tomada se le cuestionó a los comandantes Rafael Chaires Cuevas, director operativo de la SSP, y a Carlos Marsh Ibarra, director de operativos viales; el primero respondió que fue la Policía Municipal de Mérida la que tomó la medida y el segundo que “comunicación social de la SSP podía responder”.
Se supo que la orden de evitar que los manifestantes llegaran a la sede del Ejecutivo salió, precisamente, del Palacio de Gobierno.
En el centro de Mérida se desplegó un fuerte operativo por parte de la SSP que incluyó la movilización de grúas y elementos antimotines o granaderos.
A final de cuentas, el gobierno del Estado aceptó dialogar con los quejosos, pero puso como condición que retiraran los vehículos de las calles donde los estacionaron. Los banqueteros aceptaron y comenzaron a retirar sus automóviles.
Diálogo
De la reunión que el gobierno tuvo con representantes de empresas banqueteras y planificadores de bodas y eventos, se pudo averiguar que estos fueron recibidos por la subsecretaria de gobierno y desarrollo político, Carmen González Martín; el subsecretario de prevención y reinserción social, Fernando Rosel Flores, y el secretario técnico de planeación y evaluación, Rafael Hernández Kotasek.
Después de escuchar los señalamientos de los banqueteros, se explicó que el 2 de noviembre pasado el gobierno autorizó la reapertura, operación y los servicios de estos giros bajo lineamientos muy específicos en cuanto a medidas sanitarias, horarios, aforos, etcétera, mismos que se hicieron de conocimiento de éstas y que acordaron acatar.
Sin embargo, hace unos días 18 empresas de este ramo, así como bares, gimnasios y restaurantes fueron clausurados por no apegarse a la norma, situación que llevó al gobierno a decretar la suspensión de todo evento social como bodas, XV años, bautizos, posadas empresariales e institucionales y convivios que implicaran grandes concentraciones de personas en un espacio.
Los banqueteros reconocieron que, efectivamente, hubo empresas que incumplieron estos lineamientos, pero la decisión de suspender eventos está lesionando su actividad y las familias que dependen de ella para tener ingresos.
Los representantes del sector se comprometieron a presentar en fecha próxima una propuesta ante el Ejecutivo estatal para un mayor control de este tipo de actividades y permitir que se vuelvan a llevar al cabo; hasta entonces la suspensión sigue vigente.— Gabriel Chan/ Emanuel Rincón