Orden judicial a favor de los socios del ejido de Ucú
La licenciada Lilia Isabel Ochoa Muñoz, magistrada del Tribunal Agrario Unitario 34, tomó otra vez, en pocas semanas, una decisión en contra de la mafia agraria, al pronunciarse a favor de un grupo de ejidatarios de Ucú.
Según Felipe Quintal Dzul, candidato de la planilla Verde a comisario ejidal de ese lugar —donde se celebrará elecciones hoy domingo— hace unos días la magistrada Ochoa Muñoz citó a audiencia a los representantes legales de ese grupo de ejidatarios y a Ángel Azael Ruiz López, conocido comprador de tierras ejidales por encargo de empresarios de Mérida y otras partes de la república.
Los ejidatarios acusan a Ruiz López de comprar ilegalmente 490 hectáreas del ejido, para lo cual adelantó el pago de 323,000 pesos a cada uno de los 290 ejidatarios que aceptaron la venta.
Un grupo de 65 ejidatarios, dirigidos, entre otros, por Quintal Dzul, opuestos a esa operación, por haberse realizado en medio de irregularidades, denunció los hechos ante el Tribunal Agrario.
Esta instancia citó a los inconformes y a Ruiz López a una audiencia en días pasados, pero éste no se presentó. La magistrada decidió no imponerle una multa, dice Quintal Dzul. “La multa la pagan y las cosas siguen igual”, habría dicho la magistrada.
Tampoco consideró la inasistencia como un desacato, porque, de acuerdo con Quintal Dzul, el criterio de la magistrada fue que hacerlo favorecería al empresario y perjudicaría a los ejidatarios.
Lo que la Licda. Ochoa Muñoz acordó, señala, fue asegurar las medidas cautelares impuestas previamente y giró oficios al Registro Público de la Propiedad de Yucatán y al Registro Agrario Nacional, prohibiendo la emisión de cualquier título de propiedad sobre esas 490 hectáreas.
Es decir, ni Ruiz López, ni los empresarios detrás de él podrán apropiarse ahora de las tierras del ejido, afirma Quintal Dzul.
La magistrada tomó esta medida porque la resolución de este conflicto ya se ha llevado mucho tiempo, añade. El 17 de marzo el Diario publicó que esta misma magistrada, en “insólito acuerdo”, decidió desestimar los alegatos y dar vista a las autoridades por la posible comisión de delitos penales, de una mafia agraria integrada por empresarios, ejidatarios de Chuburná, ex empleados de la Procuraduría Agraria y funcionarios del Tribunal Agrario.
Esta mafia, encabezada por Rebeca Buenfil Méndez, en nombre del ejido de Chuburná exigió fuertes sumas de dinero a los propietarios de más de 200 casas de los fraccionamientos Del Parque y Vista Alegre, alegando que sus predios ocupaban terrenos de ese ejido.
El acuerdo del Tribunal abrió una ventana a la solución del problema, que ya lleva cuatro años.
La Licda. Ochoa Muñoz asumió el puesto de magistrada agraria en junio de 2019, en lugar de Antonio Luis Betancourt Sánchez, acusado de actos de corrupción en Yucatán y en otras partes del país.
En entrevista, Quintal Dzul informa que hoy, a las diez horas, se celebrará, en segunda convocatoria, la asamblea para elegir nuevo presidente del comisariado ejidal del Ucú.
Quintal Dzul, de la Planilla Verde, recuerda que la primera convocatoria se emitió el jueves, pero la asamblea se suspendió por falta de quórum. Su contrincante, es Miguel Magaña Tun, impuesto por el actual comisario, Erick Martín Dzul Matú, quien a su vez recibe órdenes de Géner Pech León, comisario de 2015 a 2018, periodo en el cual se vendieron esas tierras a Ruiz López.
Ante la posibilidad de perder la votación, este grupo ha intensificado las presiones a los socios del ejido, para no votar por la Planilla Verde, “incrementando, incluso, la entrega de dinero en efectivo”, denuncia Quintal Dzul.— HERNÁN CASARES CÁMARA