Coincidencias en la extinción de 3 firmas fantasmas
La empresa Royal Nova, S.A. de C.V., que figuró en el padrón de proveedores del programa Peso a Peso, ofrece más indicios de la red de desvíos que operó durante el gobierno anterior.
La constitución de este negocio fue protocolizada en Guadalajara por el mismo notario que dio fe de la disolución y liquidación de Interpelar Proyectos, S.A. de C.V., otra “proveedora” de Peso a Peso.
Ese notario es Salvador Oropeza Casillas.
Como publicamos ayer, Royal Nova e Interpelar Proyectos son dos de cinco empresas que en los días finales de 2016 y los primeros de 2017 recibieron dudosas transferencias bancarias que en conjunto sumaron 95 millones de pesos.
Las dos ya fueron liquidadas, lo mismo que T y W Consultores, que durante el gobierno de Rolando Zapata Bello facturó por servicios de mantenimiento y conservación a la Fiscalía General del Estado (FGE).
En esas tres disoluciones hay una coincidencia: las operaciones se concretaron en Jalisco y en dos de ellas se nombró a la misma persona como “liquidadora”.
Nada con el campo
El giro principal de Royal Nova fue “la prestación de servicios profesionales de asesoría, consultoría, capacitación y ejecución de diversos trabajos”, así como “la prestación de toda clase de servicios de investigación, estudio, organización, desarrollo, asesoría y consultoría en sistemas de administración de recursos laborales”. Ninguna de esas actividades está vinculada al campo.
Sus accionistas fueron Rosalía Rendo Becerril y José Saúl Herrera Escoto. Su única relación con Yucatán, al menos en el papel, fueron su apoderado general, Fredy Francisco Pereira Cauich, y la participación en contratos del gobierno.
Actas consultadas por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, revelan que la inscripción de esta compañía en el Registro Público de Comercio se concretó el 6 de octubre de 2016. Pasó a formar parte de la lista de proveedoras de Peso a Peso en forma inmediata y en diciembre recibió millonarios pagos, con menos de 3 meses de operación mercantil.
El 20 de agosto de 2018, mes y medio después de la elección que derivó en la derrota del PRI en la contienda por la gubernatura de Yucatán, esta compañía protocolizó su disolución y liquidación en Jalisco, ante el corredor público Eduardo de Alba Góngora.
María Guadalupe Bogarín Sánchez fue designada liquidadora de la sociedad. Su nombre asoma también con el mismo cargo en la disolución de Interpelar Proyectos.
Otra vez Guadalajara
T y W Consultores, la tercera empresa de la red que ya fue disuelta, es uno de los negocios que el 31 de diciembre de 2015 recibieron siete millones de pesos por supuestos servicios de mantenimiento y conservación a la Fiscalía General del Estado.
Su constitución fue protocolizada también en Guadalajara, con el notario Javier Lozano Casillas, aunque su domicilio fiscal estaba en Puebla. Su objeto social principal fue “la prestación de servicios profesionales de asesoría, consultoría, capacitación y ejecución de diversos trabajos”.
Sus accionistas fueron Mónica Guillermina Gutiérrez Silva y María de la Paz Oyuqui Martínez Valenzuela, ambas con domicilio en Jalisco. El acta mercantil tiene el 11 de abril de 2014 como fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio de Guadalajara.
El 9 de marzo de 2017 el notario Salvador Oropeza, con intervención en los otros dos casos señalados, dio fe de la disolución y la liquidación de la sociedad. Estos movimientos fueron inscritos el 29 de marzo.
¿Qué es Peso a Peso?
El programa Peso a Peso fue creado en Yucatán en 2013. Mediante una inversión de 50-50 entre gobierno y productores, apoya en la adquisición de maquinaria, semillas, agroquímicos, infraestructura y equipamiento para actividades agropecuarias y pesqueras.
Por cada peso que aporta el beneficiario, el gobierno del Estado entrega una cantidad igual.
En 2017, según anunció el propio gobierno, estaba previsto un monto total de apoyos de $112 millones —recursos compartidos—, entre los ciclos primavera-verano y otoño-invierno. En 2016 la inversión anunciada fue de unos $100 millones en números redondos.
El dinero de ambas partes debe ir a una cuenta concentradora. Ya cumplidas las aportaciones de mitad-mitad y reunidos todos los requisitos, se realizan las transferencias bancarias a los proveedores.— ÁNGEL NOH ESTRADA angel.noh@megamedia.com.mx
El programa Peso a Peso Más detalles
El programa Peso a Peso nació en 2013. Los beneficiarios y el gobierno dan partes iguales.
Padrones entre quejas
De acuerdo con investigaciones de Central 9, en 2016 y 2017 —años en que comenzaron a surgir quejas por retrasos en la entrega de apoyos— el gobierno de Rolando Zapata armó padrones de miles de beneficiarios con montos individuales de 5,000 pesos como máximo. En muchos casos la entrega se hizo a agrupaciones, que luego canalizaban los recursos a sus socios.
Desde Abalá hasta Yobaín
Central 9 obtuvo copias de las listas de beneficiarios de todos los municipios, desde Abalá hasta Yobaín, así como facturas y comprobantes de transferencias bancarias a las empresas que en teoría fueron proveedoras.