Funcionarios del Iepac hablan de reciente denuncia
Apenas ayer sábado María de Lourdes Rosas Moya, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), informó oficialmente a sus compañeros de las últimas demandas contra funcionarios de esta institución, presentadas hace casi una semana, uno de ellos dijo haberse enterado antes por el Diario, otra porque se lo comentaron, y los demás ni siquiera respondieron.
De los señalamientos hechos contra la presidenta del consejo y sus relaciones con Wílbert Cetina Arjona, ex Fiscal General del Estado, quien dejó el cargo en medio de un escándalo de corrupción, la consejera Rosas Moya prefirió guardar silencio, no hizo declaración alguna sobre ese punto, a pesar de que se le pidió su opinión.
Ante las denuncias presentadas el pasado lunes 28 de diciembre contra dos funcionarios del Iepac (Hidalgo Victoria Maldonado y Bernardo Cano González, secretario ejecutivo y director jurídico de esa institución), ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la corrupción, y los señalamientos de que la responsable de las acusaciones contra esos funcionarios es su presidenta y el exfiscal, se buscó a los consejeros empezando por María de Lourdes Rosas para que den su opinión.
A través de la dirección de Comunicación Social del Iepac solicitamos a los consejeros, consejeras y su presidenta, sobre todo a esta última, nos dieran su opinión sobre estas denuncias y señalamientos en su contra, también pedimos las opiniones de los demás integrantes del Consejo, sobre todo les preguntamos si estaban enterados de esa situación?, ¿Cómo les afectará el litigio tomando en cuenta los recortes presupuestales? Y ¿por qué no está en su página de transparencia el contrato del abogado que ve el asunto del PREP?.
De los siete consejeros electorales, solo María del Mar Trejo Pérez y Jorge Vallejo Buenfil respondieron de manera individual, los demás no respondieron y la respuesta, de manera muy general, sin negar ni confirmar sus relaciones con el exfiscal, así como tampoco los hechos de los que se les responsabiliza, de la presidente fue la siguiente: “La oficialía de partes recibió el escrito de una demanda que interpone un ciudadano integrante del Colectivo contra la Corrupción y la Impunidad, en contra de dos funcionarios del instituto, información que se ha compartido el día de hoy (por ayer sábado) a las y los consejeros”.
Añadió en su respuesta la presidenta que el proceso legal se deberá correr a través de los procedimientos y por las instituciones competentes.
En relación a la demanda del PREP, María de Lourdes Rosas dijo que se realizó la contratación de servicios legales externos para que se hicieran cargo de la misma, teniendo como enlace con el instituto a la Dirección Jurídica, lo anterior para cuidar que los trabajos institucionales prioritarios siguieran atendiéndose debidamente.
Del tema presupuestal para el litigio de la demanda contra la empresa, se cuenta con la previsión del recurso desde 2018, de acuerdo a la debida atención del tema, “en ese sentido, no impacta el presupuesto del 2021”.
Eso fue todo lo que respondió la presidenta. Tampoco informó por qué no está en la página electrónica del instituto el contrato del abogado al que le encargó el caso del PREP, aunque su compañera María del Mar y su compañero Jorge Vallejo expresaron su extrañeza al respecto, por considerar que por ley y cuidando la transparencia, lo deberían de hacer público.
María del Mar Trejo respondió que en su caso estaba enterada solo de manera verbal de que existe un proceso (por el caso del PREP) en curso, pero los detalles y avances no los conoce, ya que un despacho especialista lleva el caso en coordinación con la Dirección Jurídica del Instituto.
En cuanto a las posibles afectaciones del litigio en su presupuesto, coincidió con la presidenta en que anualmente se toman previsiones para este tipo de asesorías legales, como apoyo y opción válida para coadyuvar en la solución de cualquier contingencia que pudiera presentarse.
Pero sobre el recorte presupuestal y las partidas que afecta, la consejera precisó que quien toma esas decisiones administrativas es la junta general ejecutiva con la supervisión de la comisión de administración del instituto, y en su caso no integra ninguno de esos dos órganos en donde tienen la información precisa.
Sobre el porqué no está en la página del instituto, el contrato con el cual se contrató a particulares para llevar el caso del PREP, la funcionaria electoral consideró que es una de las informaciones que deben ser públicas, como parte de la transparencia con la que se trabaja, por tanto le extrañaba que no estuviera visible, pero añadió que s se solicita por transparencia, seguramente se puede acceder a esa información.
Vallejo Buenfil declaró que respecto a la demanda, interpuesta en contra de dos funcionarios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, “como en los viejos tiempos y seguramente como muchas personas, me enteré de ella a través del Diario”.
El consejero dijo desconocer si el litigio afectará las finanzas del Instituto, y sobre porque no está en la página del instituto el contrato del abogado encargado del litigio por el PREP, expresó: “Atendiendo al principio de máxima publicidad y a las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, todos los contratos celebrados por el Instituto, deben ser publicados en la página de transparencia”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA
Los otros consejeros que no respondieron, pero si se les hizo llegar las preguntas como a todos, según se informó en la oficina de comunicación social del Iepac fueron: Delta Alejandra Pacheco Puente, Alicia del Pilar Lugo Medina, Alberto Rivas Mendoza y Roberto Ruz Sahrur.