MÉRIDA.- La LXII Legislatura aprobó por mayoría expedir la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, propuesto por el Ejecutivo estatal. Se modifican diversas leyes estatales, propuestas por la diputada del PRI, Karla Franco Blanco, y la legisladora con licencia, Janice Escobedo Salazar.
La presidenta de la comisión de Derechos Humanos, María Moisés Escalante (PRI), mencionó que se expide una nueva ley y se impactan 11 más. Entre ellas están la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, la Ley para la Protección de la Familia, el Código de Familia, entre otras.
“Uno de los principales puntos, es la creación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del estado, brindando facultades más amplias a las autoridades cuya competencia sea el cuidado o protección de niñas, niños y adolescentes. Les permite actuar de forma inmediata y oportuna, cuando detecten o se haga de su conocimiento que alguna niña, niño o adolescente es vulnerado en sus derechos”, relató.
Indicó, que otro de los puntos importantes es la transformación de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), que quedaría como Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de que se especialice en la protección y defensa de los derechos del referido sector; así, las atribuciones que ejercía la Prodemefa, las asume directamente el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Yucatán.
Dependencias obligadas a tener mecanismos que protejan a los niños, niñas y adolescentes
La diputada del PAN, Kathia Bolio Pinelo, indicó que que se establece la obligación de las dependencias para instaurar mecanismos que faciliten la identificación, denuncia y atención de posibles casos de violación de derechos de niñas, niños y adolescentes; así como la atribución de recibir quejas y denuncias y canalizarlas de forma inmediata a la Procuraduría de Protección y, con propuestas que ella presentó, también se deberá turnar a la Fiscalía General del Estado.
Por su parte, el Gobierno del Estado emitió un comunicado en el que informa que el DIF Yucatán se declara listo para implementar los cambios que conlleva esta nueva legislación.
Entre las nuevas disposiciones legales destaca que la nueva Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes será un organismo con autonomía técnica y de gestión.
La nueva Procuraduría también se encargará de supervisar y certificar a los Centros de Asistencia Social públicos, privados y asociaciones que brinden acogimiento a las niñas, niños y adolescentes bajo tutela pública y llevará un registro de cada uno de ellos.
Esta ley también contribuye a agilizar la restitución del derecho a una vida en familia de infantes y adolescentes en el estado mediante procesos que resuelvan con mayor prontitud la situación jurídica de niñas, niños y adolescentes bajo tutela pública, cuyos familiares no reclamen su custodia o se desconozca su paradero.
Asimismo, con la nueva ley se abre la puerta en el estado al modelo de Familia de Acogida para brindar cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños y adolescentes por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, extensa o adoptiva.
Niños y niñas en el consejo
Esta ley concibe a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. Contempla la transición del Consejo de Protección Integral al Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Yucatán (Sipinnay), el cual será auxiliar de la Procuraduría de Protección, en la transversalización de la política pública de infancia y adolescencia, al coordinar los esfuerzos y acciones de las instituciones públicas y del sector social que lo integren.
Se invitará permanentemente, a las sesiones del referido organismo, a cuatro representantes de la Red Estatal de Difusores Infantiles: una niña, un niño, una adolescente y un adolescente, quienes emitirán opiniones a tomar en cuenta, haciendo patente su derecho a la participación.
El Sipinnay también se fortalecerá con integrantes de los Institutos Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) y Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), así como de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav).